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LOS ESTERTORES DE LA CORRUPCIÓN

February 19, 2018

En su contenida visita que hizo a Chile, Jorge Bergoglio guardó un cómplice silencio sobre temas sensibles para la autoridad gobernante.

Antes de su arribo a Santiago, la Presidenta advirtió que "no hay materias vetadas", pero lo concreto es que no fue así.

En Perú, con un Gobierno de derecha, Bergoglio habló abiertamente de la corrupción y la condenó con energía. Acá, en cambio, pese a la larga lista de atropellos a la transparencia --incluso,  colindantes con la familia de la propia Presidenta--, prefirió hacerse el desentendido.

Sería latoso enumerar una lista de los atropellos a la transparencia durante este Gobierno. Desde marzo de 2015, cuando la Presidenta se informó por la prensa del escándalo inmobiliario de su nuera e hijo, la ciudadanía terminó siendo  insensible a las irregularidades oficialistas.

Pero no todo estaba conocido: la Presidenta y su Nueva Mayoría continúan, hasta el final,  agregando capítulos a su colección de ilegalidades.

 

Al Gobierno entrante le quedará mucha tarea, abriendo Cajas de Pandora, y lo tendrá que hacer sin inhibiciones ni rubores.

 

Una investigación de CIPER dejó al descubierto un 'negociado' que  involucra al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

 

Se trata de un millonario plan para “empoderar” a los jóvenes más pobres del país, pero que fue utilizado como una caja para la contratación de operadores políticos.

 

La Contraloría General de la República descubrió el mal uso y desvío de $2.666 millones que el INJUV le entregó el 2017 al PNUD para invertirlos en jóvenes marginales.

 

Este convenio entre ambas instituciones le permite al instituto participar en la selección del personal que contrata el programa de desarrollo de Naciones Unidas.

 

El gasto en personal del PNUD, y que el INJUV fiscaliza, superó a la ejecución de los programas. Esto es, se destinaron más recursos a  honorarios de operadores políticos que para ejecutar los programas destinados a jóvenes en riesgo social.

 

Una inspección aleatoria en 2017 demostró que un alto porcentaje de los "funcionarios" de PNUD operan en las Juventudes de los partidos de la Nueva Mayoría.

 

El PNUD, un organismo internacional,  no tiene restricciones para incorporar personal a honorarios, por lo que el INJUV interviene en la selección de los postulantes, quienes se relacionan directamente con los partidos políticos y no trabajan para el programa.

 

Otro escándalo, y tan censurable como el anterior, es el vivido en el Ministerio de Transporte, el cual fue sorprendido in fraganti en irregularidades en el proceso de licitación para buses del Transantiago.

 

La ministra Paula Tapia, una abogada de fácil palabra, hizo todo lo posible por "dejar amarrada" la licitación del 'nuevo' Transantiago que debe empezar a operar a mediados de este año.  Pero se lo frenó el Tribunal de la Libre Competencia, el cual acogió reclamos por llamar a concurso con bases hechas a la medida de algunas empresas y dejar fuera a otras.

 

En la investigación de esta irregularidad se llegó a otra que deriva en una frivolidad: las empresas que reciben los mayores   pagos del sistema son las que ofrecen los peores servicios y tienen más altos índices de evasión.

 

Como coronación de la torta, se conoció una denuncia del aún senador  Baldo Prokurica, en cuanto a que los recursos aprobados para la reconstrucción de Atacama, tras el aluvión de 2015 --500 millones de dólares--, fueron depositados por el Gobierno en una cuenta bancaria en el extranjero, por lo que se desconoce si fueron usados en beneficio de los afectados.

Al margen de estos casos revelados recientemente, el Consejo para la Transparencia dio a conocer un informe donde reveló que el 2017 fue  el año con mayor número  de recursos de ilegalidad contra servicios públicos. Ello, desde que se creó el organismo, en 2008.

Recurrir a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha ido en constante alza, sin considerar que en una década de operación también entraron en vigencia otras normas legales de control, como las del Lobby y de Probidad.

Los recursos se interponen ante una Corte de Apelaciones, tanto por parte de quien solicita información pública como por la institución requerida.

Durante 2017 se presentaron 134 de estos recursos, 18% más que los 114 de 2016.

En 2017 también se presentaron 161.103 solicitudes de información pública a través del portal institucional del Consejo   para exigir antecedentes a 761 organismos estatales, entre ellas ministerios, municipios y universidades públicas.

La Subsecretaría de Bienes Nacionales recibió  8.382 peticioness de información, seguida de la Dirección del Trabajo, con 4.315, y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), con 3.671.

El simultáneo incremento de casos y denuncias es una fotografía de que la administración pública continúa actuando de espaldas a la ciudadanía y ocultando información.

 

 

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