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“Naturalmente, el caso Caval no me puede resultar neutral por razones emocionales. Pero mientras sea Presidenta no me puedo referir a él”.Dichas declaraciones marcan un antes y un después de la omnipresencia que la Mandataria ha tenido sobre el escándalo financiero y judicial que afecta a su nuera y a su hijo Sebastián.

Su condición de madre, suegra y abuela la llevó impulsivamente a involucrarse en el escándalo desde el primer momento, lo que  —todo Chile sabe–  la indujo a una estrepitosa caída en su popularidad y credibilidad, de la cual jamás pudo levantarse.

Salió a defender a su único descendiente varón y consentido suyo y de su abuela materna Ángela Jeria. En  su desdichado discurso del verano de 2015 (“al igual que todos ustedes, me informé por la prensa del episodio”) y luego en su apoyo a Sebastián por su “brillante desempeño” en la División Sociocultural de La Moneda, se mal jugó todo su rutilante capital de empatía con la gente.

Poco tiempo después se sabría que el “brillante desempeño” de su hijo en La Moneda se tradujo en la orden de éste de borrar el disco duro de su computador oficial.

En las sombras, el apoyo a su grupo más íntimo a se tradujo en la protección policial que “alguien” del Ministerio del Interior ordenó a Carabineros para cada vez que su nuera Natalia Compagnon, o su propio hijo, concurría a declarar. Ambos tuvieron un trato a nivel de ministro de Estado.

Incluso, hay fundadas pruebas  —porque así lo afirmaron los abogados encargados inicialmente de su defensa— que desde La Moneda se manejó la estrategia judicial para que Caval no continuase perforando la imagen presidencial.

El sólo hecho de que Compagnon fuese nuera de la Presidenta inhibió a la Justicia, la que tras formalizarla por los delitos de cohecho y fraude al Fisco –querella ésta presentada por el CDE— sólo se le dio arraigo nacional, en tanto a otros personajes ajenos al Gobierno y también acusados de corrupción se les decretó arresto domiciliario.

En la barra de abogados de la capital se instaló la certeza de que “hay una justicia para los chilenos y una justicia para Caval”.

El blindaje judicial al entorno de la Presidenta no es una sospecha, sino una convicción. El ex director del SII, operador financiero y político de Bachelet, ha sido casi eximido de sus confesas irregularidades; Rodrigo Peñailillo, quien cobró dineros a SQM con facturas falsas para destinarlo a la campaña de su amiga, ha declarados dos veces con beneficios de privacidad y su antiguo recaudador electoral, Giorgio Martelli, se pasea libremente en bicicleta y llega en ella a los tribunales, casi como un turista.

Ninguno de ellos es para la Justicia un “peligro para la sociedad” como sí lo fue un ex gerente de Penta a quien se le negó levantarle el arresto domiciliario por una sola noche para que acompañase a su hija en una actividad única en su vida escolar.

Una variación en su estrategia de defensa originó que la primera nuera de la República dejase de ser beneficiada con los largos e influyentes tentáculos de su hada madrina. Su abogado solicitó que la Corte le levantara el arraigo para que pudiera viajar a Estados Unidos, pero como el tribunal de alzada se lo negó, esto provocó un cambio radical en la conducta de Compagnon.

De la mujer hermética y distante asumió un desafiante protagonismo, denunciando, mediante una proclama, que para ella no existía igualdad ante la ley y con sus duras expresiones originó que la jefa de gabinete de la Presidenta, la poderosa Lya Uriarte, terminase declarando como testigo.

Como por arte de magia, desapareció su hada madrina: la Corte, finalmente le levantó temporalmente el arraigo para que pudiese viajar a Estados Unidos, pero le fijó una garantía hipotecaria, previendo una eventual fuga. No tuvo a nadie que le facilitase una propiedad con tales fines  —memos su suegra— y nadie tampoco telefoneó al Registro Civil para que en cuestión de horas le entregaran su “nuevo” pasaporte, temporalmente “limpio”, o sea, sin arraigo. Debió ir dos veces y hacer fila.

Compagnon, ahora sola y sin protección policial, acudió al Registro Civil con prensa incluida para dar testimonio de que es una ciudadana cualquiera segregada, según ella, por la Justicia y también postergada por los servicios públicos. Pero nadie se cree el cuento de que es “como cualquiera otra”: está formalizada por cohecho, fraude fiscal y el 11 de enero lo será por estafa, con plagio de documentación, hackeo y adulteración de e-mails.

Con toda esta mochila de cargos resulta más que explicable que su hasta ahora mano amiga la haya abandonado.

El tiempo no se ha pasado volando en este Gobierno socialista, el segundo de Michelle Bachelet. Por el contrario, se ha hecho eterno y cuando se observa que su fecha de vencimiento es en marzo de 2018, la espera resultará aún más desesperante.

El papel del Gobierno y de la Nueva Mayoría ha sido equilibradamente negativo y frustrante para todos, y ello desde el primer día hasta la fecha. Es imposible parcelar su rendimiento y tirar líneas en azules para remarcar algún lapso positivo.

Bachelet entra a su último año de con un casi inamovible 24% –a veces, menos–   de aprobación, con sus aliados de la Nueva Mayoría divididos y sin deseos de darle oxígeno para lo que le resta y hasta con su fiel PC arrepentido de serle tan leal, porque, a decir de su presidente Guillermo Teillier, tendrá que pagar el costo de haber traicionado a los movimientos sociales.

A mediados del 2016, el Gobierno levantó la bandera blanca de su rendición, al percatarse de que su “obra de demolición” no podría completarla, ni siquiera afinarla, porque  el Fisco se quedó sin caja. Así de simple: el Ejecutivo de acción se transformó en uno de administración que continúa navegando sólo a expensas de esporádicos vientos favorables.

Sólo el vuelito le permitió llegar con signos vitales a diciembre de 2016, y será ese mismo vuelito el que lo mantendría a flote durante este 2017. Éste es un año perdido porque todos los niveles de tomas de decisiones del país estarán concentrados en las elecciones, primero en las primarias y, luego, en la parlamentaria y en la presidencial.

Si la visibilidad del Gobierno fue escasa y opaca durante el 2016, durante este 2017 será aún más difusa, porque su presencia será superada por acontecimientos que resultan de mayor trascendencia y jerarquía. El ejercicio de mayor relevancia que le queda a La Moneda es el único que sus funcionarios dominan de pe a pa: el intervencionismo electoral.

Todo el trabajo de terminaciones de su “obra gruesa”, concluida estrepitosamente  el 2016, se remitirá a obtener réditos electorales con actos, ceremonias y otras manifestaciones populistas destinadas a crear una sensación de beneficio ciudadano.

En una exclusiva entrevista a un pequeño canal de TV, la Presidenta, al referirse al desbordado conflicto de inseguridad que vive la población, respondió así: “hemos entregado vehículos e infraestructura a Carabineros y a la PDI, pero eso no aparece publicado en ninguna parte, porque más importante es difundir las cosas malas…”.

Parece increíble que ésa sea la visión que Bachelet tiene acerca de los grandes problemas de la ciudadanía. Sobre las muertes de niños y jóvenes en el SENAME aclaró que la mayoría de ellas ocurrieron en centros no administrados directamente por el servicio…

Con esta nula visión de Estado por parte de la Presidenta, a la ciudadanía no le queda más alternativa que contar el paso de los días, tragándose la rabia por tener que pagar los costos de los errores de ella y, siempre, , con la incertidumbre de perder sus empleos en un país que prácticamente no crecerá este 2017 (el Banco Central  proyectó un 1.5).

No hay más escapatoria que armarse de paciencia y esperar a que pasen los días, las semanas y los meses. A estas alturas, ¿qué más da otro año malo si ya hemos tenido tres consecutivos malísimos?

Cada vez que desaparece del mundo un tirano, la democracia que aún es mayoría sobre la superficie del planeta, se pone de fiesta.

El hombre nació para ser un ser libre y vivir dentro de sistemas que le permitieran expresar sin barreras sus expresiones inherentes a su naturaleza: libertad de pensamiento de expresión y de movimiento. El ser humano no se formó para ser oprimido.

Cuba, llamada alguna vez la perla del Caribe, hasta los 50 era  una isla que vivía en permanente fiesta, refugio de millonarios, epicentro de la ludopatía y escenario de los más rutilantes espectáculos. Pero su sistema no era democrático: estaba regido por el autoritarismo de un dictador, entonces Fulgencio Batista.

Por ello, el mundo recibió con alegría y simpatía la noticia del surgimiento de un grupo de valientes jóvenes guerrilleros que desembarcaron desde elGranma  para derrocar al dictador, con más fe que armas. Se le percibió como un movimiento idealista que restituiría la democracia en la isla y, por lo mismo, contó con la ayuda de los propios cubanos para materializarlo.

La prometida democracia nunca llegó y la acción guerrillera adquirió la más terrible de las denominaciones: ¡engaño! Su gestor, Fidel Castro, a poco andar se declaró marxista, juró lealtad doctrinaria a la (ex) Unión Soviética e inició el más largo y cruel proceso de opresión y sometimiento de la población.

La isla gozadora que debía enrielarse por el camino de las buenas costumbres sociales y del desarrollo autónomo, en cosa de meses, Fidel Castro y sus secuaces la transformaron en una cárcel donde eliminaron en el paredón a quien se negó a vivir en ese “paraíso marxista”, se encarceló al que no pensaba igual y la población fue sometida a la fuerza al aprendizaje del comunismo como el sistema político de la salvación.

Sin comida ni libertades de ningún tipo, los cubanos comenzaron a huir en tropel desde la isla en busca de un espacio de libertad, esa misma que este barbudo tirano se las usurpó. Hay miles de tristes historias de quienes perdieron la vida en el intento.

El “libertador” que bajó desde la sierra morena a liberar a su pueblo lo oprimió, lo exterminó, lo sepultó en vida en la más cruel de las miserias y hambruna, mientras procedía a institucionalizar el comunismo como sistema de vida e inculcarlo en las mentes desde los más pequeños en las escuelas para formar al “hombre nuevo”..

Así ha trabajado siempre el comunismo internacional y, por ello, no se le recuerda en la historia alguna historia positiva, de bienestar y progreso. Sólo registra a su haber exterminios  masivos, penurias y sometimiento, de ahí que la más grandes y feroces de sus expresiones ya han desaparecido de la faz de la tierra.

Como sistema social y político, el comunismo no tiene una sola experiencia positiva para recordar ni menos para reconocer: sólo consigna trances de sufrimientos y calamidades para seres que nacieron libres.

Un criminal cómo Fidel Castro no tiene mérito alguno  para ser recordado como caudillo ni menos un héroe o paladín del idealismo. Vivió y murió con las manos ensangrentadas por el horror al que sometió a su propia gente.

Cuesta entender que “delegaciones de alto nivel” anunciasen su presencia para participar de un acto fúnebre del dictador. La candidez y complicidad del mundo político nacional e internacional seguirá llegando a estos excesos de irrealismo, y ello gracias a las cotidianas campañas de desinformación, manipuleo y ocultamiento por parte del periodismo mundial, que está en manos de la izquierda mucho antes de que cayera Cuba.

El desconsuelo del PC es explicable: murió uno de sus exponentes más emblemático. Pero lo que hay que rescatar es que ya no estará más entre nosotros uno de los peores enemigos de la democracia y las libertades. Y ello hay que celebrarlo y gritarlo al resto del mundo para que éste escuche que una tremenda mayoría se resiste a la opresión y al yugo.

La primavera le ha traído buenos aires a la Presidenta: con apenas un modesto 20% de aprobación popular derrotó duramente al movimiento sindical de trabajadores públicos y salió airosa del “gallito” con los partidos de la Nueva Mayoría   —uno más de los muchos que han tenido–, al hacer un cambio de su gabinete ministerial totalmente a disgusto de la  coalición oficialista. No satisfecha con ambos triunfos, terminó ordenando a los suyos, alineándolos tras suyo.

Los partidos de la Nueva Mayoría habían soñado con un contundente sexto  cambio de gabinete: querían fuera de La Moneda a todo el equipo político. Hasta el paro de los empleados públicos pensaban en salvar sólo a Rodrigo Valdés (Hacienda), pero tras el fin del conflicto, los comunistas pidieron su salida.

“No pensé en cambiar el equipo político porque no es tiempo para empezar de nuevo” se justificó la Mandataria para coronar su voluntad. Se limitó a hacer un maquillaje muy superficial de sus  colaboradores por la puntual circunstancia de que dos de sus ministros quieren ser parlamentarios a partir del próximo año.

Ella eligió un camino para llegar al final y los partidos que  –supuestamente– la apoyan tendrán que seguirla, aunque nadie ni nada puede garantizarlo dada la encrucijada actual.

