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La XIII Cumbre de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) culminó con el apoyo al “justo e histórico reclamo del Estado Plurinacional de Bolivia sobre su derecho a una salida al mar con soberanía”.

A los países socialistas del ALBA, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, se les suman las islas de Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente, Las Granadinas y Santa Lucía. La entidad fue una creación política maquillada de comercial de Hugo Chávez, ésta vez con los hermanos Castro.

Ante este apoyo de los compañeros de ruta ideológica de Michelle Bachelet al país que demandó a Chile, el canciller Heraldo Muñoz hizo lo de siempre:“rechazar  –en esta oportunidad— la “intromisión” de dicho organismo en asuntos bilaterales, haciendo ver –con su infinita candidez— su extrañeza por tratarse de “pueblos hermanos”…

Desde que asumió en Relaciones Exteriores en marzo, el hijo ilustre de Estación Central y amigo confidente de la Presidenta, ha llenado su tiempo rechazando e impugnando declaraciones de nuestros vecinos del norte que se percataron rápidamente de la fragilidad de Chile en cuanto a jerarquía y  peso en sus manejos internacionales.

Coincidencia u oportunismo, lo real es que el acuerdo del ALBA de apoyar a Bolivia en su demanda marítima se produjo sólo días después de que el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle –lobbista en viaje por el mundo para convencer a otros países de que la razón la tiene Chile–, declarase que “si seguimos así, podemos perder en La Haya….”.

Las RR.EE. de Chile fallaron en el anterior gobierno de Bachelet, en el de Piñera y ahora lo está haciendo en este segundo período de aquélla, pero con el increíble añadido –en el caso del ALBA– que ahora los mismos camaradas de ideología de la Presidente, los mismos socialistas nostálgicos del marxismo, le dieron la espalda no a una cualquiera, sino a una de las más entusiastas defensoras de la solidaridad internacional de la izquierda por sobre los intereses de su propio país.

El canciller chileno hace tres semanas le ofreció la mejor disposición para el diálogo al vicecanciller boliviano y Morales le responde ahora con el contundente apoyo de un organismo que en el ámbito de los Tratados será insignificante y comercialmente la nada, pero políticamente –así como UNASUR— constituye una alianza de trascendencia para el socialismo americano.

Sólo días atrás y tras el cataclismo de las encuestas que la sepultaron, Bachelet viajó por el día a Ecuador a abrazar a Correa y felicitarlo por la moderna sede de UNASUR construida con aportes de todos los países miembros, entre ellos Chile.

En fecha reciente, fue Chile el patrocinante de la campaña para que Venezuela fuese designada miembro alterno del Consejo de Seguridad de la ONU, objetivo que logró. Pese a todas las solicitudes en cuanto a censurar la dictadura impuesta por Nicolás Maduro, con desabastecimiento, destrucción de la economía, expropiaciones, gobernar por decretos y con disidentes presos políticos sin juicio, la Presidenta Bachelet y su séquito extremista se han negado a una mínima denuncia en contra de tanta violación a los derechos humanos. Incluso, al socialista Antonio Viera-Gallo se le negó la posibilidad de visitar al prisionero opositor Leopoldo López…

Nicaragua es uno de los sitios de entrenamiento guerrillero a los subversivos mapuches de La Araucanía que se autodefinen “comuneros”, pero el Gobierno, consciente de ello, rehúsa imponer allí su autoridad para evitar conflictos bilaterales con los patrocinadores de la violencia en la zona, como ese país y Cuba.

Y, por último, en cuanto a Cuba, no hay chileno que haya olvidado la imagen de la Presidenta cuando en una gira a La Habana en su anterior período abandonó corriendo una ceremonia para ir a un encuentro secreto con Fidel. Más recientemente, en vez de estar molesta con los Castro por su apoyo a Bolivia, la Presidenta instó a EE.UU. a poner término a la brevedad al bloqueo económico de la isla.

Ateniéndose a uno de los acuerdos del ALBA, y quizás el único trascendental, queda a las claras que a Bachelet le quitaron el piso sus camaradas, pese a la complacencia de ella hacia ellos. Una diplomacia seria, de la cual carece Chile, debería de inmediato haber llamado a informar a todos los embajadores de los países mencionados, al menos como una reacción digna.

A este clan de dictadorcillos que han hecho tabla rasa de la institucionalidad en su países, les parece que nuestra Mandataria está dando muestras de que será incapaz de izquierdizar a Chile en el plazo breve que se había impuesto.

La frialdad del socialismo internacional para aplicar la “ley del hielo” tiene innumerables ejemplos, de tal modo que no puede extrañar que sus compañeros latinoamericanos de ideología, a los que ella ama, le hayan dado vuelta la espalda en forma tan grosera. Las cuentas que se sacaron al interior del ALBA son simples: la camarada será muy de izquierda, pero el país se rehúsa a serlo y tiene que pagar el precio.

Y ese precio es el apoyo a Bolivia en perjuicio de Chile.

Cada día que pasa y por la evidente falta de complemento y armonía en la conducción del país, se agudiza el convencimiento de que por estos días en Chile no manda nadie.

En el verano pasado era impensable imaginarse que a tan sólo seis meses de gestión del gobierno socialista, el escenario iba a ser tan desolador y desconcertante como el que hoy presenta Michelle Bachelet y sus apóstoles de la Nueva Mayoría.

Con sólo medio año de camino, el oficialismo aún no puede coordinarse y, por el contrario, es una caja de Pandora en cuato a ataques mutuos, descalificaciones, desencuentros e intereses disímiles, habiendo llegado incluso al insulto público tras la calificación de “pelotudo” del intendente Francisco Hunchumilla (IX Región) a un diputado de la coalición gobernante.

El natural vínculo de buena convivencia que debe existir en un colectivo no es tal y, en definitiva, los desencuentros oficialistas se ventilan a través de  los medios de comunicación, con mensajes, recados y comentarios venenosos.

