EL APERNAMIENTO DE ÚLTIMA HORA
Pocas horas después del triunfo presidencial de Chile Vamos y en el marco del primer Comité Político tras la derrota, la propia Presidenta y, luego, el Subsecretario del Interior instruyeron a los ministros y jefes de servicio preparar una entrega informada y transparente de los cargos.
Pero como las (aparentes) buenas intenciones de este Gobierno nunca se han hecho realidad, durante este 'espacio cero' que marca la inactividad estival del Ejecutivo y el Legislativo, los pocos funcionarios en ejercicio se aprovecharon de concretar sus últimas maldades.
Antes de partir a su veraneo en Caburgua y de preparar su gira 'imperial' de despedida a Japón, la Presidenta designó a un embajador. Está claro que éste ni se ha preocupado de una eventual residencia en el exterior a la espera del 11 de marzo.
Pero quien se lleva todos los aplausos por explotar el aprovechamiento político hasta última hora es la ministra subrogante de Hacienda, quien ordenó a los jefes de servicios públicos dejar con contratos indefinidos de trabajo a 8 mil 'funcionarios' que son retribuidos con boletas de honorarios.
Forman parte de los 15 mil que reciben sueldos fiscales por cumplir labores de operadores políticos, esto es, innecesarios en el desenvolvimiento del respectivo servicio.
El Instituto Libertad de RN identificó a 1.300 que pueden ser desafectados en el acto por no ser servidores públicos, sino ideológicos.
En la Subsecretaría de Desarrollo Socia se sobrepasó el límite, al convocar a un concurso para un abogado de planta con características tan especificas que sólo las cumplía uno a quien se quería favorecer.
Toda esta recarga política de la población de empleados públicos se hace en medio del incremento de la deuda externa del sector: un 34% sólo en 2017.
Un ejemplo de la hecatombe en la administración pública es el anuncio de los acreedores de la salud de no entregar insumos hospitalarios acaso no les cancelan…¡los $400 mil millones que se les adeuda! Al asumir en 2015 el (ex) ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, la dejó en cero, pagando $200 mil millones.
La Presidenta asumió el 2014 con una deuda del sector público de US$ 30 mil millones y ella se encargó de subirla a los actuales casi US$ 48 mil millones, ello al margen de aumentar los salarios en 2 puntos más que los del sector privado.
El viernes 9 de febrero, a casi un mes de la entrega del poder, la ministra subrogante de Hacienda, Macarena Lobos, emitió un oficio a los ministros, subsecretarios, intendentes y jefes superiores de servicios para que "en el cumplimiento de la ley" traspasaran personal a honorarios a contrata, "llenando, así, las vacantes"…
Según el oficio, "el número máximo de personas que podrán modificar su calidad jurídica de honorarios a suma alzada a contrata será de 8.000".
En la actualidad, hay 300 funcionarios públicos que por el rango de sus cargos debieron ser fruto de concursos externos de la Alta Dirección, pero fueron nombrados 'a dedo' por los jefes respectivos.
El 7 de febrero, la directora nacional de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa), Mary Williams, presentó un recurso de reclamación ante la Contraloría General de la República por "vicios de legalidad en concursos públicos en la Subsecretaría de Desarrollo Regional de O`Higgins, por "graves errores en la formulación de las bases".
Éstas se redactaron 'a la pinta' para que el ganador del concurso fuese una persona determinada.
Esta poco sutil estrategia oficialista ata de las manos al nuevo Gobierno que, si quiere gente leal en los servicios, se enfrentará a una ola de judicialización con un costo económico adicional para el Fisco.
La mala intención de fondo del Gobierno es apernar a operadores políticos para que la oposición empiece desde dentro.