LA SEGURIDAD, SEGÚN EL FISCAL NACIONAL
A raíz de la masiva quema de camiones de una empresa de transporte forestal en San José de la Mariquina por parte de un grupo de comuneros mapuches extremistas, Jorge Abbott, Fiscal Nacional, tuvo la reacción más impropia de una autoridad encargada de hacer justicia.
En una declaración, tan sorprendente como inaudita, el jefe del Ministerio Público, atribuyó las consecuencias del ataque a que “los empresarios no toman todos los resguardos necesarios para resguardarse”.
Los subversivos de un movimiento reivindicacionista, lo primero que hicieron fue intimidar y neutralizar al guardia del recinto, para luego proceder, uno por uno, a la quema de los camiones allí estacionados.
Para evitar acciones de esta naturaleza, las empresas, a juicio de Abbott, debiesen ser trincheras artilladas.
Resulta obvio que ninguna medida de prevención será suficiente cuando el asalto es autoría de una decena de extremistas armados. Su peculiar visión de los hechos habrá que atribuirla a las secuelas de una gravísima lesión cardiaca que lo tuvo un largo período internado.
Se teme que la suya haya podido ser, también, un intento de defensa a los fiscales de La Araucanía, Malleco, y ahora de Valdivia, quienes nunca han tenido éxito en sus investigaciones.
Los grupos terroristas han incrementado su acción delictiva y, en un acto de desafío mayúsculo, dejan en los lugares saqueados afiches que identifican su procedencia. Así y todo, las diligencias para acusarlos formalmente ante la Justicia no han tenido resultados.
La aporreada, aunque vigente, Constitución Política del Estado, da a éste la responsabilidad de mantener la tranquilidad y paz de la población, mediante los organismos de prevención que existen para tal efecto.
Se acusa a Carabineros de no realizar una atinada labor de inteligencia para infiltrase en los grupos terroristas y, de esa forma, desarticularlos. Pero muy bien sabe la población que la institución policial uniformada está retenida e inhibida por el propio Gobierno, y directamente por el Ministerio del Interior, para que no reprima ni detenga a estos comuneros extremistas. El Ejecutivo no quiere conflictos internos con el PC y la extrema izquierda, ni menos echarse encima a todas las agrupaciones de derechos humanos del mundo, partiendo por la propia ONU, que mantiene a una observadora en el país para dar ‘protección’ a estas pandillas rurales.
Es simple: en La Araucanía es imposible que exista justicia, dadas las condicionantes políticas que influyen en el accionar del Gobierno.
No obstante ello, si el Ministerio del Interior carece de firmeza para combatir a los subversivos, lo mínimo que puede hacer la Justicia, y sin complejos ideológicos de por medio, es respaldar la defensa de la población inocente, entre la cual se cuenta a los empresarios del transporte.
Si no lo hace Interior, de oficio puede solicitar protección especial el Ministerio Público, más aún cuando hay una querella por delito terrorista en curso.
Si Carabineros está impedido de actuar por órdenes superiores, la Justicia, ente soberano e independiente se supone, tiene un rol mucho más relevante que limitarse a exigir ‘pruebas irrefutables’ que nunca se encuentran ni llegan.
De recoger el desgraciado comentario del fiscal Abbott, hasta el más desvalido de los habitantes tendría que contratar su propio agente de seguridad para evitar asaltos callejeros, robos en sus casas y los tan de moda ‘portonazos’.
Son ampliamente difundidas las imágenes de los más tecnológicos instrumentos de seguridad asumidos por las empresas para protegerse e incluso por las municipalidades para proteger a sus vecinos.
Ante la ausencia de prevención y de seguridad a la población, es precisamente la Justicia, incluido, desde luego, el Ministerio Público, la que debe asumir un rol clave. Pero no lo hace y la ciudadanía lo reclama cotidianamente al sentirse desamparada.
Para reforzar su delirante óptica, el Fiscal Nacional agregó que “la ciudadanía debe colaborar más en este sentido”. Por si Abbott lo ignora, la población colabora permanentemente en beneficio de su propia seguridad y la vía más rápida de hacerlo es la denuncia.
Pero la Justicia, que es garantista, prefiere privilegiar los ‘intereses’ de los victimarios. ¿O el Fiscal Nacional está sugiriendo que la gente se arme para defenderse? Las insólitas expresiones de Jorge Abbott no son más que la vieja artimaña del cojo, echándole la culpa al empedrado.