VERGONZOSA ARBITRARIEDAD PRESIDENCIAL
En fecha reciente, con motivo de la negativa de la candidata Beatriz Sánchez (Frente Amplio) de concurrir a un programa televisivo por ser uno de sus panelistas un ex ministro del régimen militar, su colega y también aspirante presidencial, Alejandro Guillier (Nueva Mayoría), la criticó con la siguiente expresión: “cuando uno aspira a ser Presidente de un país tiene que estar dispuesto a gobernar para todos, buenos y malos”…
Aunque, claramente, se sabe quiénes son buenos y malos para el candidato del oficialismo, lo afirmado por él es una falacia: su propio Gobierno, al que ha servido reverencialmente, acaba de dar un pavoroso ejemplo de que actúa en favor de unos pocos y por motivaciones políticas.
La propia Presidenta presionó al Poder Judicial para ‘aliviar’ el estado de salud de cuatro comuneros extremistas mapuches en huelga de hambre y, como no fue escuchada por la Fiscalía, recalificó la querella original presentada hace meses por delito terrorista.
Tan increíble gesto de arbitrariedad dejó perpleja a la población, especialmente a los muchos que claman porque la justicia sea igual para todos.
Con su conducta ratificó que en esta administración de Bachelet no existe convergencia entre el discurso y la acción. No es efectivo que La Moneda “actúa por igual para todos”, que deja que “las instituciones funcionen” y que “nadie está por encima de la ley”.
El país es testigo de que, ya a los pocos meses en el poder, la Presidenta y sus servidores se dedicaron con especial énfasis a proteger a su red de parientes y amigos --entre ellos, ministros—, todos de la Nueva Mayoría y autores de actos corruptos.
A estas alturas, en que su Gobierno se halla en la recta final, nada puede sorprender, pero esta vez batió todos los record de parcialidad.
Llamó al Poder Judicial a que cambiase la prisión preventiva a cuatro extremistas acusados de incendiar un templo evangélico para que, así, terminaran con su huelga de hambre. La Fiscalía regional de Temuco se negó.
Establecidos en los protocolos judiciales y de Gendarmería están los procedimientos para casos de deterioro de la salud de presos en huelga de hambre. Esas reglas rigen para la totalidad de los internos en las cárceles chilenas, sin excepciones.
No hace mucho procedió de la misma forma a favor de una machi detenida y en huelga de hambre porque en su casa se tramó el asalto y crimen del matrimonio Luchsinger McKay. En dicha oportunidad, el tribunal, “por razones humanitarias”, accedió a cambiar la cautelar por arresto domiciliario.
Esta vez, ordenó a su ministro del Interior a recibir en palacio a familiares de los ayunantes. Por norma, La Moneda prescinde de contactos personales con quienes están en huelga o son parte de protestas. Incluso, ha negado todas las audiencias solicitadas por las víctimas de la violencia en La Araucanía.
Los parientes de los subversivos exigieron ser recibidos por la Presidenta, lo que ocurrió horas más tarde, tras una recepción en el pórtico de palacio por parte de su jefa de gabinete, Lya Uriarte, que bajó al primer piso a buscarlos. Frente a la Mandataria procedieron a extorsionarla: le advirtieron que la huelga de hambre seguiría si no le quitaba a la querella la connotación de terrorista. Aún más, le recordaron que ella prometió que en su mandato jamás aplicaría la Ley Anti Terrorista. La instaron a respetar su palabra.
Ella accedió a todo y, ‘en gratitud’, otros comuneros quemaron más maquinarias y camiones y uno de los huelguistas decidió mantener su ayuno.
Los únicos que celebraron la deplorable decisión presidencial fueron los candidatos presidenciales de la izquierda, quienes veían con espanto la inminente pérdida de votos de parte de estas comunidades mapuches en pie de guerra.
Ante el asombro generalizado por este vergonzoso sometimiento de la Presidenta, su octogenario ministro del Interior salió en su defensa: “nadie puede ruborizarse por ceder ante una causa justa”. La ‘causa justa’ ’por la cual están siendo procesados esos comuneros es por el incendio intencional de una iglesia.
El ejercer presión sobre otro Poder del Estado es una violación al precepto constitucional de la independencia de éstos, aunque ya son muchos y reiterados los ejemplos en que los tentáculos de La Moneda han llegado, y llegan, a los tribunales para dar protección a los suyos.
Al proceder en forma tan arbitraria, el Gobierno pisotea su propio discurso de condena a la desigualdad. La misma Presidenta la patrocina.
Las “razones humanitarias” son las mismas a que apelan otros presos enfermos que están muriendo en las cárceles y todos aquéllos que se hallan hacinados como animales en los diferentes recintos de Gendarmería.
Este argumento es un maquillaje del real motivo: evitar el eventual daño político a las candidaturas de la izquierda. Desde esta perspectiva, el Gobierna cierra un ciclo de irregularidades, porque, también, vulnera su proclamada abstención en la campaña presidencial.