Tras dos cambios forzados y uno imprevisto en áreas no sensibles, los candidatos del sector, Ricardo Lagos (PPD/PS) y el “independiente” Alejandro Guillier, los criticaron “por insuficientes”, en tanto los partidos oficialistas los calificaron de “decepcionantes”. Por meses presionaron por la salida de quienes consideran responsables de la falta de conducción del Gobierno.

En rigor, el cambio fue el que se esperaba, porque, siempre, la Presidenta dio signos de estar muy cómoda con sus ministros políticos, a quienes no cesa en respaldar y proteger. De ello se colgó el inmitable Mario Fernández (DC) para afirmar que “estábamos en la razón en cuanto a la eficiencia de nuestro trabajo”…

Las sustituciones obligadas fueron las de Ximena Rincón, en quien la DC confía una muy buena perfomance electoral para volver al Senado por la circunscripción Maule, en tanto Marcelo Díaz, el ex vocero, podrá hacer realidad un sueño: volver al Congreso, del cual su propio partido, el PS, le cerró la puerta.

Diputado por la zona de Coquimbo, quiso ascender al Senado en la última elección, pero el PS se lo impidió. Dedicado a un trabajo de bajo perfil como asesor, Bachelet lo rescató para enviarlo como embajador a Argentina y, luego, lo incorporó al equipo ministerial en la Secretaría General de Gobierno.

Quien no pensaba ser removida, Natalia Riffo (MAS), fue víctima  de su pobrísima gestión a cargo del Ministerio del Deporte. No sólo no gastó la totalidad del presupuesto en medio del reclamo de los deportistas por falta de apoyo. Su salida no implicó costo político alguno, pues su partido, con un único senador, Alejandro Navarro, renunció a formar parte de la coalición oficialista.

En Trabajo, la Presidenta  designó a una militante DC, más bien conservadora, sin mayor exposición política, Alejandra Krauss, abogada e hija del ex titular del Interior y embajador Enrique Krauss, hoy colaborador de la página de redacción de El Mercurio.

La salida de Marcelo Díaz permitió la “resurrección” de una de las confidentes de la Presidenta, la psicóloga Paula Narváez (PS), ex delegada presidencial para chaiteninos desplazados y para el maremoto del 2010, ambas situaciones en que tuvo más controversias que buenos resultados. Cuando salió de La Moneda tras su primer período, Bachelet se la llevó como su mano derecha en ONU Mujer.

Su primera vocería originó más confusión que claridad, al defender la diversidad al interior de la Nueva Mayoría “porque no todos piensan igual” y al anticipar la agenda que viene: “a partir de ahora, el centro de nuestra atención será la gente y sus problemas”…

Dejó en claro que desde el 2014 a la fecha el centro del Gobierno no fue la gente.

Finalmente, en Deportes designó a un ex atleta y periodista que jamás ha trabajado en el rubro, Pablo Squella, quien las oficiaba de funcionario de alto rango en dicho ministerio. El hecho de que sea un conocedor nada garantiza, ya que, antes,  la actividad siguió igual de opaca con las conducciones de dos entendidos,  Arturo Salah y Jaime Pizarro.

Paro mal suyo, en su primera declaración, Squella arremetió en contra de los competidores de alto rendimiento, a los cuales reprochó su falta de resultados, “siendo que acá hay presupuesto que es la envidia de los países vecinos”. Curioso que un funcionario de dicha repartición ignore que los fondos que destinan, por ejemplo, Argentina, Brasil y Colombia a sus atletas de élite triplican y cuadruplican los fondos que les entrega el Estado de Chile a los suyos.

Curioso: no se asumió como tragedia  ni en el Gobierno ni en la Nueva Mayoría el desastre en las recientes elecciones municipales. Excepto los lloriqueos de funcionarios que perderán sus trabajos correspondientes al consabido cuoteo político, el resto fue como el suspiro que sigue a la muerte.

Los rápidos reconocimientos de los alcaldes oficialistas de sus derrotas y la no concurrencia de los partido al breve acto en La Moneda (en la foto) en el que la Presidenta se refirió al desenlace, fueron reflejo de que el ambiente estaba predispuesto para recibir y absorber una derrota, pero quizás no tan contundente. Ella atribuyó lo ocurrido al “personalismo” reinante en la Nueva Mayoría.

Existían demasiadas señales previas que vaticinaban el duro revés que sufrieron el Gobierno y su coalición. Aquéllas  empezaron a acumularse desde la asunción de Bachelet y fueron incrementándose en forma veloz hasta la víspera misma de los comicios.

En una circunstancia inédita antes de un acto crucial, sólo horas antes el ministro del Interior le reveló a su país sus quejas por la falta de colaboración de sus propios partidos.

La enumeración de los errores del Gobierno en su conjunto no parece oportuna ahora, porque cotidianamente salieron a la luz y son de conocimiento público. Tal acopio de ineptitudes  tienen  a la población pesimista, insegura e incrédula, con un presente oscuro y un futuro más negro aún.

Sólo el experto electoral José Auth, ex PPD hoy independiente, tuvo la audacia de pronosticar que la Nueva Mayoría superaría en alcaldes a la oposición y el locuaz fanático Francisco Vidal (PPD) debió tragarse su vaticinio de que el oficialismo obtendría una muy superior votación que el pacto opositor.

La clientela de la Nueva Mayoría respondió como siempre, disciplinadamente, pero quienes le dieron vuelta la espalda fueron los millares de chilenos que se desilusionaron prematuramente de las promesas de la Presidenta y de su gente. Motivos de ese desencanto son, fundamentalmente, dos: el deterioro progresivo de su calidad de vida y el desenfreno en la corrupción en la elite gobernante. Prueba de ello  es que ningún alcalde con algún vínculo con la corrupción fue reelecto.

La promesa presidencial de que sus reformas estructurales iban a reflejarse en una mejor calidad de vida de los ciudadanos terminó siendo exactamente al revés y los votantes le pasaron la cuenta.

No era sólo presentimiento, sino la certeza más absoluta de que se vendría una derrota electoral de proporciones lo que llevó a la Presidenta, a declarar, horas antes, que “creo que habrá un llamado de atención de la gente” y a encabezar toda una cruzada para que su gente no se abstuviera.

Desde que retornó la democracia al país, éste ha sido el peor de las gestiones gubernamentales, superando en mucho al primer período de Bachelet. Le quitó todos los rótulos de prestigio que el país había logrado ante la comunidad internacional y sumió a la población en una rápida y progresiva pérdida del confort ganado con esfuerzo.

Su total falta de liderazgo y de conducción política del Estado intalaron en la población un abatimiento que se tradujo en lo que, para ella, es “un inexplicable pesimismo”, como si existieran razones para descubrir alguna obra de efectivo beneficio para la ciudadanía.

Este páramo fue lo que el chileno leyó en la campaña municipal del oficialismo. Dejó constancia en los votos de que no quiere más de este socialismo de manos sucias y que tiene esperanzas de que desde la vereda opuesta surjan quienes lo vuelvan a confiar, a creer y tener una cuota de fe en que habrá días mejores.

Así, haber esperado un triunfo en las municipales era mucho más que un sueño: era una ficción.

De terror o suspenso, la novela que han escrito Michelle Bachelet y su Nueva Mayoría está llegando a su final. El cierre es fácil de predecir porque todos, si no lo sospechan, tienen la certeza de que será  cataclísmico y aterrador.

Excepto la Unidad Popular, no se recuerda a otro Gobierno que –como éste— dejará a su sucesor un país en ruinas y con depresión colectiva.

Por las páginas ya escritas y leídas, existe la convicción de que la última página será brutalmente desoladora y decepcionante, que se vlislumbra casi imposible una segunda edición.

A esta historia de conflictos y fracasos le queda por escribir,  quizás, el capítulo más fascinante y misterioso de todos: el proceso presidencial  oficialista, todo un enjambre de  interrogantes, discordias y enredos.

Con la descomunal mochila de los acumulados errores de gestión del Gobierno y después de la paliza recibida en las elecciones municipales, la ascensión izquierdista a La Moneda parece tener más rocas en el camino. Nadie, ni el más optimista o soñador de los cuadros oficialistas, se imaginó la contundencia con que el electorado iba a golpearlos.

Durante todos los capítulos anteriores, jamás los socios de la Nueva Mayoría estuvieron de acuerdo en escribir un mismo texto acorde a los intereses comunes, y menos lo estuvo la Presidenta que se rigió casi exclusivamente por la pauta que le presentó el PC.

Si en todo el tiempo anterior nunca se avinieron y sus pocos coincidencias se redujeron apenas para sellar algunos proyectos de sincronía ideológica, es todo un enigma suponer que ahora sí, en el capítulo pre elección presidencial, habrá  sintonía.

La primera y desconcertante sorpresa tras la hecatombe electoral del Gobierno fue que se mantuvieron intactas las intenciones de los postulantes de la izquierda, como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. Más de alguno pudo sacar cuenta cortas de que con la baja votación, aspirar a un triunfo en noviembre de 2017 es casi un acto demencial.

Sin hacer el menor balance político de lo ocurrido, Isabel Allende y José Miguel Insulza  —ambos PS— ratificaron que siguen interesados en ser candidatos, pero siempre participando en primarias; Alejandro Guillier guardó un prudente silencio luego que se perdieron los dos concejales que él apadrinó en Antofagasta, y Ricardo Lagos, quien con talla de Presidente, fue el único en dar la cara, al al asistir al lúgubre comando de Carolina Tohá para decir que “hay que hacer rectificaciones y evitar más rechazos al vínculo del dinero con la política”. Muy serio, se preguntó: “algo pasó aquí, porque la gente no votó por ella pese a su macizo trabajo a la cabeza de la comuna”.

Ninguno dio signos de que tras lo ocurrido repensarán los alcances de su eventual postulación. Similar  actitud asumió la Presidenta, quien se limitó a considerar frívolo que se culpase a sus ministros del Comité Político: “¿a quién se le puede ocurrir que cuatro personas son responsable de todo?”.

Cuesta creer que nada cambiará y que el Gobierno, divorciado hace rato de los partidos de la Nueva Mayoría, se dedicará a aprovechar el vuelo a la espera de que llegue su final. No son pocos en el oficialismo y todos los rupturistas que estuvieron detrás de Jorge Sharp que aseguran que “el Gobierno ya se fue a casa”…

No parece creíble esa percepción y son claras las señales de que Bachelet se jugará por la continuidad y utilizará para ello el peso específico de Lagos Escobar. Es evidente que La Moneda lo está ayudando: la cesión de Máximo Pacheco para que fuese su generalísimo y, luego, la visita de Lagos Weber a la Mandataria, tras lo cual narró que habían hablado de elaborar menos pero mejores proyectos. Ésto coincide con las “rectificaciones” anunciadas por el candidato la noche de la derrota de Tohá.

La apuesta de esta complicidad tiene un gran riesgo: el poco tiempo. Si en tres años, la Presidenta rehusó modificar el rumbo de sus acciones para hacerlas menos perjudiciales a la gente, en los seis meses reales de mandato que restan no se garantizan  fás  correcciones que se adecuen a los intereses del postulante.

Fruto de esta sociedad –que se venía estructurando hace meses–, la DC se resintió y se alejó, molesta de La Moneda. Carolina Goic, otrora muy cercana a Bachelet, consideró arbitrario este apadrinamiento a Lagos, y remachó con fuerza su interés del camino propio directamente en primera vuelta y, con toda certeza, con ella como carta presidencial.

Pero la DC sabe mejor que nadie que en solitario no llega a ninguna parte y tendrá que explorar acuerdos sobre un “centrismo” que ya nadie se lo cree. Pero tiene claro que una candidatura suya, liquida automáticamente cualquiera otra de sus actuales socios.

Raya para la suma, Lagos se estaría quedando sólo con el apoyo del PDD y de parte del PS en la medida en que Allende se niegue a despejar el camino en el que ella no tiene opción alguna. A lo más, el ex Presidente podría sumar los votos del radicalismo cuando Guillier tome conciencia de que nadie cree en él por su condición de aprendiz básico de la política.

Queda, por último, una última alternativa, pero que es la más vaga  y la más teórica: la de los comunistas. El locuaz reelecto alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, es un convencido de que la única vía de retener el poder el 2017 es formando un Frente Amplio donde converjan todos los actuales miembros de la Nueva Mayoría, más los movimientos rupturistas de extrema izquierda que, tras el “shrpazo” en Valparaíso, de inmediato comenzaron a preparar su referente para las presidenciales del 2022.

Un frente sin límites fue el que se configuró para elegir a Bachelet y las pruebas de su fracaso están a la vista. Para mayor claridad del propósito del PC, Jadue, lo situó es un Estado regulador y controlador, sistema de Gobierno del cual huyen cada vez más países.

