BACHELET: EL MITO DE LA TRANSPARENCIA

Dirigentes de Chile Vamos revelaron asombro e incredulidad por el llamado público, verbal y vía twitter, que la Presidenta hizo al Tribunal Constitucional (TC) para que vote a favor de su proyecto de despenalización del aborto.

La Mandataria pidió al TC que acogiera “el mayoritario sentir de la sociedad” en esta materia.

Tras ser aprobado por la Cámara Alta, la ley de aborto por tres causales quedó a la espera de un informe de constitucionalidad que le solicitó Chile Vamos al TC.

Independiente de la postura que se tenga sobre el tema, no deja de sorprender la extrañeza que originó en dirigentes opositores la desvergüenza de la Presidenta para presionar públicamente a un tribunal independiente y soberano. Desde marzo de 2015, al estallar el caso Caval, ella permanentemente ha ejercido influencia y presión sobre otros poderes del Estado por casos puntuales y de su personal interés.

En este Gobierno, como en ninguno que lo precedieron, se ha evidenciado la falta de independencia de los Poderes del Estado, tal cual lo establece la vigente Constitución Política.

Al comienzo de esta administración resultó servil la conducta de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, aprobando sin leer los proyectos a media tinta enviados desde el Ejecutivo y que, después, debieron corregirse o rehacerse. El senador Guillier comentó que “me pasaron un gol”, al justificar su voto a favor de una iniciativa en contra de la libertad de prensa: ni siquiera la había leído…

Puede hasta comprenderse que exista un nexo más allá de lo prudente entre el Gobierno y legisladores de la misma sensibilidad ideológica. Pero en el caso de la Nueva Mayoría, ha llegado a ser escandaloso este tipo de relación, al transformarse en humillante dependencia.

Varios ministros corrieron desde La Moneda al Congreso en Valparaíso, portando instrucciones personales de la Presidenta para salvar de una acusación constitucional a su amiga Javiera Blanco. Risas provocó el titular de Justicia, Jaime Campos, al asegurar públicamente que “el Gobierno nunca la ha defendido”…

Casi con júbilo se recibió en La Moneda una encuesta que le da a la Presidenta un 32% de respaldo popular, el más alto desde el caso Cabal, a comienzos de 2015. En todo este lapso, ella se ha mantenido en niveles que fluctuaron entre el 30% y menos de adhesión ciudadanía, y ello se debe a una categórica e indesmentible realidad: ¡la gente no le cree! Le tiene desconfianza.

Cuando recurre a su manoseado discurso de que “hay que dejar que las instituciones funcionen”, amplificado por su vocera Paula Narváez de que “el Gobierno no comenta decisiones de otras instituciones soberanas” se está frente a un escenario de mentira e hipocresía.

Cuando la Justicia citó a declarar a Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos, la Presidenta ordenó para ambos protección especial de Carabineros, e incluso escoltas, en sus primeras declaraciones en la Fiscalía en Rancagua. Ni por rango ni por cargo merecían ese beneficio.

No por una convicción, el recién designado por la Presidenta como Fiscal Nacional, Jorge Abbott, definió como su primera tarea “terminar a la brevedad” los casos de vínculos de políticos y dineros mal habidos, mayoritariamente de izquierda, entre ellos, Rodrigo Peñailillo.

Hay que recordar que éste, ya renunciado, fue interrogado a escondidas por el anterior Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y que al iniciarse las investigaciones contra Javiera Blanco, el persecutor a cargo debió ir a su oficina del Consejo de Defensa del Estado a tomarle testimonio. Ella no tiene fuero.

Al margen de las órdenes dadas desde La Moneda al SII para que no inicie querella contra connotados oficialistas sospechosos de delitos de corrupción, no hay que olvidar la cerrada defensa que la Presidenta hizo de su poco confiable Administrador del Palacio de Gobierno, Cristián Riquelme. Tuvo que renunciar y de sus malas acciones nunca más se supo.

Desde el estallido del caso Caval, del cual intentó desmarcarse al revelarle al país que “me informé por la prensa”, la Presidenta ha tenido permanente ingerencia, más directa que indirecta, en conflictivas y problemáticas situaciones judiciales vividas por estrechos colaboradores, camaradas, compañeros y amigos suyos, reflejando una conducta muy humana, pero totalmente ajena al estatus de un Jefe de Estado.

Ella debió ser siempre la primera en ejercer la transparencia, pero desde el momento en que aún persisten las sospechas sobre la obtención de su título de médico, esa virtud no parece estar en su ADN.

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