VOTANDO A OCHO AÑOS PLAZO
Aunque nuestras entidades encargadas estadísticamente del número de habitantes y de quienes tienen derecho a voto no son las más certeras ni infalibles, hay que confiar ---sea como sea— en los datos que entregaron por estos días.
El INE, tras el Censo resumido y expreso de abril, concluyó que los habitantes del país somos poco más de 17.300.000, cifra que perfectamente puede llegar a los 17.400.00 si se agrega a quienes quedaron sin ser entrevistados y a los que se negaron a hacerlo, como algunas comunidades mapuches.
Según cifras recientes reveladas por el SERVEL, quienes tienen derecho a voto para la primera vuelta presidencial del 19 de noviembre son 14.300.000 ciudadanos, partiendo de la base que sólo tienen derecho a hacerlo los mayores de 18 años.
Este número ya es demoledor y lo será más agudo a corto plazo: comparando los 17 millones del INE y los 14 millones del SERVEL se concluye que en la actualidad en el país sólo 3 millones de habitantes son menores de 18 años.
Hay que agradecer esta realidad aportada por el SERVEL, aunque ningún padrón de dicho servicio es muy confiable, más aún si están vivos los recuerdos del revoltijo de inscripciones que hizo en conjunto con el Registro Civil para las últimas municipales --enviando a votar a Punta Arenas a residentes en Santiago-- y de los ‘militantes falsos’ que oficializó para las primarias de julio.
Es más, para acentuar la mala fama de que hace gala, el SERVEL ni se inmutó cuando una auditoría externa comprobó la existencia de 345 mil inscritos sin domicilio y 391 votantes mayores de 100 años.
De ese 14 millones 300 mil personas que, ahora, tienen derecho a voto hay que restar a quienes voluntariamente se abstienen. En la última elección presidencial ---noviembre de 2013—, el 51% con derecho a hacerlo se quedó en sus casas. Hoy se pronostica que ese volumen será menor, pues, al revés de aquella oportunidad, la centroderecha concurrirá en masa a las urnas.
Quienes lo hagan tendrán que evaluar que si bien están haciéndolo por un candidato hoy, su marca en la papeleta tendrá una enorme repercusión a futuro, en virtud de una contundente estadística: dentro de ocho años (2025), los adultos mayores superarán en número a los menores de 15 años.
Se considera adulto mayor a todo individuo con 60 o más años.
Este notable cambio en la composición de la sociedad chilena está determinado, básicamente, por dos tasas: las simultáneas disminuciones de fallecimientos y de nacimientos.
Recién iniciada oficialmente, la actual campaña electoral presidencial intenta mostrar las mejores ofertas de cada candidato, y todos, cual más cual menos, apuntan a distintas problemáticas de hoy.
El hoy por sobre el mañana derivó en la rápida sepultación de la postulación de Ricardo Lagos, quien, con mucha anticipación, proclamó la necesidad de proyectar un Gobierno a futuro.
Si se revisan las ‘grandes reformas estructurales’ de este Gobierno de la Nueva Mayoría, éstas tuvieron como foco –supuestamente-- arreglar problemas inmediatos, como la Educacional, la Tributaria y la Laboral, sin considerar las realidades que nos esperan a la vuelta de la esquina.
Hoy continúa el debate de la masividad y gratuidad en las universidades públicas a un costo sideral, y se omite que dentro de diez años es probable que falten estudiantes para llenar las aulas.
La educación preescolar y la básica no estarán exentas de los ajustes a que forzosamente deberán adecuarse cuando le raleen sus postulantes. Se ha perpetuado la majadería de la cantidad por sobre la calidad, de la cual nadie habla y nadie sabe cómo materializarla.
Días atrás se conoció un informe de Salud en cuanto a que el MINSAL no ha ejecutado ni siquiera dos tercios de su presupuesto para la construcción de hospitales públicos, mientras la población envejece rápido y se enferma más.
Las políticas públicas tendrán que adecuarse a una población muy distinta a la actual y con necesidades muy diferentes a las de hoy de parte de los habitantes. Habrá cambios rápidos y radicales en los servicios y en las especialidades profesionales.
El fin de este proceso electoral de hoy no sólo se restringe a desalojar al socialismo del poder, sino de instalar en el Estado en su conjunto una mirada de futuro, y de un futuro a muy corto plazo.
