LOS AJUSTICIAMIENTOS IMPUNES
En la antigua pero vigente lucha entre las democracias y los totalitarismos, los derechos humanos han jugado un rol prioritario pero igualmente arbitrario.
No son pocos los enemigos del socialismo que, por combatirlo, cargaron de por vida con el rótulo de "asesinos" y "anti-demócratas"; y son muchos los extremistas de izquierda que habiendo protagonizado crímenes y sangrientos atentados hoy se les honra como portaestandartes de la libertad.
Este inaudito contrasentido histórico es reflejo de las circunstancias en que se producen los hechos, y ellas coinciden con la hegemonía ---temporal o trágicamente definitiva-- del socialismo.
El terrorismo de izquierda ha sido devastador en Latinoamérica. Sin embargo, de todos los autores de ejecuciones de las FARC, ninguno está en prisión o pagando en libertad alguna condena.
El MIR chileno consolidó su patrimonio --para poder operar-- a través de 'expropiaciones de dinero', mediante asaltos, a entidades financieras. Su fundador Miguel Enríquez disparó contra un cajero porque se resistió a entregarle los billetes.
El ícono de la 'libertad de los pueblos', Ernesto Guevara, ejecutó personalmente a 129 cubanos, acusados de no apoyar al régimen marxista de los hermanos Castro.
Desde 1996 no han podido ser juzgados ni puestos en prisión en Chile los autores del crimen del senador Jaime Guzmán.
A excepción del cabecilla de Sendero Luminoso en Perú, Abimael Guzmán, que lleva más de dos décadas encarcelado, el resto de quienes hoy cumplen penas y que seguirán siendo sentenciados a estar en prisión, son todos adversarios del totalitarismo socialista.
El ejemplo más actual de esta arbitrariedad político/judicial y de la aberrante aplicación de los derechos humanos la dio la ejecución, en Venezuela, de un ex jefe policial, Óscar Pérez.
Este asesinado ex inspector, que lanzó en junio de 1917 una granada en contra del edificio de la Corte Suprema venezolana, murió (15 de enero) en una operación ordenada por el dictador socialista Nicolás Maduro. Pérez y otros doce ex policías opositores al tirano permanecían ocultos en una casa rural en El Junquito.
Oscar Pérez (36) ejercía como jefe de operaciones aéreas de la Brigada de Acciones Especiales de la policía científica venezolana hasta el año pasado. En junio pasado voló en helicóptero por el centro de Caracas con un cartel que decía "350: Libertad", en alusión al artículo constitucional que justifica la desobediencia a un gobierno que viole las garantías democráticas. En un vídeo que colgó en sus redes sociales, dijo que su lucha era "contra la tiranía" y le exigió la renuncia a Maduro y convocar elecciones generales.
Pérez y otros seis miembros de su grupo murieron ejecutados, pues todos ellos tenían un impacto de bala en la cabeza.
Antes de ser abatidos, el perseguido inspector publicó varios vídeos en su cuenta de Instagram, afirmando que querían entregarse, pero de igual forma los policías les disparaban hasta con "lanzagranadas".
"Tenemos heridos y nos siguen disparando ¡Nos vamos a entregar, no sigan disparando! No quieren que nos entreguemos, nos quieren asesinar, nos lo acaban de decir. Fuerza. Estamos negociando para entregarnos", dijo el ex inspector en los últimos vides que compartió, con su rostro cubierto de sangre y un arma larga en la mano.
Estos "terroristas rebeldes", según Maduro, actuaron en contra del régimen, apoyados en un artículo de la Constitución que les daba la razón. La de ellos sí, y no la del dictador, es una lucha en favor de la democracia y, fundamentalmente, de la libertad oprimida.
El régimen ordenó su sepultación de madrugada, antes de que abriera el cementerio caraqueño, y con la presencia, máxima, de un solo familiar.
Han pasado días de este horrible pisoteo a los derechos humanos y ninguna de estas organizaciones y entidades --manejadas por la izquierda-- defendió siquiera los mínimos beneficios de los deudos. Mucho menos, algún organismos internacional condenó o censuró siquiera el accionar de las fuerzas de seguridad de la dictadura venezolana.
Silencio, solo silencio, la perenne complicidad del socialismo con los suyos.
Éstas, las de los ex policías venezolanos, fueron siete más de las miles de ejecuciones impunes de que goza la izquierda a lo largo de su historia.
