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ABUSIVA CONTRADICCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA


Dos anuncios recientes del Ministerio de Salud reflejan los verdaderos objetivos de esta Secretaría de Estado en su rol de servicio a la comunidad. Su titular Carmen Castillo comunicó que hay 82 mil fármacos a disposición para realizar abortos y que toda clínica privada que reciba cualquier tipo de aporte fiscal no podrá apelar a la objeción de conciencia para evitar hacerlos.

No es ésa, precisamente, la salud pública que la población esperaba de un "Gobierno ciudadano", como lo comprometió, al asumir, la Presidenta.

La deuda hospitalaria --$ 320 mil millones-- con sus abastecedores continúa imparable, son 25 mil las personas que han fallecido estando en lista de espera por una atención y llega a diez meses el tiempo que los pacientes aguardan por una consulta.

El ambicioso proyecto "histórico" de Michelle Bachelet de construcciones de hospitales terminó en un total fracaso: el Gobierno socialista reconoció haberse equivocado al desechar el muy capitalista sistema de concesiones. El hecho de asumir el MINSAL un rol inmobiliario para el cual no tiene competencias, llevó a la Presidenta a reconocer públicamente que no iba a cumplir su meta prometida.

En Regiones, prácticamente no se ha reducido la carencia de médicos especialistas y FONASA, para reducir costos --disfrazándolo de tecnología-- cerró buena parte de sus locales de venta de bonos.

Frente a este escenario tan adverso en cuanto a su condición de servicio público de extrema necesidad, en el transcurso de este Gobierno, Salud recibió más recursos que nunca, contrató más personal que nunca y subió sus sueldos más que nunca.

Al asumir, Bachelet prometió la entrega de 20 nuevos hospitales, dejar en construcción otros 20 y materializar los estudios técnicos también de 20. Todo se le derrumbó por el nulo conocimiento del MINSAL sobre la materia.

Para su 'legado' tendrá que conformarse con 12 hospitales construidos, algunos de los cuales completaron todas sus etapas previas durante el primer Gobierno de Piñera, como el de Puerto Natales. En otros, las obras están paralizadas por abandono o quiebra de las empresas encargadas, como en Calama.

En esta administración no se podrán entregar los hospitales de Alto Hospicio, San Antonio, Casablanca, Angol, Padre Las Casas y Quellón. Su no construcción derivaron, por lógica, en el incremento de las listas de espera.

Son casi 25 mil los casos en los que se constataron muertes vinculadas al tiempo que los pacientes tuvieron que aguardar por una atención médica. Incluso, en marcha se encuentran querellas por manipuleos de dichas listas para reducirlas artificialmente, siendo el caso más grave el del hospital de Rancagua.

Una comisión de expertos determinó que el 50% de los pacientes que buscan una primera consulta, esperan más de 10 meses para ser atendidos, mientras que los días de demora aumentan a 400 para las cirugías y a casi seis años para procedimientos.

Como contrapartida a este completo abandono al que se enfrenta la ciudadanía requirente de atención de salud pública, esta la cara interna del servicio.

Durante este Gobierno aumentaron los recursos para la salud pública, se incrementó el personal y mejoraron los sueldos en hospitales.

El aumento de la planta funcionaria no redundó en una atención a más gente. Se cumplió la profecía: por privilegiar a los pacientes AUGE se descuidó al resto.

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