MILAGROSA APARICIÓN DE PRUEBAS
Ocho Comuneros subversivos mapuches están desde el sábado 23 en prisión preventiva, acusados de “asociación ilícita terrorista”, entre ellos, el líder y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
Desde su creación y desde que estuvo dirigida por Aucán Hullcamán, la CAM ha sido el eje controlador y ejecutor de las acciones criminales en La Araucanía rural.
Financiada desde el exterior, con un nutrida difusión internacional mediante combativas páginas web y con adiestramiento de las FARC colombianas, hace tiempo fue definida por las policías chilenas como un “grupo de combate”.
Descaradamente, sus guerrilleros dejaban panfletos reivindicativos en cada sitio elegido para sus acciones, fundamentalmente quemas de maquinarias, camiones y templos evangélicos y católicos.
Conociendo perfectamente las identidades y sus ubicaciones, a lo más que había podido llegar Carabineros había sido al hallazgo de armamento de guerra. En tano, Llaitul recibía a periodistas, oculto en bosques para defender su ‘lucha’.
Aún la Justicia no logra aclarar el asesinato del matrimonio Luchsinger/McKay y otros cuatro comuneros extremistas se hallan en prisión preventiva y en huelga de hambre, imputados por el incendio de una iglesia evangélica.
Como lo hemos dicho antes, el Gobierno y su candidato Alejandro Guillier rehúsan aceptar que en La Araucanía existe terrorismo, pero contradictoriamente se querella apelando a la Ley Anti Terrorista. Durante años, ni Carabineros ni la PDI lograron obtener pruebas fehacientes de la participación delictiva de la CAM y de su responsabilidad en el ambiente de hostilidades, saqueos e inseguridad permanente en la zona, hasta que los enviados del Vaticano denunciaron los peligros que iba a correr Jorge Bergoglio en su visita a Temuco el próximo 17 de enero.
A tal extremo es la amenaza detectada por los emisarios del Vaticano, que el oficio religioso masivo por dicha visita será al interior de la base aérea Maquehue, del grupo 3 de la FACh.
Apenas días después de esta decisión, aparecieron las pruebas que involucran a ocho comuneros y a la CAM en la quema masiva de camiones forestales y, lo más grave, en una meta anual de incendiar, al menos, cien vehículos de transportes. Se descubrieron pistas que conducirán a los financistas del terrorismo.
Su participación se acreditó mediante escuchas e intervenciones de mensajes reveladores entre ellos.
La autoridad de Carabineros informó ‘oficialmente’ que la captura, con pruebas, se logró gracias a que se destinó más personal a la zona del conflicto. Pudo haber contribuid este incremento, pero es sorprendente y sospechoso que recién ahora las interceptaciones a las comunicaciones de los guerrilleros hayan dado resultados.
¿Es que nunca se hicieron antes? Cuesta creer en que un trabajo tan rutinario de la policía, como es la escucha de comunicaciones, haya fracasado durante años en aquella alborotada zona rural.
Aquí, claramente, hubo un vuelco y ello es consecuencia de la visita de Estado del Jefe de la Iglesia Católica. Un mensaje categórico de ello se dio en la
reciente Parada Militar, durante el paso del escalafón Carabineros: el locutor puso especial énfasis en el desfile de un batallón “con el equipamiento apropiado para desplazarse en La Araucanía”. Algo inédito.
Al ser detenidos por Carabineros, ninguno de los ocho extremistas alegó inocencia, sino sus gritos se concentraron en “la lucha” contra el Estado y en la “autonomía para el pueblo mapuche”, objetivo en desarrollo porque en Argentina, en una franja a la altura de Cautín, se está enfrentando una subversión mapuche similar.
Quienes por años habían estado esperando infructuosamente este desenlace ---la captura de terroristas--, sienten alivio y experimentan la sensación de que, al fin, empezó a hacerse justicia: la impunidad comienza a reducirse.
Sin embargo, si por un lado se estrecha un flanco, por el otro se amplía: los sectores que respaldan las acciones subversivas, ya sea internas en el propio Gobierno, o extranjeros, ya están reaccionando
A raíz de la huelga de hambre de cuatro comuneros imputados por incendio de templos, la Iglesia Católica se involucró a través de la mediación del sacerdote jesuita Felipe Berríos. Luego, tras el apresamiento de los ocho guerrilleros, el obispado de Temuco llamó al diálogo.
Tamaña inocencia --por darle una definición cristiana— es una táctica para desmarcar a la Iglesia Católica de lo que se viene, porque bien se sabe que los grupos terroristas se negaron a participar en la Mesa de Dialogo a que convocó el Gobierno, y, aún más, la condenaron duramente.
Con extremistas de izquierda presos y otros al borde del suicidio por su huelga de hambre, hay que esperar una oleada de censuras y denuncias en contra del Estado por parte de organizaciones de DD.HH., partiendo por la Comisión Interamericana, que ya advirtió que no se pueden tomar acciones en contra de un pueblo que reclama tierras ancestrales.
El Partido Comunista y la montonera del Frente Amplio son acérrimos defensores de “la lucha reivindicacionista” del extremismo mapuche y hasta Guillier debe estar temiendo repercusiones adversas para sus pretensiones por esta decisión judicial.
Lo más complejo, de aquí hasta enero, dado los cuatro meses de prisión preventiva que decretó la Justicia, es la reconocida y difundida posición papal en esta materia: es hincha incondicional de los pueblos originarios.
Como los intereses políticos han puesto en un mismo saco los actos terroristas y las reclamaciones territoriales ---perfectamente pacíficas--, no es fácil hacer encajar las piezas de este puzzle: de una parte, y gracias a la visita de Bergoglio, aparecieron las pruebas para encarcelarlos, pero, por otra, dicho encarcelamiento no es del paladar de la Iglesia Católica, específicamente del mundo jesuita, al cual pertenecen Bergoglio y Berríos.
Esa probable que los emisarios del Vaticano aún no le hayan contado a su jefe que todo lo que recién se empezó a hacer en La Araucanía en materia de seguridad es precisamente para cuidarlo a él de un atentado o de contra manifestaciones.