Cuesta poco explicarse, y entender, porqué el Gobierno llegó en tan poco tiempo a su convulsiva vida interna. No hay que olvidar que fueron los antiguos partidos de la ex Concertación los que suplicaron a Bachelet que aceptara la candidatura el 2013 porque era ella la única capaz de recuperar el poder para la izquierda. Consultado en aquellos tiempos el senador Lagos Weber (PPD) por la eventualidad de que la entonces Secretaria Ejecutiva de ONU Mujer no accediese a postular, respondió que “ah, entonces, ahí queda la tendalada, no más”…

En su asumida condición de salvadora de la izquierda, las condiciones las puso ella: subir al mismo carro a todas las fuerzas populares de izquierda, desde el PC, pasando por ex subversivos, los jovencitos radicales de la calle, encapuchados y hasta el anarquismo si fuese necesario. Su idea fue no repetir el error de su primer gobierno  –sólo de administración—y ejecutar un modelo contrapuesto al neoliberal sin el traumático atropello de la UP.

Los partidos, conscientes de estar asidos a la única tabla en flotación, aportaron sólo con representantes y breves propuestas al comando de campaña que fue estructurado con gente de exclusiva confianza de la candidata. Fue un equipo reducido, con ortodoxos de izquierda, que elaboró un programa extremista y no fruto de un consenso de la Nueva Mayoría, a excepción del PC que, al no haber sido parte de la Concertación, asumió el tutelaje para imponer las “diferencias” que hicieran que la administración Bachelet partiese quebrada.

Los partidos no tienen la moral para reclamar, ahora, que carecen de la injerencia que se merecen al interior del Gobierno, porque con tal de recuperar el poder y los rentables “pitutos” en la administración pública le dieron carta blanca a la futura Presidenta. Hoy están pagando las consecuencias de su conducta suplicante y hasta rastrera.

Al quedar condicionados y sin influencias, no tuvieron más alternativa que  confiar en el supuesto liderazgo de la Presidenta y en sus hipotéticos atributos para conducir al país, pero por segunda vez debieron convencerse   de que ella carece de aptitudes para el mando. Jamás ha sido una político con muñeca y olfato y las dificultades suele enfrentarlas con discursos distractivos.

La más patética muestra de ello lo da con sus continuas referencias a la calidad de la educación, siendo que en todo lo que se conoce de la reforma no hay un solo artículo que aluda a ella.

Sus frecuentes “llamados al orden” no parecen tener eco en la coalición que la apoya. Bastó que Bachelet denunciara que las protestas de los apoderdos de colegios con copago “son una campaña del terror pagada” para que el senador Carlos Montes (PS) dijese que está de acuerdo con ellos. Tras exigir que no le envíen recados por la prensa para hacer cambios en el gabinete ministerial, José Auth (PPD) le respondió que “se le acabó su ahorro”.

En abril, a poco más de un mes de asumida Bachelet, se publicó la primera encuesta de Adimark sobre evaluación del Gobierno. La Mandataria tuvo sólo un 20% de rechazo. Seis meses después, en octubre, un 47% reprueba su manejo como Jefa de Estado y por primera vez  –incluyendo su primer período (2006/2010)—, la disconformidad supera al apoyo, 47% contra 45%.

No es irrelevante, tampoco, este último dato: sólo menos de la mitad de la población está de acuerdo con su gestión.

Cifras tan categóricas fueron apenas destacadas por los medios de comunicación y presentadas con dimensiones irrelevantes, en una respuesta más a que el desconocimiento ciudadano sobre la fragilidad e inconsistencia de este Gobierno se deben al tapón intencional que constituyen editores y reporteros, en su casi totalidad mal disimulados adherentes a la izquierda.

El macizo antecedente de que un Gobierno –ahora, es el caso de éste— tenga en su contra casi la mitad del país es de gran referencia no sólo en lo interno, sino en lo externo y tiene que ser correcta y debidamente difundido, cosa que no ocurre. Por muy aleatoria que sea, la metodología de la encuesta excluye la tan célebre cota mil del cura Felipe Berríos, de tal modo que los consultados de Santiago y Regiones pertenecen a las clases media/media o media/baja, lo que hace más potente su resultado.

La “confianza” es el atributo más bajo de la Jefa de Estado, que cayó al 53%, cinco puntos menos que septiembre y ocho menos respecto a la medición de agosto. La delincuencia y el TranSantiago aparecen con una aprobación de sólo 20% y 19%, respectivamente.

El respaldo a la Reforma Educacional cayó un punto y quedó en 45%, mientras que la desaprobación subió dos puntos y quedó en 47%. Algo similar ocurrió con la Reforma Tributaria, cuya aprobación subió un punto (43%) y su rechazo aumentó a 48%.

Por ese enfermizo afán de disimularlo todo, en lugar de absorber el duro golpe de la Adimark de octubre con habilidad política, La Moneda empeoró su imagen al reaccionar con expresiones que explican con claridad el motivo del fracaso. Tras un Consejo de Gabinete extraordinario, la Presidenta leyó un discurso en el que afirmó que “hay que trabajar más” y reveló haber instruido a sus ministros a “salir a terreno a explicar las reformas”…

Los siempre despistados chilenos no hicieron ni han hecho una lectura correcta de estas confesiones presidenciales. Al reconocer que “hay que trabajar más” envió al país una señal inequívoca de que en seis meses en La Moneda no se ha laborado lo suficiente, pero no por responsabilidad de los ministros, sino por su exclusiva responsabilidad. Tareas sectoriales tan urgentes como obras públicas, salud, desarrollo social, vivienda y minería ella misma las minimizó para priorizar su ideario político a través de cuestionadas reformas para aniquilar la “codicia capitalista”.

Es cierto que gran parte de su gabinete ministerial carece de visibilidad, pero se explica porque por decisión de ella misma, el gran objetivo de su Gobierno fue centrarse en cursos de aguas –Hacienda y Educación– que condujesen al gran lago del totalitarismo socialista.

Para peor, su frase de “salir a explicar mejor las reformas a la gente” nada tiene de meritoria, sino muy por el contrario, es el más rotundo reconocimiento a que los papers de sus reformas emblemáticas los escribieron maestros chasquillas de pelaje totalitario. Algo bien hecho y mejor presentado ¿tiene que salir a explicarse para ser entendido?