El solo análisis del panorama electoral presidencial del actual oficialismo se advierte tan complejo que resulta imposible avizorar una puerta de salida. Son demasiado complejos los elementos que desde ya empezaron a intervenir e incidir en el proceso electoral de la izquierda, que tan rápido puede haber un estallido o una solución. La permanencia en el poder todo lo puede. Así como París valió una misa, La Moneda ¿por qué no puede valer un acuerdo por descabellado que sea?

Es de mal gusto usar los resultados de las encuesta CASEN en beneficio de una campaña electoral o de un Gobierno en particular. Esta investigación, responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social y sospechosamente atrasada en esta oportunidad, no es un AS caído del cielo que ayude a ganar una mano de 21 Real.

Quien lo entienda así, o lo asuma así, está jugando con fuego, porque se trata de leer e interpretar datos respecto a los cuales  –primero–  ninguna autoridad suele preocuparse y –segundo—fáciles de ser atribuidos a fenómenos simplemente inexistentes.

Casi para ningún Gobierno, y menos para éste, la pobreza ha sido un tema prioritario de solucionar y es cuestión de echar una vistazo al pretencioso y revolucionario programa de Gobierno de este segundo período de Bachelet para constatar que la pobreza no aparece por ningún lado y comprobar, después, que ninguna de las reformas “estructurales” han tenido algún vínculo ni menos incidencia en la superación de este flagelo.

Resulta hasta inmoral “cantar victoria” cuando el descenso de la pobreza es el más bajo desde 2006  —primer Gobierno de Bachelet— y, lo más relevante, la medición de la CASEN corresponde a 2015, cuando la realidad socioeconómica del país no llegaba a los paupérrimos niveles de hoy.

Casualmente, justo en vísperas de la elección municipal, se “celebra” que los chilenos en situación de pobreza disminuyeron  desde un 14.4% a un 11.7%, lo que llevado a números de personas corresponde a 200 mil. Es preciso consignar que durante la anterior administración dicha cifra fue de 400 mil.

En el país hay 3.5 millones de pobres y 1 de cada 5 niños vive en situación de pobreza, ello al margen de que en los últimos meses, los campamentos  —armados de emergencia y sin servicios básicos– han aumentado consecuencia del deterioro económico del país.

La medición de la pobreza tiene parámetros imprescindibles: empleo, salario, vivienda y familia. Cualquiera investigación realizada sin considerar alguno de estos parámetros dará resultados erróneos.

De atenerse a éstos, se concluye que esta radiografía de la CASEN no corresponde a la realidad actual, porque aumentó el desempleo; cayó fuerte el número de personas que recibe salario al dispararse el trabajo por cuenta propia; se contrajo la construcción de viviendas sociales y cada día se desploma el concepto de familia con sus grandes bolsones de drogadicción y delincuencia.

Necesariamente hay que contar como pobres a quienes viven sólo del tráfico de estupefacientes y a quienes se dedican a robar y/o asaltar para sobrevivir.

Las protestas de los numerosos movimientos “sin casa” son pan de cada día y centenares de familias afectadas por terremotos y aluviones continúan esperando (de allegados) que se les reparen  sus viviendas. A ellos también hay que contarlos como pobres, más aún si sus necesidades las hacen en baños químicos, como en Diego de Almagro.

La pobreza no se remite a la vida miserable en campamentos periféricos, sino engloba también al abandono de posesiones: hoy son millares los chilenos que están devolviendo, o perdiendo,  sus propiedades por incapacidad de pago.

Sondeos rápidos hecho en las calles tras conocerse este “notición” del Gobierno por la CASEN, dan cuenta de que nadie se lo tomó en serio, porque todos se definieron “cada vez más pobres”, porque cada día el dinero les alcanza menos para adquirir bienes e insumos básicos como la alimentación.

Este Gobierno, desde que asumió, ha jugado con la credibilidad de la población, haciéndola creer que su cadena de errores y desaciertos son en beneficio de la gente. El engaño es una antigua argucia política, pero es inaceptable cuando una cifra engañosa, que no es retrato fidedigno ni actual, se maneja oportunistamente en víspera de una elección.

Es un ejercicio de imaginación, pero bien vale la pena intentarlo: si el actual régimen dictatorial de Venezuela fuese de derecha ¿cuál sería la postura del Gobierno de Bachelet? Tras la deslucida Cumbre de países no alineados que se realizó en la isla Margarita, Chile y Panamá hicieron un llamado al diálogo entre las irreconciliables fracciones en conflicto en aquel país, y ello, obviamente, para evitar comprometerse con la repulsa mundial a Nicolás Maduro, violador sistemático a los derechos humanos.

Poco antes, varios países sudamericanos –naturalmente menos Chile–, desconocieron la presidencia pro tempore que le corresponde a Venezuela en el MERCOSUR. Y después, nuestra Cancillería debió digerir amargamente una insolente respuesta del Gobierno venezolano, luego de que protestara por el apresamiento y misterioso encarcelamiento de un periodista chileno –Braulio Jatar– en dicho país.

Parte, y muy activa, de este Gobierno de Bachelet es el Partido Comunista, y su presidente Guillermo Teillier se apresuró en advertir que Chile no puede intervenir en los asuntos internos de Venezuela, porque sería una“ingerencia indebida”.

El comunismo es virginal porque nació libre de pecado. Puede oprimir, apresar, anular libertades y hasta matar, pero de sus persecuciones e históricas masacres sale siempre impune.

La izquierda dura en todos sus matices, el terrorismo político, los subversivos y el anarquismo son semillas distintas –aunque igualmente dañinas–, pero nacidas en el mismo macetero. El tenebroso Foro de Sao Paulo elaboró las coordenadas para que toda Latinoamérica fuese una copia de Cuba, pero la historia reciente y actual da cuenta de que el objetivo de vasallaje falló: se derrumbó el chavismo, luego el kirchnerismo, después el “dilmaismo”, ya viene el fin del bacheletismo y sólo faltan el cese de Correa y Morales para que la región quede más o menos limpia.

Lo ocurrido en Colombia con las FARC es el ejemplo más categórico de que el comunismo sale impune de todas sus bellaquerías, tal como ocurrió en Europa del Este, en la ex Alemania Oriental, en Unión Soviética y en Asia, donde aún persiste la presencia de sus tentáculos.

Corea del Norte es la expresión más aberrante y cruel del comunismo del siglo XXI, en tanto Cuba montó una ficticia apertura por su asfixia económica para seguir escondiendo a sus presos políticos y la ausencia de libertades.

Pese a todos sus genocidios no se sabe de comunistas encarcelados por crímenes de lesa humanidad. Los poquísimos presos en nuestra Araucanía son por un doble asesinato y por graves delitos comunes.

Con Chile de intermediario, el Gobierno colombiano y las FARC llegaron a un acuerdo de paz. Para lograrlo, la guerrilla narco/comunista exigió a la administración demócrata de Ernesto Santos que ningún subversivo podía ser condenado.

La acción de ese contingente subversivo originó la muerte de 300 mil personas y el desplazamiento de 2 millones de personas, pero las “inocentes” FARC exigieron compensaciones monetarias para sus “jubilados” y que se les asegurara la presencia en el Parlamento, y no por votación, de un puñado de sus miembros.

Los insurgentes durante 50 años intentaron por la fuerza  transformar a Colombia en otro “paraíso socialista” y fracasaron. Tras sus sangrientas operaciones, hoy se presentan como generosos contribuyentes a la paz, una paz celebrada en todo el mundo.

En Venezuela  —bien lo sabe el mundo—, Maduro fue elegido  “democráticamente” gracias a unos comicios mañosos y hoy, solitario en el poder, se mantiene en él como dictador fruto de que su ex jefe e inspirador dejó a las Fuerzas Armadas políticamente infiltradas. Hoy son sólo ellas las que mantienen en el cargo a uno de los Presidentes más censurados e ignorantes del planeta, pero como es de izquierda goza de la protección y solidaridad internacional socialista.

De ahí que al comienzo de estas líneas hacíamos la pregunta: ¿qué pasaría si Maduro y esos militares fuesen de derecha? Nuestro PC ya los habría denunciado ante la ONU y ante cuanta organización mundial existe sobre derechos humanos y hace rato hubiese exigido el inmediato fin a las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Sin embargo, el comunismo criollo le pide a La Moneda no inmiscuirse, aunque la víctima de la represión sea un chileno.

Otro de los efectos inmediatos que originó la consulta electoral del CEP apuntó al corazón mismo de las cartas que está jugando la Nueva Mayoría para intentar retener el poder después de este catastrófico Gobierno.

Al nerviosismo natural originado en la Nueva Mayoría por el alto índice de indecisos (62%) hay que sumar  el anuncio de la DC de llevar candidato propio a primera vuelta y la decisión de la izquierda dura de agruparse en un contingente distante del oficialismo.

Este camino propio del extremismo afecta directamente la opción de Ricardo Lagos, pues puede ver perforada su plataforma de eventuales electores. Su amigo y asesor Ernesto Ottone ya había advertido que “aún no están los votos necesarios” y menos ahora que se disipó su ilusión de conquistar a la izquierda ultra.

Para mayor incertidumbre, la CEP le puso más ají a la carrera presidencial del oficialismo, al ubicar al ex Presidente sólo con un 5% de preferencia y superado por un independiente de izquierda  —Alejandro Guillier— y por el opositor Sebastián Piñera.

El panorama, que se advertía oscuro, se puso más negro aún por los niveles de incertidumbre que se vislumbran: un 62% de los encuestados no sabe por qué candidato se inclinará. Inclinar a este amplio margen de indecisos lo decidirán las respectivas campañas llegado el momento.

Quien primero dio señales de cuáles podrían ser los efectos de la CEP en la estrategia electoral oficialista fue José Miguel Insulza (PS), quien de inmediato saltó para anunciar estar dispuesto para la contienda electoral en caso de que se lo pidan. El actual agente ante La Haya por la demanda boliviana ha estado permanentemente al acecho, a la espera de la decisión final de Lagos y en términos futbolísticos podría considerarse que es su suplente.

Él, en la encuesta del CEP, aparece inmediatamente detrás de Lagos y por arriba de Isabel Allende. Ésta, con apenas un 1%, fue emplazada por un sector de su partido para que defina a la brevedad si será o no candidata.

Hasta hace poco se decía que el plus de Insulza era su disposición a ir a primarias, al revés de Lagos que aspira a una candidatura consensuada. Pero ahora, con los remezones y el derrotismo al interior de la Nueva Mayoría, una eliminación previa parece inoficiosa.

El entorno de Lagos Escobar aminora el impacto de su 5% de respaldo que certificó la CEP en el hecho de que no ha realizado signo alguno de campaña “porque no es candidato”. Pero, de ser válido, dicho argumento podría aplicarse a Alejandro Guillier, quien impulsado por el PR enarbola la bandera de los independientes de izquierda y aparece encabezando las preferencias.

Guillier está donde está porque surge como cara nueva, aunque no lo es, y porque la izquierda lo asume como una opción, al carecer de una sólida carta propia. Hay que agregar que por años tuvo una gran exposición pública como conductor de noticias en varios canales de TV.

Se le debe considerar un pasajero transitorio en esta carrera presidencial, porque apenas surja el fuego de la campaña electoral no será capaz de resistir impactos que seguramente le darán bajo la línea de flotación.

Este sociólogo y periodista de la Universidad del Norte en su condición de jefe de Prensa de CHV ordenó un seguimiento con cámara oculta al entonces ministro Daniel Calvo para comprobar que asistía a un sauna gay. La Justicia lo condenó a él y a su equipo periodístico, pero fue el único que no sufrió penas al optar por la lectura de disculpas públicas.

Debe estar más que preocupado por la debacle de Bachelet en cuanto a percepción popular, ya que fue tan cercano a ella que en una ocasión lució a su lado en una cadena nacional y, para peor,  hizo publicidad a las Isapres, ho, junto con las AFP, las instituciones más despreciadas por la ciudadanía.

Ya como senador, pese a su condición de periodista, votó a favor de la “mordaza” en el marco de la discusión de la ley corta anti-delincuencia.

Para el oficialismo, todo parece seguir canalizándose en Lagos, Insulza y Allende, aunque, ahora, con un fuerte incremento en las dudas en torno al ex Presidente. Pese a su permanente ronda de contactos y a los estímulos públicos de su entorno, debe estar pensando el doble de lo que lo hacía antes de la CEP. Realistamente, su porcentaje está muy por debajo de sus expectativas.

Si algo a lo cual Lagos Escobar rehúye por su naturaleza es al fracaso y no se expondrá a una experiencia similar a la vivida por Frei Ruiz-Tagle.

