SE RUEGA NO BORRAR
El Consejo para la Transparencia (CT) envió a más de cuatrocientas instituciones públicas una nota, recordándoles que "el acceso a la información del nuevo Gobierno debe ser expedito".
El presidente del CT, Marcelo Drago, incluyó 17 recomendaciones para evitar manipulaciones o borrado de información desde los computadores de la administración pública.
Se calcula que, al margen de los directores y jefes de servicios que son 'de confianza', unos 150 mil funcionarios que no cumplen un trabajo específico en las reparticiones ----conocidos como operadores políticos-- tendrán que dejar sus puestos.
Existe especial inquietud por los contenidos de los equipos computacionales a cargo de éstos, porque en ellos hay información valiosa, pero peligrosa para la administración saliente.
El mal uso de los contenidos en los computadores públicos está penado por la ley, recuerda el presidente del CT, y trae a colación "varios casos" en que se han generado conflictos. Dice que "los responsables de mantener toda la información en los equipos son las autoridades de cada servicio que ejercerán hasta el 10 de marzo".
Al día siguiente, el 11, es el traspaso del mando presidencial.
De haber tenido este Gobierno un comportamiento adecuado en materia de manejo de información en sus computadores, de seguro que Marcelo Drago no hubiera tenido necesidad de enviar tal manojo de recomendaciones para "un proceder transparente".
A menos de un año de gestión de la actual Presidenta se produjo la primera violación a la regla. Fue su propio hijo, Sebastián, quien ordenó a personal de La Moneda eliminar la información contenida en el disco duro del computador de su oficina como director de Cultura. En él, almacenaba correos sobre Caval, el escándalo del cual todavía no puede zafarse definitivamente de la Justicia.
Más tarde, el computador personal del Administrador de palacio, Cristián Riquelme, fue requisado por la PDI, que lo investigaba por la recepción de pagos millonarios de Salud para una empresa de insumos de su propiedad.
En un momento, el equipo computacional más requerido fue el de la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, hoy increíblemente consejera del CDE `por expresa designación de la Presidenta.
Allí estaban sus expresas instrucciones para el aumento de bonos de funcionarios de Gendarmería que, luego, jubilarían con pensiones abultadas; sus reclamos a la Contraloría por la demora en dichos trámites y la información sobre las muertes en el SENAME que ella aseguró desconocer.
No fue posible acceder al computador del entonces director del SII, Michel Jorratt, para obtener el correo electrónico, que él mismo reveló, en el cual el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, le ordenaba apropiarse y destruir la contabilidad de SQM.
Debió ser ése, el computador del SII, el más apetecido de todos: allí estaban --a estas alturas, borrados-- los e-mails a los cuales nunca la Fiscalía tuvo acceso en que se instruía a su director no querellarse por evasión tributaria contra los peces gordos del régimen.
El Consejo para la Transparencia pone énfasis en que la necesidad de que "los órganos y servicios públicos que hagan uso de medios de comunicación electrónicos, tales como correos electrónicos, conserven los registros de estas comunicaciones y guarden respaldo institucional de los mismos, con el objetivo de dejar constancia de la transmisión y recepción efectuadas por medios electrónicos y del contenido de los mismos".
Todo apunta a que recomendaciones tan obvias no tendrán mucha acogida al interior de un Gobierno que tuvo como una de sus características actuar en las sombras y, precisamente, sin la transparencia a la que se le invita.