Pierde tiempo La Moneda en intentar explicar lo que la gente, a través de las encuestas, está expresando: casi la mitad de la ciudadanía no quiere que el país sea refundado ni que se le imponga el nuevo modelo totalitario socialista. No es una cuestión de estar más minutos en una oficina o en las calles o de explicar con palos de fósforos en qué consisten las reformas. Eso es un simplismo y de persistir en su obstinación ideológica, Bachelet seguirá cayendo.

Con una ácida crítica a las reformas legales más importantes de los últimos años, como la que creó el Ministerio Público; la Unidad de Análisis Financiero; la Ley de Violencia en los estadios; la que traspasó la dependencia de Carabineros al Ministerio del Interior y otras, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, entró al debate de las futuras reformas políticas y económicas, apuntando, en resumen, a errores que cometen las autoridades.

A seis meses de que deje el cargo, el Contralor pronunció el discurso más duro de su gestión como invitado a impartir una clase magistral, en el Seminario de Derecho Constitucional del Centro de Estudios Sociedad Libre (UC).

 “Hay un montón de cosas inapropiadas o muy estúpidas en lo que está pasando en el último tiempo”, dijo al abrir los fuegos respecto del tema de las reformas. “Gran parte de eso es porque no entendemos lo que está pasando y cada vez el evangelizador puede decirme algo nuevo, entonces ‘¡Oye! Una nueva constitución’. Y estamos pensando todos una nueva Constitución. Después un evangelizador va a decir ‘¡fijemos los precios!’ y ‘¡ya!, fijemos los precios de los planes de salud’ o ‘en realidad, el aporte individual a la previsión no es bueno, hagamos un aporte solidario’ y ‘¡hagamos aportes solidarios!’. Eso significa en derecho ‘re-estaticemos las cosas’ y cuando hago eso, disminuyo el aporte que los privados pueden hacer”.

¿Quiénes son los evangelizadores? “Cuando se desconoce el derecho público, cada nueva opinión es una nueva evangelización. Tenemos muchos evangelizadores”, explicó.

Para él, existe una propensión a legislar con modelos extranjeros “que a veces no se adecuan a la temperatura jurídica nuestra” y a hacerlo sin “responder a los fundamentos de las necesidades de cambio que tiene nuestra sociedad”.

“En consecuencia, hacemos una especie de gato mono constitucional. Mezclamos un gato con mono y si le podemos poner genes de burro, le ponemos, entonces, orejas de gato, cola de burro y ojalá que sólo sea la cola…”, agregó.

Ramiro Mendoza realizó estas críticas en su condición de académico de Derecho Administrativo en la Universidad y advirtió a los asistentes que no lo hacía en calidad de Contralor. Sus palabras originaron inmediato rechazo en el Gobierno, el cual evaluó desde una acusación constitucional hasta  –como lo solicitó Bachelet— que diera excusas públicas. Ni lo uno ni lo otro: él se limitó a explicar que “no tengo por qué darle explicaciones a nadie”.

Pocas horas después le apareció un sorprendente apoyo: el de la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, Clara Szczaranski. Ella, militante en su juventud de las JJ.CC., fue presidenta del Consejo de Defensa del Estado y ahora continúa siendo integrante de la plana ejecutiva de la entidad.

En una entrevista que le hizo revista Qué Pasa, ella expresó categóricamente estar plenamente de acuerdo con lo aseverado por Ramiro Mendoza y puso como ejemplo la Reforma Educacional “hay que tener un GPS para entenderla…”. Algunas de sus expresiones más relevantes son las siguientes:

*Acá es difícil que alguien te diga las cosas claramente. Hay todo un tema con aceptar el diálogo, que el otro es distinto, que tiene otra opinión, que tiene derecho a tenerla. Si queremos ir adelante en el pensamiento y en la conversación, hay que escucharse. Yo creo que en este país falta diálogo. Y falta diálogo porque hay muchas decisiones que se toman en bloque, ideológicamente. Yo creo que un gran freno del desarrollo humano son las ideologías de cualquier especie.

*¿Es tan raro el lenguaje del contralor o es el que escuchamos todo el día en la calle? A mí me sorprende que el país se haya quedado en cómo lo dijo y no en qué dijo. Si está equivocado le contestaremos y opinaremos. Un funcionario público tiene constitucionalmente el derecho a tener su propia opinión y su versión de todo.
*Los derechos constitucionales de expresarse pública y libremente los tienen todas las personas. Ahora si alguien quedó molesto tiene que persuadir y contra argumentar.

*Yo creo que las críticas que formuló son transversales. Nadie tiene por qué sentirse acusado o imputado. Más que una crítica al Gobierno, él hizo una crítica a la comprensión de nuestras instituciones. A la madurez de nuestros cuerpos normativos. Yo creo que él estaba hablando en términos institucionales. ¿Sabes quién se puede sentir afectado? Alguien que está muy satisfecho de la normativa que tenemos y la encuentra espectacular.

*Estoy totalmente de acuerdo, no sé a qué le diría que no. Por ejemplo, como dijo el contralor, el derecho es reaccionario. Las normas vienen a reconocer una realidad cultural, no la provocan.  No puedes mandar señales con leyes, con leyes recoges y captas lo que en tu sociedad va pasando y lo que tu sociedad necesita para desarrollarse. Pero acá hay una compresión de la ley y del derecho que es muy especial porque hemos asumido muchas leyes de la OCDE o del mundo anglosajón, pero no hemos obtenido los mismos resultados, porque no basta con legislar a toda velocidad para cambiar la realidad.
*Muchas normas que se dictan acá son aspiracionales, es cómo creemos que deberíamos ser a tono con la cultura contemporánea y con el mundo del que somos parte. Pero saquémosle un poco de las capas externas y te das cuentas que esas normativas no reflejan una realidad cultural.

