NO LO HICIMOS, HÁGANLO

March 5, 2018

VOXPRESS.CL.- María Estela Ortiz es una antigua amiga y confidente de la Presidenta: forma parte del grupo de veraneo en su casa en el balneario de Caburgua.

 

El mérito político de María Estela Ortiz es ser viuda de Miguel Parada ---hijo del extinto actor Roberto Parada (ambos PC)--, degollado en 1985, tras ser raptado desde las puertas del Liceo Latinoamericano, en avenida Los Leones.

 

Fiel a premiar a sus amistades con cargos de buen rédito, la Presidenta, en su primer Gobierno, la designó a cargo de la JUNJI, y, en éste, la puso a la cabeza del Consejo Nacional para la Infancia, con un sueldo de $ 8 millones al mes.

 

Este Consejo acaba de elaborar y difundir un informe en el cual revela el empeoramiento de los derechos de los niños chilenos, critica  --de paso-- al SENAME y plantea que "para solucionar la crítica situación" hay que iniciar urgentes acciones.

 

El Consejo Nacional para la Infancia tuvo cuatro años para poner en marcha las "soluciones" que ahora propone, pero no lo hizo. Incluso, ahora, recién en su despedida, reclama "falta de información" del SENAME.

 

Ésta es la impudicia que no puede silenciarse, y menos aún, tratándose de un sector severamente afectado en este Gobierno, como lo fueron los niños al cuidado del Estado y que parecieron no importarle y cuyos responsables hasta fueron recompensados con designaciones vitalicias y muy bien remuneradas, como el caso de Javiera Blanco.

 

Resulta fastidioso escuchar a tanto rastrero oficialista referirse al legado de la Presidenta y omitir su ineptitud de gestión en ámbitos tan sensibles como la niñez desvalida.

Otra amiga de la Presidenta y que, siendo fiscal jefe en Santiago, partió por exculparla de su responsabilidad en anunciar la no ocurrencia de un maremoto el 27/f, es Solange Huerta. Abogada y socialista como ella, la designó en el SENAME para aclarar las muertes en serie de niños a cargo del Estado.

 

Huerta, como Ortiz, también se lava las manos, asegurando que "el problema es de toda la sociedad chilena en su conjunto y no sólo de esta institución". Textual: "esto es un tema de Estado, en donde todas las instituciones tenemos corresponsabilidades. Creer que sólo el SENAME puede cambiar esta realidad es un error; esto es estructural, y supera  a cualquier servicio".

 

Su visión tan distorsionada impediría a cualquier servicio sectorial ejecutar acciones sin la contribución activa del resto de la institucionalidad. Es muy cierto que el problema de la niñez desvalida va mucho más allá de una internación protectora, pero para los grandes problemas hay grandes soluciones y para los problemas puntuales hay también soluciones puntuales. Es inaceptable que la directora nacional del SENAME esté esperando que cambie la conducta de los padres hacia sus hijos para que su misión sea exitosa.
 

El informe (de despedida)  del Consejo Nacional para  la Infancia reconoce que aumentó el tiempo de permanencia de los niños en centros del SENAME y, también,  el ingreso de menores por maltrato intrafamiliar: denuncia  "violencia grave". 
 

Identifica 25 derechos, basándose en recomendaciones de la Convención de Derechos de la Niñez, que firmó Chile en 1990, y, de ellos, hay varios que "no pudieron medirse por falta de información estadística actualizada". Como durante este Gobierno reconoce no haber atacado el problema, entrega una fórmula para que haya un seguimiento anual a futuro: "es urgente que Chile se proponga,  como desafío país, una disminución de sus niveles de violencia", la misma que en todos sus niveles fue incapaz de aminorar y que, peor, su inacción la estimuló.

Sobrepasando el límite de la frivolidad, un ente del Estado, como es el Consejo para la Infancia,  "sugiere al Estado de Chile" adoptar las medidas necesarias para poner fin a esta vulneración, así como, también, a los casos de abuso sexual, "reforzando programas de prevención y detección temprana en las instituciones escolares". Es insólito: ¿por qué no se hizo durante este Gobierno?

Relata el informe que desde 2013 (año de elección de Bachelet "se produce un incremento sostenido en el ingreso a programas ambulatorios por causal de maltrato". ¿Qué hizo para frenarlo?

"Es preocupante" ---subraya el informe- que en el  2015, 49 menores de 18 años hayan sido asesinados y 29 el  2016. Inaceptable: sólo fue preocupante.

Las estadísticas sobre menores atendidos en el SENAME por maltrato familiar muestran que en 2014 ingresaron 33.731 niños y en 2015, 39.629. ¿Qué hicieron el servicio y el Consejo: nada.

Otro "hecho preocupante" para el Consejo es el aumento del tiempo de permanencia de niños en residencias colectivas. En 2016, el 59,3% de  niños de 3 años permanecen más de 6 meses en el sistema, mientras que en el 2017 subió a 65,4%. Y respecto de los niños de 8 años que permanecieron más de 12 meses en el sistema, se incrementó desde 45,7% en 2016 a 46,6% en 2017.

En cuanto a adopciones, el informe da cuenta que el 1,6% de las adopciones han terminado en niños devueltos.

Hay que agradecer que un informe tan revelador se haga público por parte del mismo Consejo encargado de proteger a la infancia desvalida, éste quizás en la certeza de que era motivo de orgullo. Ello refleja con asombrosa crudeza la incapacidad del Gobierno y, lo más grave, la desfachatez de sus incapaces servidores de  recomendar lo que "debe hacerse" a sus sucesores.

 

 

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