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NOTARÍAS: MEGA ‘APITUTAMIENTO’ OFICIALISTA

¿Qué requiere, y con suma urgencia, la ciudadanía? ¿Qué urgencias tienen en Chile los más postergados? La lista podría ser interminable, más aún en un año de ‘fin de fiesta’ para el Gobierno de la Nueva Mayoría, con un nulo crecimiento económico, altas tasas de desempleo, con una inmigración descontrolada, con un potente endeudamiento del 40% de las familias, con el incremento de ganarse la vida en la calle ‘como sea’, con homicidas sueltos ‘operando’ en inocentes vecindarios, con nóminas de espera interminables en los hospitales y con el manipuleo del IPC para que los precios no dejen a los consumidores con las manos vacías.

No por la desaceleración internacional ni exclusivamente por el pasajero período del bajo precio del cobre, Chile hoy es un país casi en ruinas; tiene un gigantesco endeudamiento fiscal y sufrió una caída en la clasificación internacional de riesgo, lo que le subió el costo del dinero.

Malas políticas públicas, reformas destructivas y no constructivas y proyectos de ley inútiles y elaborados a la rápida, precipitaron al país a un escenario generalizado de pobreza que lo hizo retroceder desde una ejemplar economía emergente a una de las menos dinámicas de la región. Mientras otros del vecindario hace rato que iniciaron su despegue, Chile continúa estancado y la herencia adversa que dejará este Gobierno a su sucesor adquiere mayor volumen a medida que pasan los días.

Chile hoy clama por más hospitales públicos; por más retenes y comisarías que contribuyan a la disuasión delictual; por muchas escuelas básicas; por miles de viviendas sociales, muchas de ellas echadas abajo por mal construidas; por más caminos pavimentados para paliar la contaminación; por más áreas verdes en las ciudades; por viaductos para una mejor interconexión rural e incluso hasta más vertederos para no sacrificar, y condenar a una vida miserable, sólo a unos pocos pueblos.

Necesita eso y mucho más, pero ¡no 101 nuevas notarías, conservadores y archiveros judiciales! Consecuencia de la paranoia de nadie sabe quien, el Ejecutivo, mediante su lenguaraz ministro de Justicia, Jaime Campos, firmó el decreto con los nombres de los postulantes elegidos por él. Lo hizo, dijo, para fomentar la competencia y bajar los precios.

El objetivo de tan descabellada ocurrencia no apunta a ningún tipo de beneficio social.

Según el ministro Campos, personalmente tomó contacto con las Cortes de Apelaciones regionales para detectar la necesidad de más notarias y llegó a la conclusión, matemática, de crear 101. Dio un ejemplo: la Valparaíso requiere otras 10.

En el país ya existen 300 notarías, de tal modo que el incremento planteado por el Gobierno llega a un 30%, aumento histórico, inédito e innecesario.

La Corte Suprema se molestó, al sentirse atropellada por el ministro que eludió el conducto regular y se entendió directamente con las Cortes. Más tarde, el máximo tribunal hizo pública su categórica sentencia: “no existen motivos técnicos ni de otro tipo” para justificar un incremento inédito y simultáneo”. Llegó a sugerir que, a partir de ahora, el Poder Judicial dejase de fiscalizar a las notarías, lo que inmediatamente fue rechazado por el ministerio.

El Colegio de Abogados le bajó el dedo pulgar a la loca idea, en tanto la Asociación Nacional de Notarios aclaró que la competencia entre las oficinas siempre ha existido, ya que rige un arancel que, por ley, no puede ser excedido y las más pequeñas y de menores gastos operaciones tienen, obviamente, tarifas más bajas. Su presidente Alfredo Martín, dio un dato relevante: “hace 18 años que trabajamos con los mismos precios”.

Descartados, así, los domésticos argumentos del ministro Campos, queda al desnudo qu

e esta maniobra sólo busca ‘apitutar’ a funcionarios del régimen (en este caso, abogados) que quedarán sin trabajo en la actual administración pública.

Hace poco, el Ejecutivo materializó un decreto para dejar amarrados a sus cargos a 8 mil funcionarios públicos, de su confianza e ideología, que fueron escogidos por la Alta Dirección Pública.

Sólo entre mayo y julio, el Estado incrementó en un 7.4% la dotación pública: se trata de puestos inamovibles que quedarán de herencia a la nueva administración, contrataciones hechas en medio del persistente déficit fiscal.

Tales situaciones son coincidentes en reflejar el definitivo convencimiento del Gobierno de que no seguirá en el poder. Por eso mismo, se asegura de dejar enclaves en la planta fiscal para reforzar las hostilidades internas en contra de su sucesor.

Históricamente, las designaciones de los notarios han sido producto de influencias, recomendaciones y apadrinamientos parentales o ideológicos, incluso por peticiones de miembros del Poder Judicial, tal como ahora en que dos ministros integran la nómina de postulantes.

Consultado el ministro Campos por este mega ‘apitutamiento’ de gente de confianza del régimen socialista, se limitó a responder que “antes de irse, Piñera hizo lo mismo y nadie dijo nada”…

Como ya es habitual que a este Gobierno todo le resulte mal, la Corte Suprema frenó el decreto exento firmado por el ministro de Justicia para requerir toda la información que a esa Cartera le proporcionaron las Cortes de Apelaciones y para conocer “los criterios” que se tuvieron en cuenta para proceder a la creación de nuevas notarías y a las elecciones de sus postulantes.

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