Uno de los más puristas, autoflagelantes y desgarradores debates de los últimos tiempos está en desarrollo a raíz de una arista política que descubrió el fiscal a cargo de la investigación de fraude al FUT por parte del  Grupo Penta.

Poco antes de morir a causa de un cáncer, un corredor de propiedades reveló al SII que, con la complicidad de algunos de sus propios funcionarios conspiraba con sociedades de inversiones para no pagar el FUT. Su confesión generó una acuciosa indagatoria que llevó al Servicio a querellarse en contra del ex ejecutivo del Grupo Penta, Hugo Bravo, amigo desde la época escolar de uno de los propietarios del holding, Carlos Eugenio Lavín..

Al introducir sus largos tentáculos en las contabilidades cuando fiscaliza, el SII revisa hasta los más mínimos detalles. Así, encontró algunas prestaciones de servicios a la matriz o filiales de Penta que nunca se realizaron, apareciendo boletas de las esposas de los dueños—Lavín y Carlos Alberto Délano— y las de algunos políticos, varios de la UDI y del precandidato presidencial independiente de izquierda (IIZ), Andrés Velasco.

Ello fue más que suficiente para que ardiera Troyas en el mundo político y que se pusiera en jaque el financiamiento reservado de los partidos políticos.

A grandes rasgos, el sistema tiene vías totalmente legales pero con brechas suficientes para hacer posible lo ilícito.

El financiamiento público de las campañas es simple: el SERVEL devuelve a los candidatos una suma proporcional al número de votos obtenidos.

El financiamiento particular  —conocido como reservado— se produce minoritariamente por el espontáneo impulso de una empresa de ayudar con dinero a uno o varios candidatos y mayoritariamente por la solicitud del tesorero de campaña o en forma directa por el propio aspirante.

Acordado la suma del aporte, obligatoriamente la suma debe depositarse en la cuenta corriente del SERVEL en oficinas del Banco del Estado y con el comprobante en mano, vía computacional, se ingresan las cantidades al o los destinatarios en el Registro Electoral. Éste deposita en la cuenta corriente del candidato ése y/o la suma de aportes sin identificar el remitente. Esta cláusula legal es la que insta a los beneficiados a declarar públicamente que ignoran quiénes donaron a su campaña.

Pero como los comandos y hasta el propio candidato son informados del desenlace de su petición y del monto prometido, al hacer la suma es fácil detectar si en el total se halla o no el aporte.

La ley fija a las empresas un límite de entrega de dineros para campañas y como la operación es por RUT, las filiales también pueden hacer aportes independientes. La jurisdicción vigente permite al donante cargar a gastos sus dádivas y, naturalmente, pagar menos impuestos.

En las últimas elecciones, el candidato que mayor aporte reservado recibió fue el debutante diputado Ernesto Silva Méndez (UDI), sobrino de Carlos Alberto Délano e hijo del fallecido Ernesto Silva Bafallouy, fundador de la Universidad del Desarrollo junto a Délano, Joaquín Lavín, Cristián Larroulet y Federico Valdés.

Probadamente, en el 80% de las candidaturas, la suma del dinero girado por el SERVEL de acuerdo a la cantidad de votos y a las donaciones de las empresas no llega al 70% del gasto de campaña y ésa es la diferencia que suele cubrirse con “servicios brujos”. Los aportantes condicionan su óbolo a la entrega  de una factura o boleta para justificar contablemente el egreso. Sólo en casos excepcionales la prestación es demostrable, como lo ocurrido con Andrés Velasco (IIZ). Éste no necesito de triquiñuela alguna: cobró  por informes económicos, conferencias y charlas específicas para el Grupo Penta.

No es el caso del senador Iván Moreira (UDI) que recibió un aporte de Penta a cambio de un boleta de servicios que emitió su chofer.

La alharaca generalizada a raíz del financiamiento reservado de la política por el descubrimiento de estas irregularidades generó histéricas e innumerables propuestas para transparentar el sistema. Una de las posiciones innovadoras es que, en adelante, los donantes sean personas naturales, pero como éstas no pueden rebajas impuestos por este concepto, el gran marco actual de recolección de dineros se minimizaría y sólo podrían competir electoralmente quienes tengan el suficiente patrimonio para solventar la carestía de las campañas.

Max Marambio (ex MIR) y Esperanza Cueto (LAN Chile) financiaron de sus bolsillos la campaña de Giorgio Jackson. Pero ¿cuántos, como ellos, lo querrán hacerlo?

Ayer, hoy y siempre, con la legislación que sea, hubo, hay y habrá resquicios y se generarán los espacios para financiar de modo irregular los ascendentes gastos de las campañas electorales. En el caso del Grupo Penta, no puede omitirse lo extraño que resulta que los únicos hurgados sean sólo la UDI y un precandidato que tiene en ascuas la permanencia en el poder de la Nueva Mayoría, cuyas oficinas y domicilios han sido allanados por la PDI.

Si el SII está llegando a una raíz, lo más democrático y transparente sería que sus investigaciones alcancen al bosque completo.

Los desconcertantes y poco ordenados proyectos de reformas tributaria y educacional son fruto del atolondramiento de la Nueva Mayoría por hacer realidad en el corto plazo posible la amplia canasta de ofertas electorales, todas destinadas a borrar de un plumazo lo que se ha hecho en el país desde los 70 hasta la fecha.

El innecesario apuro por cumplir un número de envíos de proyectos al Congreso en los primeros cien días de gobierno, originó un caos legislativo y político que ya, a estas alturas, le está pasando la cuenta.

Si el oficialismo estaba al tanto de que se venía a toda prisa la desaceleración, como lo acaba de aclarar Bachelet, era aconsejable la prudencia y no seguir empujando “cambios profundos” a tontas y a locas. Pero resultó más fuerte afirmar el “nuevo modelo” que evaluar la realidad y su costo inmediato.

El irrenunciable compromiso político de satisfacer a los movimientos sociales ha llevado al gobierno socialista a ganarse mucho más problemas y mucho más graves de los supuestos. Desde el primer día hasta hoy  –con el senador De Urresti como ejemplo–, Bachelet recibe presiones para que pase la aplanadora, esto es, recurrir a su mayoría legislativa.

