LA ‘GRASA’ QUE NO DEJA ENGORDAR AL FISCO

November 22, 2017

 

Indignación originó en los usuarios del sistema público de salud un informe emitido por el MINSAL que, en promedio, apenas dos son los funcionarios  exonerados cada año desde los centros asistenciales a causa de sumarios administrativos.

 

Decenas de pacientes esperan horas en las salas de urgencia para ser atenidos sin recibir, siquiera, una mirada; otros fallecen en sus asientos, en tanto millares aguardan por años en listas de espera.

 

Hace poco, el Gobierno pagó a los funcionarios de la salud bonos de excelencia por rendimiento y ahora se conoció que  casi no existen  trabajadores removidos  por incompetentes.

 

Éste es tan sólo un ejemplo de la realidad que se vive en la administración pública, la misma que está hoy en la cresta de la hola por el anuncio de Sebastián Piñera, en cuanto a que en su futuro Gobierno eliminará la “grasa” de los servicios públicos.

 

Alejandro Guillier se colgó del anuncio del candidato opositor para iniciar una histérica campaña para desacreditar a su adversario político.

 

En su programa de Gobierno   ---del cual poco le han preguntado los Catones del periodismo--, Piñera tiene entre sus urgencias “eliminar la grasa fiscal”, expresión muy gráfica para identificar a todo lo que está demás, que sólo sirve para hacer daño.

 

Tal “grasa fiscal” fue una alusión totalmente clara y directa a los millares de funcionarios públicos que están recibiendo sueldos del Fisco sin cumplir labores inherentes al Servicio al cual fueron asignados.

 

Algunos los llaman ‘apitutados’ políticos y otros, ‘operadores’ políticos, pero que en las boletas por prestaciones de servicios aparecen como ‘asesores’.

 

A comienzos del régimen bacheletista, el Ministerio de Salud llegó a tener 3.000, entre ellos un médico que no fue reelecto diputado, y el entonces pareja de Camila Vallejo, quien, en una entrevista, reconoció que pasaba todo el día al cuidado de la hija de ambos.

 

Las remuneraciones más bajas de los ‘asesores’ en la administración pública oscilan entre los $3 y $2 millones al mes.

 

Siendo aún ministra de Justicia, Javiera Blanco contrató para su cartera a cuatro asesores, todos DC, con ingresos de $6 millones. Como ordenó que fuesen cargados al Centro de Costo de Gendarmería, la Contraloría los vetó y obligó a su inmediata exoneración.

 

Al margen de este tipo de innecesaria carga para la caja fiscal, hay que sumar a los ‘apitutados’, familiares y adherentes de parlamentarios y dirigentes políticos, que los apadrinan y ubican en diferentes reparticiones. El senador por O’Higgins Juan Pablo Letelier (PS) es quien más ‘ahijados’ ha colocado en la minera El Teniente.

 

Un investigado diputado DC  por un distrito curicano no demoró en instalar como jefa de gabinete de la gobernación provincial a su hija periodista que no encontró trabajo como tal.

 

Esta es apenas una muestra de la ‘grasa’ que dice Piñera que eliminará del sector público para invertir ese despilfarro de fondos públicos en ámbitos que requieren real urgencia.

 

Impuesto de este anuncio, acicateado por los estrategas del descrédito ajeno, Guillier denunció ante el país “la más brutal persecución política que recuerde la historia” y se refirió a una “razzia a los funcionarios públicos”.

 

La inefable, inmutable, incombustible y cuero duro de la ministra vocera, arremetió duramente contra Piñera por “desprestigiar a los trabajadores públicos, un sacrificado y valioso aporte al servicio de los compatriotas”. Fue más allá: le exigió al candidato opositor que les ofreciera disculpas.

 

Fue tan expresiva la demostración de ‘afecto’ del Gobierno hacia la administración pública, que,  sólo horas después, sus ministros de Hacienda y Trabajo les  ofreció un “reajuste de hambre”, que derivó en una inmediata huelga de 48 horas de los trabajadores de los consultorios de salud.

 

Como la audacia es el más importante patrimonio de los ignorantes, Guillier y la ministra vocera Paula Narváez, se aliaron para enrostrarle al candidato de la oposición su “grave error social” de poner fin al SENCE, entidad que tuvo como origen capacitar para el mundo laboral a las personas con más requerimientos. El plan de Piñera no es dejar sin preparación a dichas personas, sino, con subsidio estatal, introducirlos al ámbito académico de los Institutos Profesionales, con la finalidad de que accedan a un título, lo que les abrirá muchas más posibilidades que un simple y farruto certificado de capacitación.

 

Como ni Guillier ni Narváez entendieron la iniciativa, cayeron en la histeria descalificadora. Ambos desconocían que el   financiamiento de una básica capacitación laboral estatal ---SENCE-- es similar al de una carrera técnica, que ofrece más oportunidades y alternativas en el mercado del trabajo.

 

Pero ésa no era, ni es, la preocupación del Gobierno, sino el centenar de ‘apitutados’ que se ganan  la vida en el SENCE, a costa de fondos fiscales.

 

 

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