EL FIN DEL DISFRAZ DEL EMPLEO
El 31 de enero puede ser una fecha tremendamente decisiva para, de una vez por todas, separar la paja del trigo y conocer, sin disfraz ni maquillaje, la exacta realidad del desempleo en el país.
En esta obsesiva carrera por sumar cualquiera cosa a su pretencioso e imaginario legado, la Presidenta suele presentar como uno de sus éxitos "las positivas cifras del empleo", poniendo énfasis en que "pese a la recesión internacional", hace tiempo en retiro, "no ha habido aumento de la cesantía".
Es de dominio general que el Gobierno basó su irreal crecimiento laboral en puestos de trabajo creados casi exclusivamente en la administración pública, en tanto los niveles de cesantía los reemplazó por los llamados 'trabajos por cuenta propia'.
Los estadísticos del INE asumen que una persona que haya trabajado una vez a la semana en la calle se considera "con trabajo" y, por ende, se suma al total, distorsionando, así, la realidad.
Entre el trimestre septiembre/noviembre de 2016 y el mismo periodo de 2017, las personas que trabajan en la vía pública o en su casa crecieron 10,7%.
Ciñéndose a las instrucciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el INE, por primera vez y a partir del 31 de enero, deberá incluir en su boletín de empleo mensual datos sobre informalidad laboral.
Además, en forma trimestral tendrá que desmenuzar y considerar los componentes que inciden en la evolución del número de ocupados informales según sexo, nivel socioeconómico, nacionalidad y tramo etario.
Esto es, al fin podrá identificarse con claridad la diferencia entre un trabajo independiente fruto de un emprendimiento y entre otro por cuenta propia, consecuencia de la cesantía.
Las actuales autoridades del Trabajo han persistido en su política de mezclarlo todo en esta materia, haciendo creer que la informalidad laboral callejera s un emprendimiento.
Hasta el trimestre septiembre/noviembre del 2017 había en el país 1.859.723 personas trabajando por cuenta propia. De ese total, 395.165 se desempeñan en la vía pública.
Se les considera precarios por tener un ingreso bajo en comparación con los asalariados y no contar, en la casi totalidad de los casos, con cotización previsional ni asistencia de salud.
Otras 348.960 personas sin contrato se desempeñan en su propio hogar, en labores que se consideran de baja calidad en un 90% de los casos.
Toda ésa es la paja que el Gobierno ha querido hacer pasar como trigo.
El trigo lo forman los emprendedores
independiente, que cuentan con una oficina, local, taller o fábrica anexa a su hogar, que son 200 mil. Se les califica en el rango de asalariados informales.
Esa multitud de trabajadores informales, sin legalización alguna y que lo hacen en las calles o en sus viviendas, aumentó entre 2016 y 2017 en un 10,7%. Al no entrar en el rubro de los asalariados, o sea, con contrato de trabajo, significa que en el Gobierno de esta Presidenta la falta de empleos aumentó y se limitó a disfrazar la cesantía con un 'emprendimiento' que nunca fue tal.
La treta fue descubierta por la OIT, la que obligó al INE a partir del próximo 31 de enero a revelar --o intentar hacerlo-- la realidad en cuanto al empleo real en el país y detallar las características de la creciente informalidad laboral para que el próximo Gobierno pueda corregirla, humanizarla y, ojalá, aminorarla.