Ya lo hizo con la Reforma Tributaria en la Cámara y el resultado fue deplorable: la mayoría actuó ideológicamente sin detenerse en un mínimo análisis acerca de  las aberraciones   del proyecto, corregidas a tiempo por el Senado.

La simple realidad le demostró al Ejecutivo que en democracia no es fácil implantar el totalitarismo y el intervencionismo. Pese a las muchas experiencias sobre la materia en Occidente, el gobierno socialista no calculó que una institucionalidad afianzada por años en el país iba a reaccionar.

La primera luz roja que le puso la realidad llevó a La Moneda a paralizar de inmediato la cacareada Reforma Laboral y el silencio de esa forzada decisión pudo cristalizarse merced a la complicidad del PC que dirige a la CUT y al ámbito sindical público. Se congeló el proyecto, nadie abrió la boca y no hubo protestas callejeras.

Pero la peor consecuencia de este “avanzar sin tranzar” quedó dramáticamente en videncia con el imprevisto frenazo económico impuesto por el IMACEC de junio y que tiene a todos temblando a la espera de la cifra de julio.

Mucha responsabilidad en este abrupto y sombrío panorama la tienen la Nueva Mayoría y su Presidenta por sus atemorizantes anuncios en contra del modelo neoliberal vigente por décadas y, específicamente, por sus amenazas al mundo privado en todas sus esferas.

Y resulta que ahora, con el agua al cuello por el nulo crecimiento, el Gobierno recurre a los privados como medida de emergencia para reactivar la economía e impedir que, así como se viene la mano, el desempleo llegue a dos dígitos. ¡Qué contradicción! Con la Reforma Tributaria ahuyenta la inversión y ahora intenta estimularla gracias a las licitaciones.

Ahora, ante la angustia por el nulo crecimiento económico, se busca implementar casi de emergencia proyectos que la comunidad hace tiempo venía reclamando, como la licitación del aeropuerto de Santiago, las rutas G-21  –paso fronterizo Los Libertadores—y la G-60. que une Melipilla y el Camino de la Fruta, además de la carretera Nogales-Puchuncaví; el proceso de precalificación del embalse Punilla y  la adjudicación del Puente Industrial del Bío Bío.

Ninguna de estas obras fue considerada prioritaria en el programa de gobierno de Bachelet.

La idea del MOP es echarlas a andar dentro del 2014 para reactivar la economía mediante el modelo de inversión público/privada de infraestructura, a las que, además, se le suman la modificación de contrato para ocho autopistas concesionadas.

El urgente valor que se les da, ahora, a las concesiones se contrapone con la política de anular otras, como las de los hospitales. Los funcionarios Del Salvador estuvieron en huelga –con el consiguiente perjuicio a la salud de la comunidad– en rechazo al futuro complejo Del Salvador/Geriátrico porque intervendrán privados y cuya concesión ya está adjudicada. Sus trabajadores, dirigidos por el PC, exigen que sea público ciento por ciento, lo cual significaría, según la Contraloría, una pérdida de 600 millones de dólares para el Fisco.

Se instaló una mesa de negociaciones y el Gobierno encargó que se hiciera cargo de ella, así de claro, el PC. ¡Pobres privados! Pero igual, ante la emergencia económica, recurre a ellos.

La ideología es “un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad  o movimiento político”. A partir de esta definición universal es fácil entender la causa de este terremoto económico sin terremoto de por medio que está afectando al país y que impactó a la población al conocerse el último índice de crecimiento (IMACEC): 0.8%.

Los cálculos más sombríos apuntaban a que el crecimiento económico de junio iba a ser algo superior al 2.5%, pero jamás nadie imaginó esta debacle del IMACEC, y todavía falta por conocer el de julio, respecto al cual hay analistas que consideran que será peor aún.

Cuando la Nueva Mayoría llegó al poder proclamó su confianza de que el crecimiento de Chile el 2014 iba a estar cercano al 4%. Hoy, la proyección es brutal: sólo un 2.9%. Con esa cifra, nuestro país se sitúa como el tercero en el mundo que más bajó sus expectativas.

Tan negativa cifra sólo es comparable a la registrada en marzo de 2010, al mes siguiente del segundo terremoto más grande que ha afectado al país. Hoy, sin embargo, no hay de por medio un sismo de magnitud que haga comprensible lo que está sucediendo con este fenomenal desplome de la economía nacional.

Hay absoluta conciencia de que la desaceleración mundial  –que ha afectado a China y Estados Unidos—, ya desde el 2013 estaba originando deterioros en los crecimientos de todos los países y, con mayor motivo, en las economías emergentes como la de Chile. Así y todo, con el mismo obstáculo de hoy, a estas alturas del 2013, el crecimiento del país era de 4.1%

El “mal de muchos, consuelo de tontos” no puede ser la única justificación para lo que está ocurriendo. La Presidenta reaccionó diciendo que “nosotros desde que asumimos sabíamos que la recesión internacional iba a afectarnos” y su ministro de Hacienda, como si se tratase de una noticia, declaró que “nos estamos haciendo cargo del problema” y anunció una serie de medidas para combatir las consecuencias inmediatas, como son el desempleo, la devaluación del peso, un alto IPC, el freno de las importaciones y, por sobre todo, la sensación generalizada de desconfianza.

Hace un año, a Chile se le ponía ante el mundo como un ejemplo económico. Era el líder de los países emergentes en cuanto a desarrollo.

Hoy casi está a la par con Argentina,  con una expectativa de crecimiento anual de 1.9%, y todos saben los permanentes empeños que han puesto los Kirchner –y por años– en demoler su economía, vivencia totalmente contrapuesta a Chile….¡hasta la elección de Bachelet!

Éste fue el punto de partida de un escenario de temores y desconfianzas que surgió como consecuencia de su llegada al poder. Potenciada por su popularidad y por el compromiso con sus adherentes político de no repetir un gobierno de administración, sino hacer realidad las exigencias de los movimientos sociales, la economía  –como reflejo natural— experimentó una parálisis.

