LLORIQUEOS POR IGNORAR LAS NORMAS
Cuando se intuye un fracaso y se huele la derrota, el ser humano reacciona mal.
A raíz de las dificultades que los dos candidatos de la Nueva Mayoría enfrentan con el financiamiento de sus campañas, ambos cayeron en conductas que inducen a dudar acaso están realmente capacitados para ser postulantes presidenciales.
A partir de este agosto, los candidatos están lanzados en lo que se denomina ‘campaña legal‘: por ley pueden recibir aportes en dinero, ya sea fruto de donaciones privadas o de los partidos que los patrocinan y respaldan.
En el caso puntual de los senadores Alejandro Guillier y Carolina Goic, candidatos del oficialismo, se enfrentaron a ciertos escollos que establece la misma norma que ellos, en su momento, aprobaron.
Goic colindó con el histerismo, cuando reclamó que “La Moneda debe intervenir ya mismo y enviar cambios a la Ley de Financiamiento Electoral”. Su desesperación la instó a exigir a su propio Gobierno una modificación en un texto que ella misma voto a favor en el Senado.
De paso, criticó ácidamente a los bancos cuyos directorios han resuelto no otorgar créditos a la clase política por el ‘riesgo reputacional’ que ello implica.
Goic ya detenta un título en lo que va de su campaña: es la reina de las contradicciones, ello producto de su incoherencia política. Reclama la falta de generosidad del sistema financiero sólo días después de que ---tras su inscripción en el SERVEL-- declarase la guerra al modelo neoliberal de mercado: “hay que eliminarlo de raíz y de una vez”.
Su precaria posición como candidata y husmeando la noche de cuchillos largos que la espera, llegó al extremo de decir que “así como están las cosas, es mejor que el Gobierno le entregue directamente la banda presidencial a Piñera”-
Hace un par de semanas se auto proclamó como exclusiva líder de la ética política, tras bajar de su repostulación al diputado Ricardo Rincón, pero guardó cómplice silencio frente a la candidatura de Marcela Labraña, ex directora del SENAME, y de Roberto León.
Horas después, la primera fue imputada por la Justicia y debió declarar en el caso SENAME, en tanto la Fiscalía presentó las facturas falsas que León entregó a SQM a cambio de financiamiento.
Siempre se creyó, y se pensó, que la aspiración presidencial de Goic era instrumental, una especie de operación política para lograr más cupos parlamentarios. Pero terminó creyéndose el cuento y, sin las competencias mínimas para ello, continuó hasta el final con una aventura artificial de muy negativo pronóstico.
Alejandro Guillier, otro que carece de atributos para ser candidato, tuvo la genial idea de concurrir al Banco Estado a solicitar un crédito personal para su campaña: ignoraba que desde 1995, por acuerdo de su directorio, dicha institución no presta a parlamentarios.
En un ficticio rol de víctima, se comparó con Barack Omana, “quien también tuvo problemas de financiamiento por su origen racial”. El demócrata bi Presidente de Estados Unidos recaudó para sus campañas más fondos que sus rivales republicanos…
La Ley Electoral permite a los partidos transferir e incluso prestar recursos a sus candidatos. No por tacaños el PS no le transfiere algunos de los miles de millones que, por años, tuvo capitalizando en empresas privadas ---entre ellas, SQM--, y el PC no le cursa unos pocos intereses de su venta simulada inmobiliaria por $9 mil millones.
Ambas colectividades están hoy encauzadas sólo en las parlamentarias, porque, por ley, a mayor número de votos, más crecerá la recepción de dinero público. Además, saben el destino que le espera en las urnas a su representante y, al igual que la banca privada, no están dispuestos a correr un ‘riesgo reputacional’.
En el caso puntual de Guillier y Goic, queda claro que, por la cómoda postura de cumplir órdenes de arriba, votaron a favor un proyecto sin siquiera leerlo y que, jamás, imaginaron que les iría a rebotar en sus propias caras.
Esta mala costumbre legislativa no es excepcional, porque, simultáneamente a la polémica por el financiamiento de campaña, afloró la comprobación de que la Ley de Cuotas ---también votada entusiastamente— en vez de favorecer la participación femenina en el Congreso la transforma en un engaño y hasta en una vejación.
Al exigir la norma una presencia mínima de mujeres candidatas, los partidos las inscribieron sólo para cumplir con la norma legal: algunas ni siquiera recibieron instrucciones de qué hacer y de qué hablar en sus campañas. La DC se preocupó de batir todos los record, al registrar a una señora de 87 años.
Todos los cálculos de los expertos electorales dan cuenta de que la ovacionada Ley de Cuotas carecerá, en sus resultados, del objetivo que persiguió al concebirla. Postularlas exclusivamente para satisfacer una condición de la ley no es igualitario ni inclusivo: es un agravio a su condición de mujeres.