LOS CÓMPLICES DE LA OSCURIDAD
Tras el largo apagón que afectó al Gran Santiago, atribuido arbitraria y torpemente a una nevazón de pocas horas, una de las autoridades que mejor reaccionó fue el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI).
Nadie más, y mejor que él, encarnó la rabia, impotencia e indignación de una población sometida a la indiferencia de las empresas eléctricas y de las entidades públicas encargadas de regularlas y fiscalizarlas.
ENEL y CGE --muy mayoritariamente la primera— dejaron sin energía eléctrica a decenas de miles de capitalinos y dilataron la reposición del servicio con excusas increíbles.
De no haber sido por las potentes presiones de alcaldes y de envalentonados grupos vecinales, las empresas, en particular ENEL, y las autoridades sectoriales no hubiesen reaccionado. Malamente confiaron en que la caída de nieve sería una excusa razonable y durable.
No ocurrió así, y ya parecía hora de que hubiese una reacción colectiva de este tipo, porque la gente se cansó de burlas y de abusos. Antes de este fenómeno natural, lo demostró al concurrir a las urnas con su voto protesta en las primarias presidenciales.
El alcalde de Las Condes concitó hasta la admiración, silenciosa eso sí, de la izquierda, una odiosa y antigua perseguidora de su partido (UDI). Convocó a reunir firmas para una demanda colectiva contra ENEL y envió a hoteles a familias que después de días continuaban sin energía eléctrica en sus viviendas. “Mi municipio le paga 250 millones mensuales a ENEL y de esa suma descontaré el costo de esos hospedajes” dijo.
Fue tan extrema la reacción de los perjudicados por el apagón que, en una medida inédita en este tipo de situaciones, los ejecutivos de ENEL (ex Chilectra) concurrieron a La Moneda a dar explicaciones y comunicar su plan de compensaciones. A su vez, la Superintendencia se limitó a lo de siempre, anunciar multas, y del ministro de Energía, Andrés Rebolledo (PS), de quien poco o nada se supo en la emergencia, fue amenazado con una acusación constitucional.
El hecho de que hayan sido los alcaldes y masivamente los vecinos quienes salieron a enfrentar la inoperancia y la apatía de ENEL, revela que la comunidad no se siente representada ni menos defendida por los organismos públicos encargados de obligar a soluciones rápidas en estas emergencias.
Con la finalidad de agilizar los servicios básicos, sacándolos de la abulia de la administración pública, el Estado los privatizó. Corrió un riesgo y éste se sigue corriendo en el día a día, y por eso mismo existe una legislación muy rigurosa que norma las acciones cuando las empresas incurren en cortes y suspensiones temporales.
No obstante, la supervisión ministerial y la fiscalización de la Superintendencia son al ritmo de la administración pública. El control de su parte es nulo y, de haberlo, es superficial. Además, sus medidas de precaución sencillamente no existen.
Las empresas prestadoras de servicios no tienen como objetivo el bienestar de la población que les paga mes a mes, sino tan sólo el incremento de sus utilidades. Para lograrlo rebajan al máximo costos operacionales, los que las incapacita para responder adecuadamente ante las emergencias.
El propio sindicato de ENEL dejó al desnudo las falencias de la empresa en esta materia, al revelar detalles que hicieron, y hacen, imposible una reacción rápida y efectiva. A ello hay que sumar que la gran rentabilidad de la empresa de capitales italianos va en buena parte a cubrir los déficit de su matriz en Roma.
El desconocimiento o intencional ignorancia de estas anomalías por parte de nuestras autoridades públicas las hace cómplices del severo perjuicio ocasionado a millares de habitantes del Gran Santiago.
El abandono de deberes en el rol de regular y fiscalizar a los operadores de los servicios básicos, como la electricidad y el agua, se da coincidentemente con el surgimiento de presiones de sectores de izquierda para acabar con las privatizaciones y ‘robustecer’ al Estado, figura que utiliza el extremismo para referirse al estatismo, o sea, al Estado controlador.
En este caso puntual del largo apagón, la complicidad del Gobierno es total por el incumplimiento de aplicar lo que la ley establece y no hacer respetar lo consignado en los contratos firmados con las empresas particulares cuando ganaron las respectivas licitaciones.
Con diez días de anticipación se anunció la caída de nieve y ninguna autoridad sectorial tuvo la prevención de indagar las medidas de mitigación que deberían haber asumido las empresas ante la amenaza de la naturaleza.
En su habitual rutina de politiquería doméstica, el único que dio señales de alertas fue el Intendente metropolitano, Francisco Orrego (DC). Tiene el hábito de colgarse de las predicciones climáticas de la ONEMI para ‘avisar a la población’ que se les puede cortar el agua o la luz, como si ello fuera lo más natural: “junten en recipientes y compren velas” son sus contundentes recomendaciones…
Pero es muy distinto que se prevenga a las eventuales víctimas de un fenómeno de la naturaleza a que se fiscalicen y comprueben las medidas precautorias adoptadas por las empresas de servicios básicos.
Es este círculo vicioso el que agotó definitivamente la paciencia de los habitantes del Gran Santiago y de algunos de sus alcaldes --casi ninguno de la Nueva Mayoría--, quienes se declararon en rebeldía ante esta implícita colusión de las compañías eléctricas y de las entidades públicas responsables de su regulación.