La ideología socialista apunta directo al eje del crecimiento económico. El discurso de “quitar a los ricos para dárselo a los pobres”, de inmediato originó precauciones  en el ámbito que maneja el capital privad y más aún si la Presidenta y los suyos patrocinaron el “nuevo modelo” para sustituir la plena libertad de mercado vigente desde mediados de los 70.

El Estado, ahora, tiene que ser el gran controlador, llegando con sus tentáculos a todo el sector privado, y un primer instrumento para ello era la original Reforma Tributaría.

Frente a una sombría amenaza y a acciones tan depredadoras como el irresponsable trámite de la Reforma Tributaria en la Cámara de Diputados, no sólo el mercado sino la sociedad toda reaccionaron. Las clases media/media y media/baja –que en teoría iban a ser las más beneficiadas con el “nuevo modelo”— dieron rápida cuenta de sus temores hacia el “mercado socialista” y ahí están las consecuencias: un crecimiento económico del 0.8%.

Hay que ser lo mínimamente listo para no caerr seducido por las excusas del Gobierno en cuanto a que este terremoto económico, y sin terremoto de por medio, se debe a la desaceleración internacional. Un país vecino, Perú, igualmente afectado por la crisis global, casi no bajó su proyección de crecimiento para 2014 que supera el 5.0%.

No hay que envidiar a Perú. Hay que felicitarlo por no tener un gobierno socialista como el nuestro

“Estoy aprendiendo de educación igual que ustedes…No olviden que soy economista”. Esta confesión que el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, les hiciera a unos niños alumnos de una modesta escuela de la periferia santiaguina refleja de algún modo por qué el debate en torno a la Reforma Educacional ha llegado al límite de un desconcierto incomprensible.

Eyzaguirre ha demostrado  que es un tecnócrata calificado, que no en vano fue un buen ministro de Hacienda y que hasta ocupó un cargo en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero no es un perito en temas educacionales ni tampoco es un político hecho y derecho. Ciñéndose a su rígido y estatista programa de gobierno, Michelle Bachelet consideró que requería  –y requiere— de fuentes de financiamientos y de un manejo económico para su utopía de “igualar” a los más vulnerables con los pudientes.

Ella –y no otro ni otra– puso sus ojos en Nicolás Eyzaguirre, quien, al margen de esos atributos propios de un economista, es su amigo desde la juventud. Sin embargo, Bachelet, tan ignorante de política como él, sólo le pidió que aplicase al pie de la letra la reforma, tal cual figuraba en su programa, un programa con excesiva intervención comunista.

Y Eyzaguirre puso mano a la obra, lamentablemente una de las peores obras conocidas en décadas en el MINEDUC. Sin que nadie se lo preguntara salió a pregonar que se terminaba el lucro en la educación, que se ponía fin a los colegios particulares subvencionados, que se terminaba la selección para ingresar a los liceos de excelencia, que el Fisco disponía de 5 mil millones para adquirir colegios y transformarlos en gratuitos y que, en definitiva, la meta cortoplacista era que todo el sistema de enseñanza en el país fuese sin pago, al punto que llegó a decir que “de ahora en adelante un alumno que aspire a acceder a una universidad privada puede exigir que no se le cobre”.

Todos sus anuncios, advertencias, amenazas (“se acabó para siempre el mercantilismo en la educación chilena”) no los inventó él, ni los imaginó y ni siquiera fueron producto de alguna pesadilla. Él los leyó textualmenteen elprograma de gobierno.

Hasta la noche del 7 de julio, la Cancillería chilena parecía seguir bailando al ritmo de La Morenada, una de las expresiones folklóricas bolivianas más difundidas. Pero ese día, a través de una cadena nacional soprendentemente breve respecto al contenido del mensaje, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que Chile objeta la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para pronunciarse sobre la demanda marítima interpuesta allí en abril por el propio Evo Morales.

Desde esa fecha en adelante, y con gran resonancia, Bolivia hizo un lobby internacional y diplomático que llegó hasta la tribuna de la OEA para demostrar al mundo “lo justo” de su demanda..

Morales se sintió dueño de la música y subía y bajaba el tono a su antojo y nuestra Cancillería bailaba a su ritmo. Incluso, desde mucho antes de que materializara la entrega de su Memoria, ya durante el gobierno de Piñera, acentuó su odiosa campaña antichilena   y el entonces ministro Alfredo Moreno no pareció tener más recursos que rebatir los dichos provenientes en forma sistemática desde La Paz.

Como parte de su bien montado marketing, las autoridades bolivianas distribuyeron un libro con sus argumentos de porqué ese país debe volver al Pacífico y, recientemente, en la Cumbre tercermundista de los No Alineados”  –bloque inerte del cual Chile es miembro–, Evo Morales obsequió a todos sus colegas asistentes un original reloj que marca el tiempo al revés y con un mapa  que incluye su antiguo dominio, y por tanto, el litoral.

La idea fue muy original: el tiempo se devuelve a 1879 antes de la ocupación  chilena como consecuencia de la guerra con Bolivia.

La maniobra de La Paz fue copia de la estrategia peruana con su solicitud revisionista del límite marítimo: llevar siempre la iniciativa e imponer las pautas, obligando a la diplomacia chilena a ir de atrás, al ritmo impuesto por sus contrapartes.

Esta vez, a sólo una semana de que venciera el plazo (15 de julio), Chile anunció la presentación de “objeciones preliminares a la jurisdicción del tribunal”, lo que  significa que la CIJ carece de atribuciones para fallar sobre un Tratado de Paz y Amistad con más de un siglo de vigencia y que fue firmado a plena voluntad de las partes.

En un momento, al interior de la Cancillería local surgió una corriente más conservadora y tradicionalista que planteó responder punto por punto la Memoria boliviana  –con un plazo hasta febrero del 2015— y que al final de la Contra Memoria se argumentase que la CIJ no tiene competencia. Fue una postura  tendiente a no correr riesgos futuros con una petición de inhabilidad a una Corte que, quizás, más temprano que tarde puede ser convocada a resolver dos conflictos “en el aire”, el triángulo terrestre norte Concordia y Campos de Hielo Sur.

