LA GRAN VERGÜENZA ANTES DEL ADIÓS


Un Gobierno tan deficitario como éste, parecía destinado a no despedirse sin un fracaso vergonzoso, como es su estrepitosa derrota jurídica y política en el caso de los comuneros incendiarios en La Araucanía.

En definitiva, y como trágico brindis del adiós, cosechó lo que sembró.

La lúgubremente famosa y súper conocida Operación Huracán debe ser el proceso judicial más aberrante que se ha conocido en los últimos tiempos, porque concentra en un solo hecho las derrotas de todos los ente que intervienen en el sistema procesal.

Todos quedaron en vergüenza: el Ministerio Público con la parcialidad de de sus fiscales, el querellante más importante ---en este caso el Gobierno--, las policías a cargo de las investigaciones, los arcaicos métodos de una (supuesta) operación de Inteligencia y el tribunal --por naturaleza, objetivo y neutral-- que dictaminó el fallo más inaudito conocido últimamente, movido exclusivamente por pasiones políticas.

En definitiva, hubo un solo vencedor y es el peor de los vencedores: líderes de la CAM, caudillos de la autonomía mapuche y, por ende, de la partición territorial del país, militantes comunistas, financiados desde el extranjero y con preparación militar por parte de las FARC.

Según el fallo del juez Fernando Gutiérrez, de un tribunal de Garantía de Temuco, este puñado de inmaculados subversivos no es el autor de quemas de camiones forestales, no se le ha probado ilícito alguno y se trata de pacíficos luchadores por una justa causa ancestral.

En un fallo inaudito, el juez Gutiérrez sentenció una especie de inocencia perpetua para ellos: no pueden ser considerados, ni siquiera citados, en la eventualidad de una reapertura de la causa.

Este escabroso desenlace judicial cierra el círculo político que ha encapsula do cualquier juicio a los comuneros subversivos. Un Gobierno y una Justicia hermanados por la misma ideología rehúyen enfrentar, como les obliga la Constitución, la insurrección del extremismo mapuche.

De una parte, el Gobierno no quiere aparecer traicionando sus propios sentimientos políticos, pese, incluso, a que está en juego la integridad territorial del país, y la Justicia, por la otra, acaba de afianzar su supremacía izquierdista en su control institucional con la designación de Haroldo Brito en la presidencia de la Suprema.

Los jueces, los conocidos de La Araucanía, no dictan fallos en contra de los comuneros comunistas por ser de su misma sensibilidad y, ahora más que nunca, en que deben hacer méritos ante un jefe al que hay que contentar para poder hacer una buena carrera judicial.

Los fiscales y los defensores públicos, todos debidamente adoctrinados en la Academia Judicial, están en la misma onda política que los magistrados.

La complicidad entre el Gobierno y la Justicia en estos casos es la causante de que la gestión del querellante sea de la peor calidad profesional. El Ministerio del Interior presenta el o los escritos y se olvida de ellos: no está detrás de ellos, no los refuerza ni los apura. Tarde, muy tarde, después se encuentra con sorpresas como la acontecida en este proceso: la Defensoría, en la alegación final, presentó antecedentes que el denunciante (Gobierno) no tenía idea.

Esta conducta jurídica --hace como que hace pero nada hace-- es una estrategia tranquilizante para la población, y la de La Araucanía en particular, que aguarda que la autoridad le garantice la paz social, tal como se lo ordena la Constitución.

El Ministerio Público le entregó el caso al fiscal regional de Aysén y pidió otro tribunal, porque jueces como José Ignacio Rau --el del juicio por el doble asesinato de los Luchsinger/McKay-- y éste, Fernando Gutiérrez, son vergonzosamente afines a la causa de los extremistas.

El Gobierno, sin fe ni personal en funciones, apeló por el increíble sobreseimiento, que deja sin culpables, ni siquiera sospechosos, una quema masiva de camiones forestales. Eso se llama impunidad, esta vez buscada y concretada por un tribunal de Temuco.

Toda esta trama político/judicial se ha intentado, ridículamente, encubrir con la efervescente polémica por las pruebas tecnológicas que fueron desechadas por falsas en la sentencia. En este mediático debate se supo, además, que las operaciones de Inteligencia para desbaratar delitos, al menos en Chile son para la risa.

Los mecanismos de Inteligencia están determinados, regulados y restringidos por la ley. Es más, durante el juicio, quien utiliza tecnología supuestamente secreta para interceptar una acción criminal, debe explicársela al imputado para que éste se defienda.

¡De fantasía! ¿Es eso un operativo de Inteligencia?

Al lado de las potencias mundiales que la utilizan cada segundo del día, nuestros expertos en el tema no están ni en prekinder y de ahí la precariedad de los instrumentos y métodos que utilizan.

Fruto de esta medieval tecnología es que Carabineros quedó en el más espantoso ridículo, al punto que fue descabezada su Unidad de Inteligencia de Temuco, yéndose a retiro forzado un general, un mayor y un capitán. ¡Qué vergüenza!

Ahora se entiende fácil porqué mientras bien equipados carabineros y militares expertos en montaña, apoyados por drones, helicópteros y aviones, lo buscaban en los bosques de Licantén por sustracción de una menor, 'el profesor' José Navarro esperaba en casa de su hermana Olga, sentado junto a su 'secuestrada' Emmelyn Canales, a que la PDI demorara una hora en ir a detenerlo.

Ése es el modernísimo estándar investigativo de nuestras policías.

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