Otro factor que será determinante en la decisión final de Lagos es que justo cuando estaba lanzando anzuelos atractivos para la Revolución Democrática de Giorgio Jackson, éste sella un acuerdo con otros movimientos de izquierda dura que nada quieren saber con la Nueva Mayoría ni menos con “conservadores” como él.

Jackson y el extremista Gabriel Boric formarán un partido que proyectan para las elecciones subsiguientes e iniciar el anhelado “nuevo ciclo político” que no pudoi cristalizar este segundo período de Bachelet.

Si a la dupla Jackson/Boric se les suma la irrupción del sindicalista Cristián Cuevas (PC) y los aportes de los “chavistas” Alejandro Navarro y Sergio Aguiló, está claro que el blanco del  voto duro de la izquierda no será el mismo que el de la Nueva Mayoría.

A confesión de parte, relevo de pruebas. El ministro de Energía, Máximo Pacheco, graficó en toda su magnitud el catastrófico resultado que para la Presidenta, su Gobierno y la Nueva Mayoría tuvo la encuesta CEP. Dijo que“nuestro error fue creer que al hacer descansar todo en su nombre estaba todo arreglado”.

En la consulta de opinión más importante del país  —porque no toma fotografías de períodos específicos—, Michelle Bachelet batió todos los record de impopularidad: tuvo apenas un 15% de respaldo ciudadano; es la de menor aprobación de Sudamérica, superando incluso al dictadorcillo Nicolás Maduro (21%); un 50% de quienes se confiesan de izquierda impugna su gestión  y nunca antes, en la historia democrática del país, un Presidente había tenido tan asombroso nivel de rechazo.

Tras estos datos catastróficos, la conclusión del ministro Pacheco fue definitiva y lapidaria: “con un 15% de aprobación a la Presidenta es imposible gobernar un país”.

Toda su gestión, desde el primer día, se ha orientado a la consecución de este desastroso final y su escueta reacción a esta verdadera tragedia para ella así lo confirma: “este 15% me estimula más a trabajar con gran fuerza para seguir tras el cumplimiento de las promesas que le hicimos a la gente”.

Descompuesta, la Nueva Mayoría, la misma que se organizó para a través de ella, recuperar el poder, a excepción del PC culpó a La Moneda del desastre, en la más desvergonzada de las reacciones, ya que, como si nada, olvida que no sólo fue su candidata sino también es su Presidenta y que la coalición está en la misma vereda y no en la de enfrente.

La Nueva Mayoría, como alianza gobernante, obtuvo un 8% de aprobación, varios puntos más abajo que el opositor Chile Vamos.

¿Qué ocurrió que el bacheletismo terminó transformándose en este bachelesismo? Algo muy simple: la deformación fetal del conglomerado de Gobierno.

Bachelet se fue derrotada por Sebastián Piñera con un 50% de aprobación popular en marzo del 2010, sin duda todo un fenómeno. De buenas a primera costaba hallar una explicación para que una izquierdista que le entregó el poder a la derecha se fuese a su casa con tan alto nivel de respaldo. Por lo mismo, su nombre afloró como la única opción de que la izquierda volviese a La Moneda.

Ése fue el bacheletismo: un fenómeno atípico, absolutamente personal, generado por la afinidad que esta mujer originaba en los mayoritarios sectores medios/bajos de la población. Su sonrisa perenne, su semblante de bondad casi maternal,  ese aire de mujer común y corriente, con blazers colorinches, algo de gordura y con un bamboleo para caminar sobre tacos medios, la mimetizaron con el resto de la población.

Sin conocimientos políticos, sin liderazgo, sin el don de la palabra, sin habilidad para dirigir a un país y menos aún con algún tipo de trayectoria, arrasó el 2005 como igualmente lo hizo el 2013.

Su gran decisión política, y finalmente fatal, que adoptó es la que hoy tiene al bacheletismo sustituido por el bachelesismo: para aceptar la segunda candidatura exigió, como garantía para ser electa, ampliar la plataforma electoral hacia todos los extremos de la izquierda.

Asumió erróneamente que el calentamiento social que le hizo la vida imposible a Piñera debía aprovecharlo y reclutó a los más radicales reformistas para construir el “nuevo Chile” en cuyo intento había fracasado Salvador Allende.

Con mayoría en ambas Cámaras y con el respaldo de una juventud esperanzada en que ahora sí vendría una real revolución, echó a andar el “nuevo modelo” encargado de destruir la economía y la institucionalidad.

Privilegió los fines ideológicos por sobre los intereses ciudadanos, acometió cuanta iniciativa destructiva le aconsejaron sus amigos y asesores de confianza, se dotó de un equipo incompetente y no prestó atención a ninguno de los requerimientos que realmente preocupan a la gente.

La encuesta CEP da cuenta, de modo patético de su equivocación: entre las 20 necesidades de la ciudadanía, su “proceso constituyente” para hacer una nueva Carta Fundamental está en el penúltimo lugar. La delincuencia, que su Gobierno no ha sabido controlar, está en el primero y la Salud, la que omitió por completo en su programa, se halla en el tercero.

Otra de las grandes preocupaciones de los encuestados fue los altos índices de corrupción, y lo que ha hecho la Presidenta es esconderla, partiendo por su propia familia, y fomentarla, al proteger a políticos y amigos de la acción de la Justicia.

Al intentar ser política le erró medio a medio porque, fiel a su formación juvenil y a la influencia materna, priorizó los objetivos de la izquierda dura por sobre los de los chilenos. Comprobante de ello es que el PC, en medio del pánico que le originó a la Nueva Mayoría el sismo de la CEP, declaró que no está de acuerdo en una modificación de rumbo del Gobierno, pero sí en la “reafirmación del camino de las reformas”.

El bacheletismo murió el mismo día en que se conformó el equipo para redactar el programa de éste su segundo y final Gobierno de su vida.

El 24 de julio de 2016 habrá que asumirlo como la fecha en que la ciudadanía gritó “¡basta!” y salió a las calles a exigir no más abusos. Fue, éste, un día que se estaba incubando por años y que estalló ante el surgimiento de escandalosos casos de jubilaciones fraudulentas en la administración pública.

Casi 150 mil personas en Santiago y otras 300 mil en Regiones, autoconvocados por redes sociales, sin encapuchados, piedras ni bombas Molotov se manifestaron en contra de sus precarias condiciones de vida a causa de pensiones de hambre.

La sociedad en su conjunto tomó el peso a que el 2050, el 60% de la población será adulto mayor y tendrá que valerse con un ingreso que ni siquiera alcanza para la sobrevivencia, ello gracias al actual sistema de cotizaciones de las AFP.

Este 24 de julio fue un punto de inflexión que marca la abismante diferencia entre lo que la gente necesita y lo que el Gobierno socialista le ofrece: 400 mil personas salieron a protestar por sus pensiones de hambre y, ese mismo día, 13 mil  opinaron en 71 cabildos del proceso constituyente, una obsesión presidencial de alto costo y, también, de alto desinterés de parte de la comunidad.

El descontento multitudinario por el martirio de millones de sobrevivir con pensiones miserables no es nuevo. Es de vieja data, sólo que reventó tras la revelación de los discriminatorios  “jubilazos” en Gendarmería, un privilegio alentado por la mismísima ministra de Justicia.

La pérdida de paciencia de la población fue gatillada por este  episodio puntual, atribuible al tráfico de influencias de este Gobierno, pero el origen del problema es antiguo, desde cuando al mundo trabajador se le instó, con engatusamientos y engaños, a que dejasen sus antiguas Cajas de Previsión y adhiriesen al “ventajoso” sistema de las AFP.

No se recuerda una campaña tan feroz para captar clientes como la promovida y llevada a cabo para tales objetivos, con un ejército de captadores comisionistas nunca antes visto. Pero jamás a nadie se le advirtió que para tener una pensión que le permitiese, al menos, preservar su nivel de vida tenía, necesariamente, que ahorra en una cuenta dos. 

Sólo cuando los cotizantes advirtieron lo menguado que iban a ser sus montos de pensiones se percataron de que el sistema los había engañado: con el bajísimo nivel salarial chileno, ahorrar resulta un verbo tan desconocido como inalcanzable. En el “ofertón” tampoco se aclaró que el fondo se acabaría algún día y que el jubilado viviría la peor vejez imaginable.

Las propias AFP se encargaron de contribuir a este presente lastimero de los pensionados con sus inversiones erradas que les han significado a algunas millones de dólares en pérdidas de dineros pertenecientes a quienes, en plena vida laboral, cotizaron.

Así como el Estado, por motivos puramente políticos, se ha hecho cargo de de innumerables iniciativas inconducentes, tiene la obligación moral y humana de contribuir con una solución a este drama mensual que viven millones de compatriotas. Aunque este Gobierno no parece proclive a ello —una prueba de ello es su indiferencia ante la tragedia de la salud pública–,  el estallido social del 24 de julio, espontáneo y pacífico, resultó ser la más potente rebelión de una ciudadanía colmada de que se abuse de ella y demanda soluciones a sus reales problemas.

El sistema previsional no resiste más y el único remedio propuesto por el Gobierno, el de una AFP estatal, se parece más a curar el cáncer con veneno que a una genuina solución.

La visita “privada” del canciller aymara/boliviano David Choquehuanca a  los puertos de Arica y Antofagasta nada tuvo de privada ni menos de pacífica, como él mismo se encargó de aclarar al momento de llegar por tierra junto a su numerosa comitiva a territorio nacional.

No fue privada porque lo hizo en compañía de una delegación de periodistas para difundir “al mundo” todas sus actividades y de parlamentarios afines a la administración de Evo Morales. El liviano y rápido chequeo de Policía Internacional hizo imposible detectar algún otro tipo de acompañante camuflado en la delegación…

Al cruzar la frontera, Choquehuanca hizo un comentario que recordó los entretenidos filmes de indios peleando contra soldados de la Unión. “Vengo en son de paz” dijo, aludiendo a que la suya era “una visita amistosa a un pueblo hermano”, la histórica palabrería de nuestros vecinos del norte que, tras la Guerra del Pacífico, no es precisamente cariño el que nos dispensan.

El ex ministro del Interior y flamante panelista político de la TV, Jorge Burgos, fue quien mejor definió su presencia: “viene a puro joder”. Pese a que dicho objetivo lo conocía bien la Cancillería, ésta fue incapaz de articular algún mecanismo para truncar una visita non grata y que de antemano se sabía odiosa y provocadora.

El ministro Choquehuanca alistó su viaje con la actitud premeditada de desenvolverse en lo que errónea y de muy mala fe, considera enclaves bolivianos en la costa chilena, siendo que ese territorio y sus puertos son soberanía nacional, sólo que por ahí transita –sólo eso— el comercio internacional de su país.

Si su objetivo era chequear el proceso portuario de su comercio, la suya debió ser necesariamente una visita oficial, además si, provocativamente, llegó hasta el  río Lauca, de absoluta soberanía chilena. Si contradictoriamente todas sus actividades –anunciadas con anticipación– nada tuvieron que ver con un viaje privado, cuesta entender que se haya permitido.

En este “dejar hacer” a Bolivia hubo gran responsabilidad  del ministro Heraldo Muñoz, quien no actuó como lo hizo recién una vez que Choquehuanca se marchó, al anunciar que en adelante a los funcionarios del Gobierno de ese país se les exigirá visas, las que, naturalmente, podrán ser autorizadas o denegadas. Peor parada salió la Presidenta, quien no antes sino después de que aquél pisara territorio nacional, anunció que “no podrá ingresar al puerto de Arica”.

Su categórica advertencia generó alarmas de todo tipo por lo enérgico del tono, pero al final el grupo lo hizo igual tras una espera de seis horas en las puertas del recinto. Bachelet quedó en ridículo y Choquehuanca, indignado:“esto no quedará así y  traerá consecuencias” gritó, en tanto el titular del Senado boliviano golpeaba a una funcionaria del terminal marítimo.

En Antofagasta, la alcaldesa de la ciudad, en un gesto que no correspondía por tratarse de una visita no oficial, concurrió a saludar a Choquehuanca, pero éste la dejó con la mano estirada. Comentó que sus compatriotas  transportistas denunciaron ser mal tratados en rutas y puertos chilenos, ante lo cual recién el canciller Muñoz reveló que las zonas de espera de los choferes tienen comodidades excepcionales, como conexión en red con el puerto y camarines de lujo.

También, y recién ahora, se da cuenta de que ciertos materiales químicos no pueden acopiarse en el puerto porque lo impide nuestra ley medioambiental y, recién ahora, el canciller Muñoz descubre que el Gobierno boliviano tiene una deuda millonaria con el concesionario del terminal portuario ar.