Sin embargo, terminó por prevalecer la convicción absoluta de expertos, historiadores y políticos de todas las sensibilidades  –menos Carlos Ominami y Marco Enríquez— de que una aberración de esta magnitud, dejar en cero un Tratado de Límites que ha regido desde 1904, no requería la menor revisión por parte de ningún tribunal del mundo. Bolivia ni siquiera tiene un resquicio que pueda sustentarse en el Pacto de Bogotá de 1948.

Es posible que esta “objeción preliminar” le produzca cosquilleo a algún juez de la CIJ, pero parecía el momento de responderle con este tipo de contundencia a la ignorancia, altanería y aprovechamiento político del majadero Evo Morales. Igual ahora viene una etapa de alegatos ante dicho tribunal, pero sólo restringido al tema de la incompetencia, un proceso mucho más breve que el haberle llevado el amén al Mandatario boliviano. Es de imaginarse el ritmo que le hubiera puesto a su música para que la siguiéramos bailando durante, al menos, cuatro años.

Le agrade o no a la CIJ que la objeten, lo más significativo de la decisión del Estado chileno es que se trata de un tapaboca definitivo para un personaje tan desagradable e intelectualmente básico como Evo Morales.

En su libro “Confieso que he Vivido” (RBA Editores, Barcelona, 1994, pp. 122-123), el “gran chileno” Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto (Pablo Neruda) describe  cínicamente y sin tapujos, una violación de la cual fue autor: “entró por el fondo de la casa, como una estatua oscura que caminara, la mujer más bella que había visto hasta entonces en Ceilán, de la raza tamil, de la casta de los parias… Era tan bella que a pesar de su humilde oficio me dejó preocupado… Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca…  Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama…  El encuentro fue el de un hombre con una estatua.  Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible.  Hacía bien en despreciarme.  No se repitió la experiencia”.

Nuevo senador por el Maule Sur, Manuel Antonio Matta (DC)

Isabel Aylwin es hija del ex Presidente Patricio Aylwin. Es, además, esposa de Manuel Antonio Matta, quien acaba de ser electo senador para ocupar el cupo dejado por la ministra de la Segpres, Ximena Rincón. Pero, también, es directora ejecutiva de la Corporación Emprender, dueña de cuatro colegios subvencionados, nexo que implicaría un eventual conflicto de interés en el momento en que el flamante congresista de la DC se pronuncie sobre la Reforma Educacional.

La página web de la Corporación Educacional Emprender consigna que la entidad nació en 1994, “a partir de la inquietud de un empresario cristiano sobre el problema de la inequidad en Chile. Eduardo Gras Díaz se convirtió, así, en su gestor y primer presidente.

Asimismo, recalca lo siguiente: “emprender coopera con el Estado en su función educativa mediante la creación y mantención de sus cuatro establecimientos educacionales: dos en Santiago y uno en Osorno, que brindan educación parvularia, básica y media; y uno en Temuco con educación parvularia y básica”.

“Los proyectos han sido financiados por empresas acogidas a los beneficios tributarios que otorga la ley 19.247, de donaciones con fines educacionales y decreto ley 3063 artículo 67 sobre Rentas Municipales. Además, recibe subvención del Estado”, detalla.

Isabel Aylwin es hija del ex Presidente Patricio Aylwin

El caso recuerda también la situación de Claudia Peirano. La renunciada subsecretaria de Educación estuvo casada con el ex vicepresidente de la Democracia Cristiana, Walter Oliva, dueño de la Red Educacional Crecemos que cuenta con tres planteles que fueron asesorados por la Agencia de Asistencia Técnica Educativa (ATE), grupo fundado por Claudia Peirano.

Enfático ha sido el timonel de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, en recalcar que defenderá la educación particular subvencionada. Esto, luego que el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, denunciara que “no me cuadra, desde una lógica económica, que el Estado financie a un privado para cumplir una función pública de esta relevancia (…) el sistema particular subvencionado es una herencia de una mirada neoliberal de la educación, un negocio subsidiado por el Estado”.

Walker contestó: “el 55% de la educación chilena es particular subvencionada. La DC la va a defender!”.

En esa misma línea, la Iglesia Católica defendió la educación privada, haciendo reparos a la reforma impulsada por la Presidenta Bachelet. El presidente del Área de Educación de la Conferencia Episcopal, el obispo Héctor Vargas, manifestó que “el Estado de Chile ha comenzado gradualmente a usar la subvención como un medio, o sea, ‘te entrego la subvención, pero te pongo condiciones’, y al ponerte condiciones, te estoy diciendo en qué puedes gastar la plata y en qué no puedes gastarla. Esa no es la finalidad de la subvención”.

El texto elaborado por  la Conferencia Episcopal repara en que “si efectivamente hay razones objetivas de fondo para eliminar el financiamiento compartido, es imprescindible que se respete la finalidad para la cual las familias hacen hoy su aporte, en cuanto a que los colegios tengan más recursos para implementar con toda libertad las características de su propio proyecto educativo. Nuestra preocupación no es un tema de dinero, porque el financiamiento estaría asegurado, sino de principios y derechos, como el de la libertad de enseñanza”.

Para los involucrados en las marchas de protesta de los llamados “movimientos sociales”, el número de concurrentes es el primer parámetro para determinar acaso tuvo éxito y, por tanto, si su caja de resonancia fue mayor.

A decir de sus organizadores  –la CONES y la CONFECH-, la marcha del 8 de mayo tuvo una asistencia cercana a las 100 mil personas, cifra que dobla a la que Carabineros entrega en forma oficial y que la calculó aproximadamente en 40 mil. A ello, hay que sumar los desfiles en Iquique, Valparaíso, Talca, Concepción y Valdivia. Todavía más, en algunas universidades renuentes a adherir a este tipo de manifestaciones  —como la Pontificia Católica de Santiago— se dio libertad de acción a sus alumnos.

