PENSIONES: LA HISTORIA NEGRA DE UNA PROMESA
Cuando en las antiguas instalaciones de una fábrica de sombreros de calle Tegualda (la vieja Providencia), se elaboró el programa de Gobierno de Michelle Bachelet, dos de sus ‘reformas estructurales’ estaban en los cinco primeros lugares de prioridad: la eliminación de las Isapres y el fin de las Afp’s.
Hasta la fecha, ninguna de éstas promesas de campaña se han materializado. Menos, su anunciada AFP Estatal, sepultada sin pena ni gloria.
Días atrás, desesperadamente y con un oportunismo de desenlace muy dudoso, Bachelet firmó tres proyectos para modificar el sistema de previsión social y anunció un estudio para cambiar el de Capredena.
Invitó a un “gran acuerdo nacional” para que sus iniciativas se concreten a la brevedad y “beneficiar, así, a los postergados adultos mayores”…
Las tres iniciativas son una "reforma constitucional que crea un Consejo de Ahorro Colectivo", un "proyecto que introduce cambios regulatorios al sistema de capitalización individual" y un "proyecto que crea un nuevo ahorro colectivo, aumenta la cobertura del sistema de pensiones y fortalece el pilar solidario".
Hace dos años y medio, la ‘Comisión Bravo’, convocada para buscar una solución alternativa a las Afp’s en materia de ahorro previsional, entregó su informe a la Presidenta. En el grupo participaron especialistas de todos los ámbitos políticos y expertos financieros y de fondos de pensiones.
En la resolución final no se llegó a un acuerdo consensuado, fruto de las diferentes visiones sobre el particular. Ante ello, La Moneda optó por archivarlo y decidió olvidarse de esta reforma en virtud de que, tal como lo planteaba el documento final, significaría una nueva carga fiscal. A esas alturas, el ministro Rodrigo Valdés había anunciado el frenazo definitivo de los gastos por falta de recursos públicos.
De modificar el rentable modelo de Isapres, ni hablar: también fue archivado.
Sin embargo, en agosto de 2016 estalló bulliciosamente el movimiento “No+Afp’s” que se extendió por todo el país, exigiendo el fin de las administradoras “por abusivas” y por ser las causantes de las miserables pensiones de la mayoría de los jubilados.
La efervescencia popular alertó al Gobierno sobre la conveniencia de ‘subirse al carro’, y la Presidenta no vaciló en anunciar, a mitad de 1916, que subiría el ahorro previsional en un 5% con cargo al empleador.
Su cálculo político y sentido del oportunismo fallaron el 2016 y fallaron, también, ahora, con la firma de estos tres proyectos no viables ni factibles de un acuerdo nacional.
Los empleadores están dispuestos a cancelar de sus bolsillos ese aumento del 5% de ahorro previsional, pero con la condición de que, proporcionalmente, se les dé algún tipo de beneficio tributario, y los trabajadores se hallan felices con aumentar su cotización con dineros del patrón, pero se niegan a aceptar la idea del Gobierno de que una parte de ese incremento vaya al ‘aporte solidario’ para quienes carecen de previsión.
La iniciativa recoge la propuesta del programa de Ricardo Lagos de que “ningún peso más a las Afp’s’ ---en virtud de las exorbitantes utilidades de éstas--, pues ese nuevo 5% de ahorro será administrado…¡por un ente estatal! Es decir, el único ‘aporte solidario’ del Gobierno --el cual tiene necesariamente que jugar un rol clave en ayuda social--, es cargar aún más el gasto en la administración pública.
“Nosotros no podemos hacernos cargo de financiar el pilar solidario, porque no hay financiamiento para ello” justificó el ministro de Hacienda, con una frescura pocas veces vista en él.
Existe una sensación generalizada de la mala fama que se ganaron las Afp’s, y ello porque quienes la idearon calcularon mal las edades de inicio laboral y los niveles de pensiones. Al quedar corto en sus proyecciones idearon el sistema de ahorro voluntario (cuenta dos) para aumentar el futuro monto de las jubilaciones, y su campaña en tal sentido fue casi una burla y una ironía, sabiendo todos que con el sueldo promedio de los chilenos ---poco más de $400 mil— les resulta imposible ahorrar. Por el contrario: les urge un mejor salario.
Es más, la gente, casi en forma unánime, no admite que sólo por administrar, sólo por eso, las Afp’s cobren comisiones abusivas y obtengan millonarias utilidades.
Los empresarios tradicionales, aquellos que generan empleos, se enfrentan permanentemente a riesgos y a las amenazas propias del mercado. En cambio, las Afp’s no; son como las alcancías: sólo reciben. En el caso de que los fondos de inversiones no renten, los que dejan de ganar son los cotizantes, o sea, los trabajadores.
El oportunismo político le falló otra vez a los ‘cerebros’ de La Moneda. En víspera de una elección presidencial muy complicada para la Nueva Mayoría cree que, con esto, puede ganar votos de la tercera edad que sobrevive con pensiones de hambre.
Pero perderá los votos mayoritarios de los asalariados, quienes, con el proyecto, tendrán que descontar de sus propios ahorros un porcentaje para el ‘pilar solidario’.
No es el Gobierno, ni nadie, quien debe decidir sobre los destinos de los dineros esforzadamente ganados por los trabajadores, sino ellos mismos. Por ello, la iniciativa, incluso, tiene perfume a atropello al derecho de libre dterminación, el cual, ojo, es también un derecho humano.
En cuanto al erróneo supuesto de que este trío de proyectos tranquilizarán a las masas que continúan saliendo a las calles con pancartas de “No+Afp’s”, el movimiento anunció un plebiscito para el 29 de septiembre tendiente, no a maquillajes como éstos, sino al fin definitivo de las administradoras. Esta organización, además, y desde su surgimiento, está en manos del Frente Amplio, adversario electoral de la Nueva Mayoría.