La diplomacia chilena parece empantanada en su viejo vicio de reaccionar y no anticiparse a los hechos. De ahí que se asumiese como un bálsamo la decisión de demandar a Bolivia ante la CIJ por las aguas internacionales del Silala y ya debería haber hecho lo mismo por los recursos del Lauca, como igualmente  acudir a la Cámara Internacional de Comercio de París para demandar el pago de la deuda al terminar ariqueño.

En su desvarío, Choquehuanca, antes de partir reclamando por el tamaño de los containers y el calado de los barcos, terminó por contar lo que pudo haber hecho desde La Paz: lo que Bolivia requiere es un puerto propio y, por ende, soberano en el Océano Pacífico norte. Ello, automáticamente implica invalidar lo escrito en el Tratado de Paz y Amistad de 1904.

Recuérdese que Bolivia reclamó ante la CIJ de La Haya que Chile había“incumplido acuerdos” establecidos en dicho Tratado, en especial los referentes a tránsito y facilidades comerciales. Fue ese antecedente el que impulsó a los jueces de la Corte Internacional a iniciar el juicio que puede llevar a Chile a ser obligado a conversar con Bolivia,  pero nada más que eso, como quedó establecido en la sentencia.

Fue aquella confesión la única consecuencia positiva que le dejó a Chile la ingrata visita de Choquehuanca a dos puertos nortinos. Sabe muy bien la comunidad jurídica internacional y, por ende, la Corte de La Haya, lo que significa desconocer un acta voluntaria y libremente firmada

Quizás lo más infeliz de las poco felices primarias legales que debutaron en la historia electoral de Chile fue que ese “numerito” del 19 de junio va a ser pagado por todos los chilenos, siendo que no les importó ni menos les interesó a la mayoría ciudadana.

Producto de esta adictiva proclama por “la participación democrática” se concibieron estas primarias que no son nuevas, pero que ahora tienen el rótulo de legales y financiadas con fondos del erario nacional. En aras de nuestra tan manoseada democracia, el objetivo de ellas fue poner fin a la antigua crítica de que los candidatos eran elegidos a dedo entre cuatro paredes por las cúpulas partidistas, sin conocer las preferencias de la gente.

Se utilizaron para ello los padrones electorales universales, en la utopía de que todos o casi todos irían a votar, pero sólo lo hizo una parte  –se calcula un 37%– de las bases de datos de los propios partidos participantes. Dicho nivel de abstención originó un clima de alarma en la clase política, además, porque muchos anularon el voto o lo hicieron en blanco.

Sin duda que hubo algún tipo de protesta del sufragante por considerar a éste un ejercicio democrático cojo, ya que estuvieron en los votos sólo candidatos sobre quienes no hubo acuerdo de los partidos. El resto, esto es la mayoría de postulantes, tuvo avenimiento cupular: designados a dedo y entre cuatro paredes.

Otro elemento que parece haberse obviado en las reacciones casi frenéticas por tan alto nivel de abstención es que no fue un sufragio territorialmente nacional y la gran mayoría de inscritos en los libros del SERVEL no sentía algún tipo de apego  con un candidato.

Algunas de las explicaciones que se dieron para justificar esta prevista abstención fueron tiernas –Día del Padre– y, algunas, tan estúpidas como la argumentada por el presidente comunista Guillermo Teillier: “por el triunfo de Chile sobre México, la gente se acostó tarde”…Con el patrocinio del Gobierno, Isabel Alleden (PS) y Carolina Goic (DC) se unieron en plantear la idea de reponer el voto obligatorio, el mismo que el Parlamento eliminó, y de paso sugirieron agregarlo en las clases de Educación Cívica en los colegios y en los debates del proceso constituyente…

Dicho sea de paso, éste  —el proceso constituyente–   debería estar dando sus últimos aleteos por pérdida de tiempo y de dinero, ya que pese a la gran abstención de participantes, las alicaídas primarias  superaron en un 30% el número de quienes lo hicieron en los bien promocionados y caros “encuentros locales” del proceso constituyente….

Otra de las “soluciones” propuestas para aminorar la abstención es que se realice una mayor propaganda a las primarias y que los candidatos debaten acerca de sus programas, pero ello chocará siempre con la estrechez del objetivo: el interés radica sólo en los militantes, afines a los partidos o amigos y familiares de los candidatos. En comicios amplios, la resonancia es mayor y el interés, universal, de tal modo que es apresurado, y exagerado, dramatizar por lo ocurrido con este decepcionante “numerito” del 19 de junio.

Si algún dato más o menos relevante dio este ejercicio electoral partidista es la incongruencia entre una ciudadanía aburrida que aspira a cambios y aires frescos y el escaso apoyo a los emergentes.  El desenlace por colectividad no tuvo nada de renovador, porque los candidatos más votadas fueron, en este orden, UDI, DC, PS, PPD y RN.

De los nuevo partidos surgidos como alternativas a la disconformidad de la gente con los tradicionales, el PRI eligió a tres y Evópolis, a uno. Pareciera que el fenómeno de la disconformidad y la indiferencia hacia la clase política tradicional no es tan real.

No obstante, de todas maneras este “numerito” con locales vacíos y mesas constituidas a la fuerza pasado el mediodía hay que tomarlo en cuenta para lo que viene, la elección municipal de verdad, en la cual tendrá que pronunciarse el universo de votantes y no sólo el partidario. Y ello sigue siendo una incógnita que tiene a todos en la peor de las incertidumbres.

Con diferencia de pocos días en el marco del vínculo política y dinero mal habido, hoy tan de moda, se produjeron dos episodios entrelazados, con similitudes en el fondo, pero con abismantes diferencias en las formas.

A casi una semana de que el desaforado senador Jaime Orpis (ex UDI) ingresase al anexo cárcel “Capitán Yáber”, el Ministerio Público iniciaba, de oficio, una investigación por cohecho en contra del ex diputado y ex ministro, Jorge Insunza (PPD).

El “caso Orpis” estalló el año pasado y ya está en prisión preventiva porque la Corte de Apelaciones lo consideró “un peligro para la sociedad”. El “caso Insunza” también reventó el 2015 y debió renunciar como ministro de la SEGPRESS por denuncias incompatibles con su cargo.

Orpis fue acusado por la Fiscalía de recibir, a través de boletas de terceros, millonarias sumas de parte de Corpesca para que influyera en la ley de cuotas en defensa de los intereses de dicha empresa. Insunza tuvo que dejar el Gobierno porque siendo parlamentario y jefe de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados tenía un ingreso mensual de 2 millones pagados por la cuprífera privada Antofagasta Minerals.

Con Orpis, la cacería en su contra por parte de los fiscales fue sin pausas hasta lograr llevarlo a la Justicia, la cual, en segunda instancia, falló que tenía tres de las cuatro agravantes para considerarlo un peligro para la sociedad y lo envió a prisión preventiva.

En cambio, Insunza, tras su salida del gabinete ministerial nunca más nadie abordó su caso y se dedicó a concluir su Memoria de Titulación de abogado. Pese a que no lo era, el 2015 se defendió de las acusaciones, aclarando que él lo que hacía para la minera de los Luksic eran “asesorías legales”…

Curiosamente, los fiscales se acordaron de que su caso estaba en el limbo sólo tras las repercusiones originadas por la desproporcionada pena a Orpis y luego de conocerse que la UDI, a la que muchos, y ellos mismos, ya creían muerta, fue el partido más votado en las recientes primarias municipales.

Los fiscales parecieron tener un arrebato de vergüenza, al percatarse de que el objetivo político de la izquierda  –sensibilidad que predomina entre ellos— había fracasado con su estrategia judicial. Para redimirse  decidieron “ir al empate” y, por oficio, iniciaron  —¡recién después de un año!— las investigaciones a Jorge Insunza, a quien, ahora, formalmente acusan de cohecho y negociación incompatible, iguales cargos que a Orpis.

La fracción aún incalculable de chilenos decentes sabe que las redes del Gobierno y la Justicia dan protección a políticos del oficialismo que deberían estar en la habitación vecina a la de Orpis. Fiscales y jueces actúan al compás de la voluntad de La Moneda y es ésta la que decide dejar caer o blindar a quienes han cometido ilícitos. 

Sabe el país que el SII es la agencia que, por órdenes superiores, decide quienes son “entregados” y quienes no. El anterior Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, advirtió a la ciudadanía que “sin querellas del Servicio, jamás podrá hacerse justicia igualitaria”. Reaccionó la Corte de Apelaciones, explicando que incluso sin denuncias de dicho organismo, los fiscales tienen la facultad de actuar de oficio y perseguir a todos quienes presenten motivos  para ser indagados.

El ex ministro de la Corte Suprema, Pedro Pierry, calificó de   aberración que en el ordenamiento institucional, un organismo público dependiente de un poder político, como es el Ejecutivo, sea el que determine a quien lleva a la Justicia.

Dentro de muchos otros, el caso más emblemático de protección  en materia de ilícitos es el de Rodrigo Peñailillo, quien, así como Insunza, debió dejar el ministerio del Interior por haber hecho trabajos para SQM y destinar esos pagos a la campaña electoral de su amiga hoy Presidenta. Para agravar su mal proceder, se descubrió que uno de sus “informes técnicos” fue copiado textualmente de Internet.

Peñailillo (PPD) es hoy investigador de la Flacso, centro de reflexión de la izquierda latinoamericana.

Que no sea crean los fiscales que con la acción iniciada en contra del ex diputado y ex ministro Insunza ya lavaron su imagen y pueden ser considerados neutrales e imparciales. Ellos son parte del sistema judicial chilenos y es éste, en su conjunto, el que es percibido muy negativamente por la población por su parcialidad, ineficacia, arbitrariedades y fallos controversiales. 

Siempre es bueno recordar que en todas las evaluaciones que la población hace de las instituciones públicas, el Poder Judicial es siempre penúltimo, apenas más arriba que el colista perpetuo, el Poder Legislativo.

Y los fiscales son parte del Poder Judicial.

Es tan potente y tan poco combatida la delincuencia en Chile que hasta se da el lujo de ser llevada al Tribunal Constitucional (TC) para que sus ministros, en defensa de la Carta Fundamental  cautelen también otro más de los innumerables beneficios de que gozan quienes ejercen violencia y muerte contra el prójimo.

Como es de conocimiento, la Ley Corta Antidelincuencia llegó a su fin, aunque sin acuerdo parlamentario: los diputados socialistas anunciaron recurrir al TC para impedir el control preventivo policial. La norma se había aprobado con una condición ineludible: que no se puede exigir la presentación de su cédula de identidad a sospechosos menores de edad.

Así como los jueces protegen los derechos de los encarcelados por delitos flagrantes, los legisladores cuidan a los delincuentes menores de edad por considerar que chequear sus antecedentes les viola sus derechos de libre desplazamiento que les garantiza la Constitución.

Hace muy poco, la izquierda  –y desde luego el socialismo—descalificó a “la derecha” por recurrir al TC por las inconstitucionalidades incluidas en la nueva Ley Sindical. Hoy son ellos los que invocan idéntica instancia para echar atrás un artículo pedido a gritos por toda la población en virtud del fracaso del Gobierno en su control a la delincuencia.

Además de rapiñas del erario nacional, los congresistas son definitivamente frívolos: ignoran la realidad que a diario se vive en calles, residencias y comercio por los ataques inmisericordes de malhechos organizados.

La estrategia delictiva hace tiempo que incorporó a menores de edad a sus fechorías porque son inimputables judicialmente. En el 80% de los delitos participan adolescentes y niños conscientes de que tras la detención, si es que se concreta, quedarán en libertad. Si abusan sin límites de dicha condición ¿qué tan abusivo puede resultar que por sospecha se les exija su identificación?

Por definición del idioma, delincuente es quien comete un delito. Sin embargo, en Chile quien hiere, mata, destruye y golpea no obedece a este estereotipo universal.

Luego de la vandálica acción de parte de un “movimiento social” que “se expresó libremente” en Valparaíso el 21 de Mayo, el ministro del Interior calificó categóricamente de delincuentes a los autores, pero la Fiscalía porteña imputó sólo a uno de los 24 detenidos. La Presidenta fue más allá: dijo que se trató de jóvenes “complicados” por lo que le ocurrió a Rodrigo Avilés el 2015 (“estudiante” de 29 años, casado y con hijo que fue alcanzado por el chorro de un lanza agua). 

Fue notoria la actitud de Carabineros de no proceder con energía ante los disturbios, y ello lo reflejó su Director General, Bruno Villalobos: “todo el país sabe quiénes son los autores de los desmanes” y confidenció que sus funcionarios están cohibidos “porque a nosotros se nos culpa siempre de todo”.

