LA INJUSTICIA DEL SISTEMA PROCESAL
Aquel antiquísimo proverbio de que “es peor el remedio que la enfermedad” resume, sin mayores rodeos, lo que está sucediendo en el país con el sistema procesal penal.
Éste, elaborado por ‘expertos’ durante el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, tuvo como finalidad casi única desplazar el antiguo modelo en el cual, al ser simultáneamente investigadores y jueces, los magistrados demoraban una eternidad en dictar sentencia.
La conclusión actual, asumida por la población, es que por ir más rápido --muchas veces, ni tanto--, la justicia, por estos días, es menos justa, más contaminada por la política e increíblemente perjudicial para las víctimas.
Casi a diario, la comunidad es testigo de la gran cantidad de delincuentes varios, ladrones, agresores y hasta asesinos que son dejados en libertad o condicionales, o, como máxima pena, se les envía a arresto domiciliario.
Un reconocido militante socialista de la zona sur de Santiago iba a su trabajo con tobillera electrónica por estar condenado, a raíz de sus ‘hazañas’`como narcotraficante.
Más desconcertante y asombroso para la ciudadanía resultó la decisión judicial de dejar en libertad, primero, a 8 autores del incendio de una veintena de camiones forestales y, luego, a 11 comuneros extremistas de la ruralidad de Cautín que atacaron, dispararon y mataron a un matrimonio en Vilcún. Por sus características fue una acción colectiva y coordinada y hasta la fecha apenas hay un solo condenado, Celestino Córdova.
Es simple explicar los motivos de esta conducta: la reforma procesal penal, que fue elaborada para privilegiar al victimario por sobre las víctimas. Todo aprehendido por sospechoso o como autor de un delito “se presume inocente”, independiente si se trata de un malhechor reincidente y familiar en los archivos policiales.
Como se trata de una presunción de inocencia, lo es tal hasta que una o varias pruebas demuestren tajantemente lo contrario, que es culpable. Llega a ser tan garantista el proceso penal, que, además, se beneficia automáticamente al victimario en el caso de no tener prontuario.
El galantismo campea en los tribunales en perjuicio de las víctimas, que carecen de toda ayuda: desde la reforma, el delincuente cuenta con un defensor público gratuito para él, en cambio el afectado tiene que arreglárselas por su cuenta.
En el caso de los terroristas de La Araucanía, el fallo que los dejó en libertad provocó un gran golpe a la razón de la sociedad, porque la sentencia absolutoria para un doble crimen y para la quema de propiedad privada, tiene un componente político.
Debe recordarse el caso de los ‘bomberos locos’, terroristas urbanos dedicados a hacer estallar artefactos explosivos en sitios públicos, En su momento, todos fueron dejados en libertad, pero al poco tiempo, uno de ellos se cercenó una mano al activar un aparato en una sede bancaria y dos de ellos fueron apresados en España por atentar contra la Basílica del Pilar, en Zaragoza.
Coincidentemente, en aquella oportunidad como en ésta, en el fallo absolutorio a los extremistas mapuches, los magistrados permitieron el acceso a grupos afines a los acusados, quienes celebraron como si se tratase de carnavales.
Con el sistema desechado, era el propio juez el que, tras indagar personalmente, se ‘hacía la idea’ de inocencia o culpabilidad, en tanto con el que rige hoy, el magistrado sólo debe atenerse a las pruebas que tiene a la vista.
Es aquí donde surge el gran factor que tiene en entredicho al sistema: el rechazo o aceptación de la prueba queda a su criterio o, en casos probados, a su ideología política. A un magistrado le parece suficiente un correo electrónico comprometedor para decretar prisión, en tanto otro, en situación similar, no ha lugar.
Meses les tomó a los fiscales y a las policías indagar para dar con pruebas en contra del grupo extremista mapuche imputado por el asesinato del matrimonio Lushsinger/McKay, pero ninguna de ella, ni menos ningún testimonio fueron aceptados por el tribunal.
La parte acusadora presentó 263 pruebas, las que fueron consideradas suficientes por el tribunal que desechó otro centenar por considerarlo “sobreabundancia”.
Incluso, desestimó tener a la vista como testimonio uno de los revólveres utilizado en el asalto a la casa de las víctimas y que había sido usado en anteriores atentados…
De los 11 imputados que fueron dejados n total libertad, hay cinco que participaron en el juicio ‘con antecedentes’ previos, ya que tenían sentencias anteriores por uso ilegal de armas.
Lo ocurrido es claro y contundente: los delincuentes tendrán que tomarse una selfie al momento de cometer sus ilícitos para que los jueces los acepten como prueba.
Es un traspié gigantesco para el sistema, porque, al menos en el caso de La Araucanía, los jueces quitaron el piso al Ministerio Público (fiscales) y a las policías: sus largas investigaciones fueron todo un fracaso.
El Estado tiene que hacerse cargo de esta tremenda cojera del sistema de justicia y todo apunta a que, más rápido que tarde, la ley merece más que una corrección para que los victimarios no sigan saliendo favorecidos por los fallos y las víctimas, perjudicadas.