LA BORRACHERA DE LA ODIOSIDAD POLÍTICA
No es por casualidad que todos los regímenes dictatoriales de izquierda celebren con mayor pompa y masividad el Día del Trabajador que sus propios aniversarios nacionales.
Los símbolos que los identifica, y uniforma, son herramientas de trabajo.
Aunque es (aún) un hermano muy menor de aquéllos, cada septiembre, Chile parece restarle solemnidad al aniversario de su primera Junta de Gobierno y, por el contrario, resalta más la fecha del 11.
Nuestras anuales Fiestas Patrias son, hoy, sinónimo de diversión y vacaciones. La celebración oficial del bautismo nacional es recatada, sobria y se limita a un Te Deum y a un desfile militar.
El 11, en cambio, aunque cada vez más lejos su origen, se caracteriza por su rimbombancia, sus simbolismos, homenajes, manifestaciones y marchas destinadas a que jamás se dé vuelta la página. Han pasado 44 años de una intervención militar exigida por la ciudadanía para bloquear una dictadura comunista, y la sensación que queda es que todo Chile continúa consternado y todo Chile pide ‘verdad y justicia’ a cualquier precio.
Septiembre es, definitivamente, un mes de borracheras, pero las alcohólicas son infinitamente menos dañinas y venenosas que las protagonizadas por los jerarcas izquierdistas de turno y por el PC en particular.
Son rápidos los efectos de esta borrachera izquierdista: la odiosidad que corre por sus venas la conduce casi a la inconciencia. Le pasó a la Presidenta: con frenesí anunció poner discusión inmediata a la reapertura de la Ley Valech 1, con la finalidad de que se levante el secreto de quienes prestaron declaraciones.
Bachelet, en su angustia ante la inminente derrota electoral del 19 de noviembre y, como siempre, obsesiva por satisfacer en todo al PC, anunció el fin de esa condición para que la Justicia conociese más casos y, por ende, más ex militares vayan a la cárcel.
Lorena Fries, subsecretaria de DD.HH., e implacable cazadora de uniformados, llegó a saltar de alegría.
Pero sólo horas después, recuperada de la resaca, la Mandataria ordenó quitar la discusión inmediata y fijarle sólo urgencia simple, con lo cual es probable que su eufórico anuncio termine en muy poco o en nada.
En el Gobierno de Ricardo Lagos, y para facilitar la entrega de informaciones a los tribunales, se garantizó por 50 años el secreto a víctima, básicamente mujeres, que confesaron vejaciones, ello a cambio de una total reserva.
“Los militares tienen que entregar más información” dijo la Presidenta, “única forma de lograr la unidad definitiva entre los chilenos”. Los dos candidatos de la Nueva Mayoría coincidieron en que “hay que terminar con los pactos de silencio”.
El Comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, puso el punto sobre la i a este verdadero festín del revanchismo. Dijo: “el Ejército dio a conocer a la Justicia todo lo que sabía y lo hicieron quienes hoy están privados de libertad o fallecieron. ¿Qué responsabilidad puedo tener yo si para 1973 estaba en primer año de Humanidades en el Instituto Nacional?”.
La Izquierda, desde la Presidenta hacia abajo, tiene la necesidad de mantener en alto esta bandera de lucha, porque es el único argumento político a que echar mano para subsistir en un modelo del mundo que la rechaza cada vez más. Sus colgajos se aferran a la fuerza del poder, como Raúl Castro y Nicolás Maduro.
Nadie duda que de haber sido izquierdistas y no balmacedistas, familiares y el entorno del suicidado Presidente en 1891 estarían aún dando pelea política/judicial para lograr lo único que persiguen: algún tipo de indemnización económica.
Si fuesen como los actuales, parientes y herederos de los jóvenes nacionalistas acribillados en el Seguro Obrero en 1938 seguirían tratando de sacarle dinero a Carabineros o a los descendientes de Alessandri Palma.
Es una farsa la cantinela de todos los que se codean para emitir sus opiniones sobre unidad y reconciliación, “hasta llegar a la verdad absoluta”, porque ello jamás será posible.
As+i como en este septiembre, el mismo verso se continuará escuchando en los septiembres venideros, porque las persecuciones políticas carecen de fecha de extinción.