Queda claro que para Justicia dañar la propiedad ajena, saquear e incendiar con resultado de muerto no es constitutivo de delito, y como los convocantes a las marchas no se hacen cargo de las desastrosas acciones de sus manifestantes, significa que la iniciativa tendrá que asumirla la propia población. Una novedosa instancia para hacerlo es su participación en los cabildos ciudadanos para proponer los contenidos de una nueva Constitución.

Los primeros indicios de estas asambleas dan cuenta de una prioritaria inquietud por los derechos humanos, ello en perfecta sintonía con los propósitos del Gobierno. Sin embargo, el primer derecho humano de todos es el derecho a la vida, a la vida de todos sin discriminación, hoy mancillados por la diaria acción de delincuentes.

Más que la gratuidad, la igualdad, la inclusión y el sindicalismo, en todo cabildo debiera ser la primera propuesta la preservación del derecho a vivir tranquilo, que no es sólo un derecho exclusivo de la gente de izquierda.

La noche del 21 de Mayo, ningún informativo nocturno de la televisión chilena, ni siquiera el canal estatal, abrió sus noticieros con la ceremonia del Congreso Pleno en el cual la Presidenta de la República da cuenta a la nación de su gestión al mando del país. Tras esa jornada noticiosa, los canales, en orden de importancia y de interés para sus audiencias, ubicaron la lectura del Mensaje en la segunda parte o al final de sus entregas.

Ése fue el reflejo del nulo impacto que originó en el país y en la clase política el balance de 12 meses de Gobierno.

Una de las características de los Mensajes Presidenciales es que resultan un mix de la rendición de cuenta de lo ya hecho y de un paquete de anuncios de lo que viene por hacer. En éste, el penúltimo de Bachelet, no hubo ni lo uno ni lo otro.

Su gran obra  —“obra gruesa” le llaman ella y su séquito de palacio— está “casi terminada”, pero lo aparentemente está concluido no se traduce en un desarrollo para el país, sino, por el contrario, en un alarmante deterioro. En cuanto a las novedades para el resto de su período no planteó ninguno, por culpa de lo que calificó de “restricciones económicas”.

Su Mensaje fue una hoja en blanco. Ni siquiera incluyó temas que la población quería escuchar de su propia boca: cómo terminar con el terrorismo en La Araucanía; cómo sacar de su postración a  la salud pública; cómo exterminar la delincuencia; cómo rehacer al fracasado Sename; cómo activar la nula acción del Sernam en la protección de las mujeres acosadas y cómo poner fin al  drama diario del transporte público.

El más asombroso de sus silencios fue la ninguna referencia a una de sus “obras gruesas”, la Reforma Sindical, que se la frenó el Tribunal Constitucional por incluir artículos que violan la Carta Fundamental.

Esta “obra gruesa” será reconstruida en un plazo hasta el momento desconocido.

Otro trozo de hormigón, que Bachelet exhibe como trofeo de guerra, es la Reforma Educacional, no tiene fecha de conclusión, pues hay temas trascendentales pendientes, como la norma para la educación superior, la que promete un debate extenso, y el futuro de los centros técnicos.  La gratuidad, su máximo orgullo, ni siquiera será universal el 2018 y, es más, no hubo una sola mención al mecanismo de financiamiento de este beneficio.

Sólo horas antes de dar lectura a esta hoja en blanco, la Presidenta, con bombos y platillos, firmó el proyecto de ley destinado a capitalizar y “modernizar” a TVN, canal público que ocupa el último lugar en el ranking de sintonía. Ella, mejor que nadie, sabe que la mala gestión de su camarada Ricardo Solari tiene prácticamente en la ruina a la estación y también sabe que una empresa mala administrada debe arreglárselas con los pocos recursos que logra recaudar y si eso implica no competir, que no lo haga. 

Existía la esperanza de que la Presidenta se refiriese a la corrupción, ello luego de que en el extranjero  –concretamente en su visita a Sueca–  se refirió a ella como la causante de la crisis de confianza que vive el país. Eludió el tema por motivos tan “humanos” como el gran número de ilícitos cometidos por gente de su propia coalición e incluso por familiares suyos.

Sus más rutilantes “anuncios” fueron su llamado a incentivar el crecimiento económico y a acentuar el diálogo con todos los sectores. Respecto al primero, no detalló ningún instrumento o mecanismo para sacar a Chile de su postración y en cuanto a su rutinario llamado “a conversar”, sonó una vez más como una de sus tantas falsedades, porque su mal cimentada “obra gruesa” la inició pasándoles a todos por encima la carretilla con material, sin preguntar ni escuchar.

Al parecer, decididamente hay sectores que se empeñan en no sintonizar con la ciudadanía, y entre éstos sobresalen parlamentarios, movimientos políticos y  –extrañamente-  hasta empingorotados centros de estudios.

A nadie cabe duda de que la delincuencia urbana  –y rural,  en el caso de La Araucanía–   sobrepasó todos los límites tolerables y, por su culpa, la población vive atemorizada y llena de prejuicios en contra de la justicia.

Con motivo del caliente debate por la llamada Ley Corta Antidelincuencia surgieron algunos puntos de acuerdo  —el peor de ellos, vinculado a las “filtraciones” que poco i nada tiene que ver con esta norma— y se dio luz verde a un tema que en vez de celebrarse por su eficacia, ha sido vilependiado: el control preventivo de identidad.

En virtud de los desorbitados niveles de delincuencia a que se ha llegado, todo lo que se haga para combatirla y amonirarla debe necesariamente recibir apoyo incondicional.

Pero, la izquierda en su conjunto y, específicamente, los ultra y el PC están en contra de este procedimiento por considerarlo “discriminatorio” y teme que una medida de esta naturaleza atenta contra los derechos humanos, fundamentalmente de los menores.

Esto es, cautela los derechos humanos de quienes no tienen miramiento en violar los de sus víctimas. 

Increíblemente, el director del Centro de Estudios Públicos (CEP), quien fuera destituido como ministro de Educación, Harald Beyer, se alió con los extremistas, postulando que dicha acción preventiva se aplicará sólo a un sector de la población, el más vulnerables, porque desde allí, por sus carencias,  provienen los delincuentes.

Ciñéndose a su visión, primero habría que cambiar las condiciones de vida de la gente vulnerable y recién en ese momento atacar la delincuencia. Para cuando ello suceda, la emigración de chilenos decentes tendrá vacío el país…

Las entidades de derechos humanos  —-era qué no–  sumaron sus voces contra este procedimiento policial por considerarlo un peligro para los menores de edad. ¿Ha revisado el INDH las estadísticas de jóvenes inolucrados en delitos? Claramente no, porque habría concluido, como todos, que no se hallan en el SENAME cumpliendo penas, sino en las calles.

En el colmo de la mala fe, un profesor de Derecho Procesal de la “U” declaró que un padre no podrá ir más al parque a jugar con su hijo “porque en tenida deportiva nadie porta su cédula de identidad, por lo cual según la nueva ley será retenido por cuatro horas”.

Redondeando esta mal intencionada campaña en los grupos más radicalizados de la izquierda, los diputados Karla Cariola (PC) y Giorgio Jackson (RD) afirmaron no confiar en el criterio de las policías (“en especial de Carabineros”) para determinar a quién controlan y a quién no.

En sintonía con ambos, Harald Beyer criticó que este recurso fue solicitado por las policías y no es fruto de un diálogo parlamentario.

Son las policías y no los legisladores quienes, día y noche,  deben lidiar con la delincuencia  y hay que ser lo suficientemente imbécil para suponer que tienen funcionarios de sobra como para que anden por los parques y los balnearios, disputándole un lugar a los barquilleros para poder ellos exigir la presentación de la cédula de identidad.

La medida, que además tiene una infinidad de condicionante, es el primer paso para amortiguar de algún modo la desenfrenada delincuencia que tiene  a casi todo el país bajo amenaza. Hay que confiar en los encargados de mantener el orden y la seguridad pública, o en caso contrario la ciudadanía no tendrá otro destino que vivir atrincherada en sus viviendas.

El uso de la cédula de identidad no es discrecional para todo mayor de edad, de tal modo que, como ocurre en todos los país desarrollados, el documento debe ser presentado a la autoridad en caso de que el individuo sea sospechoso de atentar contra el orden público. No se vulnera ningún derecho si un policía le exige a un anónimo encapuchado su cédula para identificarlo y dicho documento  es, también, de gran utilidad para comprobar el alto número de órdenes pendientes de detenciones que tienen muchos sujetos que pululan peligrosamente por la vía pública.

El creciente aumento de detenciones ciudadanas son reflejo, por una parte, de la pérdida de paciencia de la población y, por otra, reflejan que los malhechos andan sueltos.

Hoy, el mayor número de autores de asaltos y “portonazos” son menores de edad, pues buscan prendas fáciles de reducir para cambiarlas por dinero para adquirir drogas. Si la legislación vigente define como penalmente imputables a jóvenes desde los 14 años ¿es acaso más lesivo solicitarles su cédula?

Incluso, el CDE oficializó al Gobierno la viabilidad legal de que los padres paguen por los delitos que sus hijos cometan.

Jorge Burgos, el mayor responsable de la seguridad interior del país, solicitó poner extrema urgencia a las modificaciones a la Ley Antiterrorista y de inmediato se estrelló contra la oposición de la izquierda más dura, la que parece regocijarse con el clima de violencia y subversión en La Araucanía.

Un viejo proverbio acuñado en todos los sectores de la sociedad reza que“quien nada hace, nada teme”, de tal modo que el amplísimo espectro de chilenos inocentes no pone reparos a esta medida preventiva. Más que contraproducente, resulta revelador la conducta de la izquierda de solidarizar con la delincuencia y bregar porque se extienda un manto de protección sobre ella.

Con deshonrosas excepciones que son corregidas al instante, Carabineros por muchos años continúa siendo la institución pública en que más confían los chilenos, y éstos confían que el control de identidad no se aplicará aleatoriamente       , al voleo o al azar porque sus funcionarios no son encuestadores sino vigías del orden, el mismo que hoy ha derivado en un caos y en un peligro para la sociedad.

Los últimos días han estado caracterizados por uno de los tantos escándalos que han marcado a este Gobierno y, con toda propiedad, podría decirse que es el de más nefastas consecuencias políticas.

La desvergüenza con que el SII presenta en gotas las querellas contra el entorno de peces gordos corruptos que permanecen intocables gracias a la red de protección oficial, ya no extraña a nadie, y la revelación del abogado de la nuera de la Presidenta sobre la directa ingerencia que tuvo La Moneda en el desarrollo del caso Caval, era una cosa tan antigua como sabida.

No obstante, de la noche a la mañana se ha tomado la agenda, como si fuese una cuestión de vida o muerte, el repentino deseo de Bachelet  de ser ella, finalmente, la que antes de expirar su catastrófico período presente una propuesta de texto para la nueva Constitución Política del Estado.

Hay que reconocer que una nueva Constitución, según sus propias expresiones, “hecha en democracia”, estuvo siempre en su atemorizante programa de Gobierno, y a partir de una Asamblea Constituyente (AC), exigencia intransable de los comunistas. Al perder su ritmo las otras reformas estructurales y desmoronarse su credibilidad ante el país, la Presidenta discurrió  —ella no, sus asesores— que como iba a ser imposible materializar este anhelo de la izquierda en su período reglamentario, anunció un lento y progresivo “proceso constituyente” que, por su demora y tiempos de debate,  culminaría en la próxima administración presidencial y, también, en el próximo Parlamento, elegido con otras reglas y con menos corruptos en su interior.

La Presidenta convocó a un Consejo de Observadores  –grupo neutral— representante de la ciudadanía para que echase a andar el proceso, pero a muy poco andar surgieron las primeras, y graves desavenencias, primero por el abrupto apuro presidencial y, segundo,  por la presión de La Moneda para elegir a los “facilitadores” y redactar las conclusiones, al punto que dos de sus miembros renunciaron.

Así, espontáneamente el proceso dejó de tener atisbos de la  objetividad y neutralidad prometidas y ya se conocieron las primeras señales de intervencionismo en la selección de los facilitadores de los cabildos, al rechazarse a gente preparadísima pero ideológicamente adversa al régimen y se reclutó a otros afines con antecedentes penales. Además de las renuncias en el Consejo de Observadores, inconstitucionalmente el Gobierno se apropió de franjas televisivas no para estimular la participación ciudadana sino para difundir una orientación sin contrapeso y se prepara un docurreality ($80 millones) para hacer proselitismo sobre el tema.

Consciente de que sus reformas estructurales quedaron en su obra gruesa, o sea, inconclusas y que la Educacional continúa en la sala de espera en cuanto a la ley de universidades, en La Moneda se levantó urgentemente la idea de sacar sí o sí adelante al menos el texto de una nueva Constitución concebida “a su pinta”.

