CODELCO Y EL PRECIO DE SU CORRUPCIÓN

October 26, 2017

En los últimos cuatro años, del presidente ejecutivo de CODELCO sólo salieron palabras quejumbrosas por el bajo precio del cobre, justificativo que el Gobierno ha utilizado hasta la saciedad para disfrazar la hecatombe causada por sus errores de manejo financiero.

 

En ese mismo lapso, de la boca de Nelson Pizarro (PS), su máximo ejecutivo, jamás salió una sola palabra para condenar o impedir la corrupción en su empresa. Altos ejecutivos suyos, con su conocimiento, firmaron 32 contratos directos con familiares y hasta conviviente por más de US$ 500 millones.

 

El contralor Jorge Bermúdez aclaró que “por ley” están prohibidos los contratos relacionados en la administración pública.

 

Pizarro, indignado, escabulló el resultado de la auditoría de la Contraloría y denunció al ente fiscalizador ante la Justicia por “intromisión”, ya que su corporación no puede recibir el mismo trato que cualquiera otra repartición pública…(?)

 

 

La magnitud de la ilicitud y la pertinaz oposición de CODELCO a ser fiscalizada, indujeron a la Contraloría a poner todos los antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Éste no demoró ni vaciló en darle la razón.

 

Pese a ello, el presidente del directorio de la cuprífera, el funcionario con cargo político mejor pagado del sistema, Óscar Landerretche, acusó de “mentiroso” al contralor.

 

Al tanto de estos contratos,   la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados no invitó, sino convocó casi por la fuerza a ministros sectoriales que no han dado la cara ni han emitido un solo juicio condenatorio contra esta ilegalidad avalada por Landerretche y Pizarro.

La Contraloría denunció que estos 32 contratos con firmas relacionadas se mantuvieron ocultos, ya que nunca fueron registrados en el software de gestión de la cuprífera.

Los contratos ilícitos fueron asignados mediante trato directo, con  licitación privada y proveedor único, en lugar de licitaciones públicas como establece la norma general.

Hay pruebas, incluso, que algunas de las ‘empresas’ contratadas se formaron poco antes de firmar el respectivo compromiso. Se concluye, de hecho, que al no existir licitación pública, fue imposible adjudicar los servicios solicitados al oferente más barato, ello  ---no hay que olvidar— en tiempos de vacas muy flacas en CODELCO.

La corrupción es reforzada por el hecho de que al ser compromisos entre familiares, se presupone que el contratante no está exento de sospechas de recibir la totalidad o parte del pago con dineros fiscales.

Hace poco, la Contraloría impugnó a la minera el pago de una indemnización de $ 511 millones a un directivo que renunció voluntariamente, pero recibió el dinero como fruto de una negociación colectiva.

Estas acciones corruptas por un monto sideral no respaldan los argumentos del presidente ejecutivo de la cuprífera, Nelson Pizarro, en cuanto a que “en CODELCO no hay un puto peso”. Todo parece demostrar que dinero hay de sobra para no hacer licitaciones públicas y, así, poder escoger la compra menos onerosa. No tener celo por proteger recursos claves para la economía nacional es, quizás, más pecaminoso que la descarada actuación de ejecutivos que se beneficiaron con estos 32 millonarios contratos privados.

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