CONVIVIR CON LA INSEGURIDAD PÚBLICA
En la Presidenta de la República persiste la creencia de que sus compatriotas son imbéciles: no se le mueve un músculo cuando les cuenta mentiras, sabiendo que son tales.
Hace poco, comunicó a la población su “orgullo y satisfacción” porque las encuestas gubernamentales dan cuenta de “una notoria disminución de la victimización”, ante la cual, ella aseguró ir en el camino correcto en cuanto a seguridad ciudadana.
Una entidad que por década lleva dedicándose al tema, Fundación Paz Ciudadana, demostró con cifras en mano que el 40% de los hogares chilenos ha sido víctima de, al menos, un robo. Casi nada.
Como sello a dicha investigación, la entidad corroboró un nítido descenso de las confianzas en las policías encargadas de mantener y preservar la seguridad.
Casi no es necesario recurrir al estudio de Paz Ciudadana para dar fe de un problema gigantesco que no ha podido ser resuelto y que, lo más grave, jamás ha estado entre las prioridades de este Gobierno.
No existen mejores pruebas del desborde de la delincuencia que los noticieros de la TV local: un 30% de sus contenidos lo copa la difusión de delitos.
En el estudio de opinión del CEP de hace dos meses, entre las diez primeras preocupaciones de la población, la primera ----sí, la primera— es la inseguridad ciudadana.
De ser efectiva la aseveración presidencial, dicho veredicto popular sería otro y, por ejemplo, estarían antes una educación de calidad y la salud pública, otras dos deudas pendientes tremendas del Gobierno de la Nueva Mayoría.
El problema de la seguridad pública, garantizada por la Constitución a través del Ministerio del Interior, no se puede resolver con ordenanzas, decretos y ni siquiera leyes preventivas o reparatorias. “Ocurre que no es noticia cuando entregamos más vehículos a las policías” aseveró críticamente la Presidenta.
Todos los días se conocen nuevas y hasta ingeniosas medidas, ya sea municipales o policiales, para evitar la espiral de delitos y, de tarde en tarde, se hacen redadas masivas en un intento por sacar de las calles, vanamente, a los bandidos.
Hay que partir de la premisa que es una ilusión, o un engaño, prometer la eliminación de la delincuencia, porque ésta se halla inserta a fondo en la sociedad chilena, consecuencia de sus, a estas alturas, irreparables fallas.
Utópicos estudiosos del tema han llegado a la lógica conclusión de que la formación familiar y la escolaridad son claves en la solidez moral de un individuo, y otros igualmente obvios argumentan que la falta de trabajo y de dinero empujan a los jóvenes hacia el delito.
Nada nuevo bajo el sol: todos estos antecedentes son probadamente antiguos e históricamente han sido imposibles de corregir y de atenuar. Nuestra sociedad tiene estas tremendas perforaciones y resultan comunes familias disfuncionales y hogares mal constituidos y con violencia interna; es una ficción creer que todos los niños y jóvenes asisten a las escuelas y liceos para aprender y ser gente de bien; es un irreal pensar que, alguna vez, habrá trabajos absolutamente para todos y que todos, también, estén dispuestos a tener una ocupación.
Una sociedad construida y establecida con grietas profundas es una generosa fuente de malas personas, y, de un tiempo a esta parte, azuzadas por el dañino placer y rédito del comercio de las drogas. Un gran caldo de cultivo son los 77 mil menores que, según el Hogar de Cristo, no asisten a escuelas. .
Así como por razones naturales siempre ha habido, hay y habrá enfermos, por la falla estructural de la sociedad ---en este caso, la nuestra-- siempre habrá delincuentes, algunos más perversos que otros, pero todos igualmente peligrosos para estar libres en las calles.
El tamaño del problema es infinitamente más voluminoso que el de los medios de combate.
El hecho de que Chile esté adherido a cuanta entidad de derechos humanos existe en el mundo contribuye enormemente a inhibir a las policías. Días atrás, el Director General de Carabineros aseguraba que “cada día demoramos menos en los tiempos de reacción”, pero ello de nada vale cuando los funcionarios viven con un freno inconsciente de actuar con la rudeza requerida, porque, seguro, serán denunciados por “uso excesivo de la fuerza” y no tendrán más destinos que un sumario y la exoneración.
En los casos de apresamiento de los autores --de normal ocurrencia--, sólo el 1% sigue el proceso judicial que, vía imputación, puede derivar en la prisión. En el caso de los menores de edad, quedan bajo la tutela de los padres, los mismos que les inculcaron malos hábitos desde niños,¡o van al Sename! El 50% de los presos adultos pasó por ese servicio.
Desde que la Justicia pasó a ser ‘garantista’ por su ‘moderna’ reforma procesal penal, el 70% de los acusados de algún delito, queda con una pena menor o en libertad. Dos de cada cinco detenidos en asaltos anda en las calles con órdenes pendientes de captura.
Los jueces, en una conducta indesmentible, evitan mandar a cárceles a los autores de delitos, conscientes de que los envían a un hacinamiento miserable desde donde saldrán peores y desde donde, vía teléfonos móviles, continúan dirigiendo las operaciones de sus pandillas. Cada interno le cuesta al Fisco $ 700 mil mensuales.
De acuerdo al número anual de detenidos por acciones delictuales, Chile necesita el doble de los recintos carcelarios actualmente operativos. Pero…¡no hay dinero para financiar su construcción!
En el supuesto de que hubiera penales suficientes y en la ilusión de que todos los jueces enviasen a ellos y sin más trámites a todo individuo sorprendido robando, el Gobierno sería bombardeado por denuncias y acusaciones de violar los derechos de las personas.
Llega a ser trágico este círculo viciosos, pero es así: los derechos humanos ---genial obra arbitraria de la izquierda internacional--, tan difundidos e invocados en Chile, va a ser siempre el punto final que proteja a los delincuentes. Norteamericanos, rusos, chinos e israelíes saben bien como reducir la delincuencia: no han adherido jamás a organizaciones de DD.HH.
Dada esta realidad, la ciudadanía, aunque a contrapelo, tiene que acostumbrarse a convivir con la delincuencia.