Así como partió el proceso y como se está desarrollado, que le quede claro al país que dicha Carta Magna no será un fiel reflejo del sentir nacional, sino un burdo manipuleo ideológico para que su contenido refleje una tendencia política, la de la izquierda más dura.

Esta trampa, tendida a vista y paciencia de todos, fue fríamente pensada para salvarle el segundo tiempo a Bachelet, que sigue abajo en la encuestas y no remonta en respaldo ciudadano. Se está imponiendo a la población un proyecto a la fuerza, con forceps, respecto a una materia que realmente a la mayoría de los chilenos no les urge, con la cual han convivido tranquilamente por años y sobre la cual, un gran porcentaje de compatriotas no conoce o es totalmente ignorante.

Según el programa del Gobierno socialista, la Reforma Sindical  –hablar de Laboral significa amplitud y transversalidad de las cuales carece el proyecto–  estaba en tercer lugar de prioridades, de modo que su aprobación se calculó para inmediatamente después de las Tributaria y Educacional.

No obstante, al constatar La Moneda las nefastas consecuencias por la desprolijidad y contradicciones que ambas incluyeron en sus  contenidos y redacción, anunció un aplazamiento de la Reforma Sindical para “estudiarla mejor”. Bastó dicha advertencia para que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), acicateada por el PC, anunciase paros y protestas y su “total rechazo” a cualquiera postergación y negativa a eventuales cambios.

Las presiones del PC surtieron inmediato efecto: La Moneda echó marcha atrás y apuró el tranco con la reforma en un felino reflejo de que reacciona siempre bien ante cualquiera amenaza de sus más leales dentro de la Nueva Mayoría.

Predijo que iba a estar aprobada a más tardar en diciembre de 2015, luego que en enero de 2016, hasta que conoció luz verde ahora en marzo, aunque en la Cámara Alta hubo una reserva para acudir al Tribunal Constitucional.

El que el proyecto haya demorado tanto obedece a que la Presidenta se percató  –o alguien la alertó— de que la iniciativa a entero gusto de la CUT y con el beneplácito del PC, no se aprobaría, lo que agudizaría su deterioro político.

Para hacerlo menos dogmático se hizo cargo el ministro de Hacienda con la finalidad, si no de equilibrarlo, al menos de hacer menos odiosos y dañinos los objetivos impuestos por Bárbara Figueroa (PC) desde la testera de la CUT. Los tres grandes nudos que se propuso desatar Rodrigo Valdés fueron los reemplazos en caso de huelga, la obligatoriedad de sindicalizarse y la negociación interempresas.

La CUT, con el tradicional estilo del garrote comunista, de forzar sin escuchar, argumentó que las “huelgas son huelgas” sin ningún tipo de mitigación y que si ello significa el quiebre y/o cierre de una empresa, “mala suerte, no más”.

Un partido que se llena la boca con los derechos de las personas impuso como obligación a los trabajadores afiliarse al sindicato de la empresa, violando sin asco la libertad individual de optar voluntariamente asociarse o no. Clara y categóricamente, ello  implica transgredir dos artículos de la Constitución en plena vigencia.

Y, finalmente, como su horizonte histórico ha sido el aniquilamiento de las economías y del mundo privado, el PC no transó en su planteamiento de las negociaciones interempresas, esto es, meter en un mismo saco a grandes, medianas y pequeñas. Cualquier cercano al mundo del trabajo sabe que los arreglos entre empleadores y trabajadores dependen del dinamismo, tamaño y recursos de la compañía, por lo que resulta más que una ignorancia, una imbecilidad, que superen en común sus conflictos una de 500 trabajadores y una de 10 obreros.

Los votos de la oposición y algunos pocos de la DC lograron rechazar esta locura propuesta por la CUT y que era una condena de muerte, si no a todas, al menos a un número importantes de PYMES que son las mayores generadoras de empleos.

Este comportamiento de la CUT, al margen de no ser nuevo, es una muestra de que por sobre el interés real en los trabajadores, los comunistas privilegian imponer su doctrina ideológica independiente de las realidades laborales en las que se desenvuelven.

La CUT no movió un solo dedo a favor de los funcionarios del Registro Civil en huelga cuyos puestos fueron ocupados por trabajadores de otras reparticiones públicas y nunca se ha sabido de un reclamo suyo en favor de las pequeñas empresas a las cuales los acreedores se demoran meses en pagarles.

Que no se engañen los trabajadores chilenos, sindicalizados o no, con el cuento de que la CUT brega por sus derechos. Ése es un mero maquillaje para disimular su única finalidad: cual termita devoradora, destruir desde dentro a los “diabólicos capitalistas” que tienen la buena ocurrencia de generar empleos.

Llegar a avenimientos por la paz tiene un costo, para ambas partes en conflicto o para una de ellas. Pero en La Araucanía, exclusivamente por cálculos políticos, nadie parece hacer el mínimo esfuerzo para poner freno al desmadre de la violencia rural, y que ha llegado al extremo de originar la extrañeza del resto del mundo.

Nadie le encuentra una explicación racional al hecho de que un colectivo extremista de no más de 100 individuos tenga en jaque, y casi de rodillas, a un territorio de un millón de habitantes.

Tampoco nadie entiende que tras años de una escalada de violencia que ha llegado casi a la barbarie no puedan identificarse a los encapuchados que saquean, asaltan e incendian la propiedad ajena. Partiendo del supuesto de que los servicios de inteligencia de las policías son eficientes, resulta increíble que, en este caso puntual del terrorismo en La Araucanía, no logren averiguar la identidad de estos extremistas de ultra izquierda.

Los líderes de las comunidades mapuches que reclaman tierras ancestrales son personas tranquilas y que viven plenamente integradas a la sociedad chilena. Su aspiración es recuperar superficies que antes les pertenecieron y, para ello, concurren a reuniones para dialogar con autoridades locales y ministeriales para  concretar sus deseos y, periódicamente, son beneficiados con la entrega de predios que la CONADI compra para ellos.

Entendido así, éste, el de La Araucanía, Bío Bío y que está extendiendo a Los Lagos, no es un “conflicto mapuche” como mal intencionadamente lo llaman los interesados en  alentar el fuego. Se  trata de fracciones guerrilleras con formación paramilitar en el extranjero –Cuba y Colombia— que con su feroz embestida preteden  expulsar de la zona a quienes la habitan y trabajan pacíficamente.

Es su propia guerra contra quienes representan el “brutal capitalismo”  de explotar bosques y campos, dando empleo a millares de personas.

Días atrás se superaron todas las fronteras del asombro cuando esos ultra armados quemaron un convoy de camiones que iba siendo escoltado por Carabineros. Más tarde incendiaron una casa parroquial y un templo erigido en memoria de San Sebastián.

De esta ola de asaltos y destrucción no resultó nadie detenido, lo que apuntó a la ineficacia de las policías, primero por su desidia de no infiltrase en estas bandas para aniquilarlas desde su interior y, segundo, por su incapacidad de resguardar la fuente de trabajo de pequeños propietarios de camiones y maquinarias que prestan servicios a las empresas forestales.

Cuesta hacerse a la idea de una supuesta incapacidad de entidades tan competitivas y profesionales  como Carabineros y la PDI. Sus  “fracasos” en no identificar ni apresar a estos terroristas es consecuencia de que la autoridad regional y nacional no les otorga  respaldo ni atribuciones para actuar con la energía que les corresponde ejercer por ley.

El menos interesado en que se descubra y se encarcele a los guerrilleros rurales es el propio Gobierno, porque tiene terror de echarse otro problema encima y ¡de qué dimensiones! No es cuestión de interpretar su intencionalidad, sino sólo de comprobar afirmaciones: el Intendente Regional de la Noeva, Andrés Jouannett (DC) comparó lo que está sucediendo en La Araucanía con los “portonazos”, hoy  tan de modo en el hampa capitalino.

Es desmoralizador que un representante del Gobierno caiga en apreciaciones tan burdas como éstas. “Si piden un estado de excepción para La Araucanía tendrían que pedir lo mismo por los ‘portonazos’ en Santiago”, dijo.

Los de la capital son delincuentes comunes que roban vehículos para transformarlos en dinero y los de La Araucanía no hurtan una sola tabla ni una rueda en sus atentados: ¡sólo les interesa amedrentar a la población, imponiéndole el terror para que se vaya de allí.

Un ejercicio simple de cálculo político lleva a la conclusión de que el Gobierno le tiene pánico a una acción realmente efectiva en contra de estos guerrilleros. En la eventualidad de que se les descubra  —cosa no muy difícil, porque las comunidades dicen saber quiénes son— y capture para someterlos a juicio, se le vendrían encima todas las agrupaciones indígenas locales e internacionales y, también, la infinidad de organizaciones de derechos humanos, todas, como se sabe, de ultra izquierda.

Si la población de nuestro sur quieren la paz y el pueblo mapuche también, ¿por qué ha sido imposible, en años, dar siquiera un mínimo paso para concretarla? Como la respuesta es política, obviamente que la única alternativa es una solución política, que no puede pasar  por el temor ni por supeditaciones ideológicas.

Belisario Velasco fue, en su momento, un influyente camarada democratacristiano y es uno de los pocos sobrevivientes de aquel grupito de 13 militantes, que, al revés de Frei Montalva, no justificó y rechazó el Golpe del 73. 

El “Charo”, como le dicen sus más íntimos que suele visitarlo en su casa de Cachagua, pese a su limitación de ser monocular, está escribiendo un libro autobiográfico de su vasta trayectoria política, y uno de sus capítulos lo dedicará íntegramente al Transantiago.

Resulta que Velasco era ministro del Interior de Bachelet cuando ésta decidió –10 de febrero de 2007— poner en marcha este sistema de transporte  sin que estuviera mínimamente implementado. En el texto, su autor contará que funcionarios de Transporte de la época le sugirieron que le comunicase al país que la entrada en funcionamiento del Transantiago era sólo una “marcha blanca” para eludir la infinidad de problemas que se venían. Su respuesta fue categórica: “no estoy dispuesto a mentirle a la gente”.

El sistema, al momento de ponerse en marcha, no sólo dejó por el suelo a Iván Zamorano, el rostro publicitario de sus bondades, sino originó una de las manifestaciones masivas más furiosas de que se tenga recuerdo. No existía el número mínimo de máquinas, no estaban definidos los recorridos, faltaba el software controlador de desplazamiento de cada uno de los vehículos y los conductores no tenían idea de qué trayectos tenían que realizar. El caos fue total, tal como se lo advirtió y predijo Carabineros al ministro.

-Señor Velasco, ¿dónde estaba la Presidenta ese día del estreno del Transantiago?

-Ella se hallaba de vacaciones en Caburgua.

-¿Intentó regresar a La Moneda?

-Hablamos telefónicamente sobre las enormes dificultades existentes y ella me planteó que quizás sería conveniente volver a Santiago. Le respondí que no lo hiciera, porque era un tema que debíamos arreglarlos entre los ministros…

Es clave consignar este punto, porque la Presidenta, en aquella oportunidad, al menos sugirió la posibilidad de interrumpir sus vacaciones para poner el pecho al tremendo conflicto que se le venía, experiencia muy diferente a la vivida en febrero de 2015 cuando estando también Caburgua se refugió allí hasta el fin de su veraneo sin dar la cara por el aún incipiente escándalo de su nuera e hijo.

Lo insólito en la conmemoración del noveno aniversario de uno de los proyectos más desoladores puestos en práctica por Bachelet es que las autoridades de Transporte sacaron cuentas alegres, como si se tratase de un éxito. Casi festejado con velas cumpleañeras, pronosticaron que para el 2018 todo será distinto, modernísimo, cómodo y rápido como el batimóvil de Batman.

Resulta que se cumplió el plazo que permite al Gobierno revisar los contratos de los operadores en esta sociedad mixta Estado-transportistas privados, la cual ha podido sobrevivir  a duras penas gracias a los periódicos y millonarios subsidios  fiscales.

El ambicioso nuevo proyecto, que incluye hasta el cambio de nombre al transporte público capitalino, apunta a máquinas de última generación, puntualidad en los recorridos, cobertura de más territorios urbanos y un mayor número de buses, más un estímulo a los conductores para que, con comisiones monetarias, se allanen a detenerse en todos los paraderos, en su mayoría atiborrados.

Estos bonos de estímulo a los conductores hará regresar en parte el sistema a la época de “las amarillas”, cuando con una imprudencia “a tumba abierta” se peleaban los pasajeros en las esquinas. El estresante rol de chofer recibió un alivio con la fórmula actual, pero hacerlo competir por clientela recogida  implicará un riesgo inminente que el público había dejado de percibir.

Antes de sacar cuentas alegres en un cumpleaños tan sombrío como el que acaba de celebrar Transantiago, las autoridades, ahora con la facultad de renegociar los nuevos contratos, deben asumir que enfrente tendrán privados mañosos por excelencia y no fáciles para aceptar reglas impuestas.

No será fácil terminar con la evasión, que en 9 años ha crecido de un 3% a un 27%, porque para evitar la pillería típica del chileno para eludir cualquier pago, se requiere de tecnología y fiscalización, lo que aumenta considerablemente cualquiera inversión. Por muchas barreras físicas que se discurran para el Trasantiago del 2018, los sinvergüenzas y abusadores se las ingeniarán para burlarlas.

Uno de los mayores reparos al sistema actual es su lentitud de desplazamiento, ello porque los buses comparten arterias altamente congestionadas. Para aminorar este déficit, para el Transantiago se construyeron vías segregadas exclusivas, pero para que el sistema funcione rápido en todas las zonas que cubre…¡faltan por implementar 300 kilómetros! Por la alicaída caja fiscal, los recursos no estarán ni para el 2018.

Por todo lo negativo que se recordó en este noveno cumpleaños del Transantiago, sus autoridades debieron ser más cautas y con menos exposición pública. Porque, hasta la fecha, poco o nada han arreglado, y lo que con jolgorio anunciaron no pasan de ser buenos propósitos y promesas, respecto a las cuales la población está harta.

Desde febrero de 2015, el caso Caval ha sido el más fiel conviviente de la Presidenta de la República, y le guste o no, la continuará acompañando hasta el fin de su mandato, cuyo desenlace electoral está directamente enlazado con dicho episodio.

La Presidenta se ha desvelado pensando en cómo dar vuelta la página de tan desastrosa irrupción de su nuera Natalia Compagnon, y los esfuerzos de sus asesores y espadachines de palacio por hacer ver a la población de que se trata de un hecho superado, se esfuman con la periódica reactivación del escándalo.

Las citaciones de la Fiscalía Regional de O’Higgins a Compagnon y su marido, el hijo de la Presidenta; luego, la querella del SII en contra de los socios y cómplices de la PYME Caval y, finalmente, la reciente formalización de los implicados, entre ellos su nuera, han mantenido en primer plano la escandalera que reventó a comienzos del 2015.

Desde ese momento, la Presidenta ha debido convivir con tan incómoda situación. El caso le causó su desplome político y el descrédito como Jefa de Estado, arrastrando con ello a la Nueva Mayoría.

El chileno puede tener muchos defectos, pero una de sus escasas virtudes es su intolerancia a que lo engañen y lo engatusen. Desde marzo del 2015, la Presidenta no ha tocado ni se ha referido al conflicto que le costó su futuro político, derrochando una de sus aptitudes que la llevó dos veces a La Moneda: su autenticidad.

En una fugaz aparición la tarde de la formalización a su nuera  –arraigo y firma— se presentó por un minuto ante las cámaras para hacer un par de comentarios obvios: “esto ha sido muy doloroso para mí y la familia”  y que “todos somos iguales ante la ley”, aunque el tratamiento de VIP que tuvo Compagnon no cuadra con esto último.

Ella tiene gran responsabilidad en esta convivencia con el caso Caval, a raíz de la protección que ordenó para su hijo y a su obstinación de mantener en La Monda al administrador de palacio, Cristián Riquelme, involucrado directamente en el escándalo.

Muy proclive a solidarizar con las desgracias ajenas, la población hubiera preferido que ella abriese su corazón y desde un principio transmitiese sus sentimientos, graficando  lo pésimo que se sentía. Sus orejeros la convencieron de que eligiera otro camino y los resultados le resultaron brutalmente adversos.

Esconder la realidad bajo la alfombra fue el peor camino y ella misma, con su actitud, le ha ido agregando más piedras. Su última y desafortunada decisión fue restringir la libertad de prensa a quienes se ocupan cotidianamente de las noticias de La Moneda por la impertinencia de un profesional de preguntarle qué opinaba de la formalización de su nuera.

Guardó silencio y su molestia provocó la determinación de discriminar a los medios en futuras actividades presidenciales, lo que fue corregido tras el vendaval de críticas que incluyó hasta a la comunista presidenta del Colegio de Periodistas. Se anunció que serán los propios periodistas quienes seleccionen a los medios.

Hasta antes de su enojo no había segregación ni arbitrariedad: el que se interesase en reportear sus actividades lo podía hacer.

A partir de la formalización de los inculpados por soborno y fraude al Fisco, (viernes 29 de enero), ahora el escándalo escaló a su ciclo judicial y estará un buen tiempo en primer plano. Durante el 2015, la Presidenta no pudo ni quiso sacárselo de encima y este 2016 será igual, de tal modo que tendrá que seguir conviviendo con él. Y todo por su propia culpa, ya que de no haber falseado ni escondido la verdad, su existencia sería hoy muy distinta

Debe haber sido ésta la más dura de las peleas al interior de la Nueva Mayoría, pero tirando raya para la suma, otra vez quedó en nada en aras de la ficticia unidad indispensable para mantener en coma inducido al bloque oficialista.

La fuerte confrontación entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista desbordó las mínimas normas de convivencia al interior de una alianza política. Suelen ser habituales las diferencias e incluso ideológicas, como las de ambas colectividades, pero llegar a descalificarse mutuamente en cualquiera otra circunstancia que no fuese mantenerse en el poder, hubiera tenido como desenlace la ruptura.

La Moneda, siempre en el limbo, hizo un llamado a la unidad del sector, agregando un comentario tan estéril como poco convincente: “a la gente no le gusta este tipo de peleas”…No es así: lo que la gente rechaza es la conducción del Gobierno  –lo demuestran las encuesta— y repudia, sí, repudia, a la clase política.

Esta pelea de verano debe asumirse como la primera de las muchas que vendrán en otoño, invierno y primavera. Y ello se intensificará con motivo de las elecciones municipales que tiene a los partidos más excitados de lo habitual porque es una total incertidumbre el comportamiento de los votantes.

La disputa entre comunistas y democratacristianos es irreversible dadas las raíces doctrinarias de ambos partidos. El que ambos estén en un mismo saco no tiene más explicación que el armado de la Nueva Mayoría, que convocó a todo el abanico populista desde la centroizquierda hasta el extremismo con la única finalidad de recuperar el poder.

Ya a los pocos días del triunfo de Bachelet el 2013, se produjo el primerround entre ambos partidos. Guillermo Teillier se ufanó de que el equipo de Bachelet consideró en el programa de Gobierno “prácticamente todas nuestras propuestas” y anunció que el PC se encargaría de ser el custodio del cronograma para que “no se le cambie una sola coma”.

El entonces presidente DC, Ignacio Walker, no se desentendió del mensaje y respondió que “será nuestro partido el eje de la Nueva Mayorías y el responsable de mantener al bloque en el centro/centro, evitando que se izquierdice”.

Todos sabemos qué ocurrió: el Gobierno se izquierdizó y quiso arrasar con la institucionalidad, pero su prepotencia se estrelló con el descrédito presidencial por el caso Caval y, luego, por el colapso económico interno detonado en gran medida por la desconfianza que produjeron los “cambios estructurales”  empujados precisamente por el PC.

Desairados, los comunistas anunciaron, sin rubor ni tapujos, que a partir de ese frenazo presidencial iban a continuar con un pie en el Gobierno y con el otro en la calle. La última prueba de ello es que el PC ya anunció su respaldo al paro nacional convocado por la CUT  –presidida por una camarada— para el 22 de marzo en protesta porque “su” Reforma Sindical (porque no es laboral) fue diferida para marzo.

Hay que rememorar que cuando al Gobierno se le vino la noche en el primer semestre de 2015, la propia Bachelet anunció que dicha reforma iba a quedar para el 2016, ante lo cual el PC la chantajeó para que la enviase al Congreso el 2015. Y, de paso, culpó del retraso del proyecto a la DC, lo que originó el enfrentamiento entre ambos.

Las acusaciones mutuas trasuntaron sus irreconciliables diferencias, al punto que Teillier acusó a la DC de “golpista” y Jorge Pizarro respondió que el PC es sectario y antidemocrático, ambos cargos del todo cierto, porque a excepción de 13 militantes, el resto de la DC apoyó el Golpe del 11 de septiembre, Frei Montalva le escribió una larga carta al entonces Premier italiano Mariano Rumor (DC), justificando la acción militar y el fallecido Gabriel Valdés regresó raudo al país en el convencimiento de que la Junta le entregaría a él la Presidencia.

El PC efectivamente es sectario y antidemocrático y cuenta de ello dan los regímenes sanguinarios de Josef Stalin, de los hermanos Castro, del Khmer Rojo en Camboya, de Kim Jong-un en Corea del Norte y de Erich Hönecker en Alemania Oriental constituyen un registro inigualable de exterminio y calvario de los demócratas que los combatieron.

Resulta patético que bandos tan contrapuestos y con tanta carga de hipocresía estén en una misma alianza, pero ello se justifica por lo que hemos repetido tantas veces: mantener el poder bien vale recibir el fuego amigo

Algo de incredulidad, una cuota de asombro y polémicas generó la noticia de que La Moneda  —con certeza, los asesores de palacio–  encargó la elaboración de un documental sobre Michelle Bachelet.

La idea, argumentan los autores de la iniciativa, no es hacer política contingente, sino “perpetuar su obra”. Es un engaño más de los muchos en que ha incurrido esta administración, y la Presidenta en particular, plantear que la filmación no constituye propaganda. Si se trata de “su obra”,  obviamente abordará las reformas en marcha y por venir, que son las mismas que fomentan la desconfianza y han contribuido a acentuar las dificultades económicas por las cuales atraviesa el país.

Su “obra” en términos realmente trascendentales se remite a la Reforma Educacional, que implicó más controversias que acuerdos; la Reforma Tributaria, que acaba de ser “reformada” para poder entenderse; la gratuidad universitaria, aunque a medias, es lo único que le ha dado réditos, al subir algunos puntos en la encuesta de Adimark de enero; el proceso constituyente, que no lo materializará ella; la Reforma Laboral, que atenta contra la productividad hoy tan escasa; el aborto, que tiene divididos a los chilenos, y la pendiente Ley de Educación Superior, que es un misterio hasta el momento.

Desde esta perspectiva queda claro que el documental será absolutamente de política contingente, más aún si se filma y difunde en la mitad del Gobierno. Lo natural, y justificable, es grabarlo como balance al término de su gestión, pero carece de lógica hacerlo cuando a Bachelet le quedan dos años… .

Existen sospechas más que razonables en cuanto a que el caso Caval   será ignorado en el documental, aunque este episodio jugó un rol clave y definitivo en su gestión como Mandataria y en el presente y futuro de su Gobierno.

Entre sus aún fieles seguidores, hay quienes creen que en un futuro mediato,  Bachelet será recordada como la autora de cambios inéditos, pero en lo inmediato y durante un buen tiempo permanecerá en la memoria colectiva su desastroso rol en este capítulo que estalló hace precisamente un año.

Al comentar los puntos que subió la aprobación de Bachelet en su sondeo de enero, el dueño de Adimark, Roberto Méndez, lo atribuyó a la gratuidad y, a su juicio, el episodio de la formalización judicial de su nuera no influyó, primero porque ese mismo día (29 de enero) concluyó el trabajo en terreno de los encuestadores y, segundo, porque “la gente parece estar cansada del caso Caval”…

Sólo días después, otra encuesta derrumbó su percepción.

Plaza Pública-Cadem (lunes 8 de febrero), además de medir la aprobación respecto de la gestión del Gobierno, incluyó preguntas acerca del caso Caval.

De entre todos los entrevistados que se informaron sobre la reacción de la Presidenta después de la formalización de Natalia Compagnon, un 43% cree que la conferencia de prensa de la Mandataria fue “mala” o  “muy mala”.

Sobre las declaraciones de Bachelet, un 74% cree que se vio “personalmente afectada”, en tanto que un 45% piensa que “fue honesta”, contra un 52% que opina lo contrario y, por último, un 67% considera que no demostró “autoridad y liderazgo”. Paralelamente, un 66% no cree que generó confianza.

Con relación a la forma en que la gente recibió sus declaraciones, un 65% opina que habló en su rol de “madre afectada por la situación de su familia” y sólo un 17% cree que lo hizo como “Presidenta de todos los chilenos”.

Según los números de este sondeo, la credibilidad de la jefa de Estado está fuertemente afectada: de los encuestados, un 71% no cree que Bachelet no haya estado enterada de los negocios que hicieron su nuera e hijo.