Desde la perspectiva de los estudiantes, la marcha fue un éxito, aunque en la víspera no lograsen un acuerdo sobre cuál iba a ser el discurso como lema en el desfile. Coincidieron, eso sí, en un punto: “no hay reforma sin manifestación social”…

En definitiva, el slogan que prevaleció fue la gratuidad, pues respecto al mal definido “lucro”, éste ya empezó a ser atacado con el Proyecto de Ley que crea la figura de los interventores y/o comisarios estatales. Respecto a la calidad, a ellos no les importa, como tampoco al ministro ni a la Presidenta, siendo que se trata  –ni más ni menos— de la endemia de la educación chilena.

Este primer examen fue aprobado por los manifestantes y no sólo por la gran convocatoria, sino también por el recorrido de la marcha: lograron volver a su escenario natural  –la Alameda— con la simbólica pasada frente a La Moneda y al MINEDUC.

También resultó un éxito de imagen para el Intendente Regional  –Claudio Orrego— que le quitó presión a las negociaciones para determinar el trayecto, cediendo sin reparos a la exigencia de los organizadores de recuperar las calles que siempre habían sido suyas. Y, más aún, astutamente instruyó a las Fuerzas Especiales de Carabineros de mantenerse a una mayor distancia de la habitual “para no provocar….”.

Otros que aprobaron exitosamente este primer examen del 2014 fueron los encapuchados. Con el estímulo del respaldo de los parlamentarios de la Nueva Mayoría que en el Congreso rechazaron un Proyecto de Ley que especificaba penas a sus acciones, volvieron “en gloria y majestad” para ser el foco del interés periodístico. Ellos son fieles seguidores del manual comunista que aconseja que “una manifestación que no origine revuelo, pasa inadvertida”

Este primer examen lo sacó adelante en forma brillante el Partido Comunista, cerebro y articulador de todos estos movimientos desestabilizadores de la institucionalidad, la misma que la Presidenta le garantizó al embajador de EE.UU. que “es y seguirá siendo un ejemplo”…Mucho antes de que Bachelet llegase a La Moneda, el PC anunció que estaría en el gabinete ministerial y también en las calles, en las protestas. Nadie le reprochó este doble estándar ni tampoco ahora, tras esta primera gran marcha social y ante la cual activó todos sus tentáculos para asegurar que la asistencia resultase masiva.

Otros que aprobaron  –como siempre lo hacen en estas circunstancias– fueron los carabineros. Cada vez más demonizados y, para peor, advertidos públicamente por el Intendente Metropolitano de que “no provocasen”, se las ingeniaron para disuadir el “fin de fiesta”, a costa de un oficial quemado por una bomba Molotov  –cuyo uso continúa prohibido por ley—y 20 funcionarios heridos. Ocho mil efectivos se destinaron al desfile, obviamente descuidado la periferia donde hace nata la delincuencia.

Por último, los que aprobaron con honor esta primera prueba fueron los vecinos. Con estoica resignación volvieron a tolerar que por los frontis de sus casas y negocios pasen estas turbas. Sin protección de la autoridad comunal deben refugiarse en sus viviendas a raíz de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Ellos pagan contribuciones e impuestos para vivir sin violentas alteraciones a su cotidianeidad y poseen el derecho a la paz y a la tranquilidad que les garantiza la Constitución.

Pero, también, hubo reprobados.

El primero fue el ministro Nicolás Eyzaguirre, pero, de alguna manera, en forma injusta, porque los estudiantes carecen de paciencia –quieren la retroexcavadora ahora mismo– y no están entendiendo el “mensaje” oficialista. El titular de la Cartera es fiel a la hábil estrategia socialista de que el socavamiento sea con alguna fineza, y el primer proyecto que envió al Congreso delinea el camino para penetrar en la educación privada con interventores, una antigua figura del gobierno allendista que trae al recuerdo más que sólo fantasmas.

Pese a esto, Eyzaguirre fue el único damnificado por esta primera protesta porque se grabó en la memoria colectiva su calidad de “ambiguo” y “contradictorio” por  quedar bien con Dios y con el diablo. Esto, efectivamente, ha sido así, pero, a la postre, temprano o tarde, la reforma tiene un objetivo que no admitirá transacciones: la estatización.

Para concluir se comprueba, una vez más, que los grandes reprobados fueron los periodistas y, naturalmente, los medios de comunicación a los que representan. Continuaron con la ya conocida práctica de priorizar las imágenes de vandalismo como si se tratase de una noticia. Una noticia, por la propia naturaleza del concepto, implica “novedad” y hace ya muchos años que estos enfrentamientos callejeros se prevén y se sabe que vana ocurrir.

Emitir imágenes con lujos de detalles sobre intercambio de bombas lacrimógenas, bombas Molotov y pedradas ¿contribuye a la misión constitucional de la TV? Sólo son útiles como estímulo a la violencia.

Para agudizar el censurable comportamiento de la prensa en este tipo de movimientos sociales, sus representantes llegan a ser odiosos –por su complicidad política— en sus calificativos de “descolgados” o “infiltrados” a los encapuchados, siendo que las filmaciones avalan que son los mismos que desfilan y que en un momento se cubren el rostro y hasta se mudan de vestimenta para despistar.

La óptica sesgada que tienen sobre los roles de los protagonistas de las marchas, los induce a errores elementales, como denominar  –por ejemplo—“bancada estudiantil” a los disputados extremistas que antes, y no sólo ahora, lideraron las protestas callejeras, como Gabriel Boric en Santiago, y Karla Cariola, Camilla Vallejo y Giorgio Jackson en Valparaíso, quienes abandonaron sus trabajos en la Comisión de Educación para unirse a la masa vociferante. VP

Desde que existe la Corte Internacional de Justicia (CIJ), creada por la ONU en 1946, jamás un Jefe de Estado había concurrido personalmente a entregar una demanda en contra de otro país. Este inédito hecho ocurrió el 15 de abril, cuando el Presidente boliviano Evo Morales viajó al puerto holandés de La Haya con su Memoria de más de 200 páginas en contra de Chile.

La decisión de Morales de hacer un trámite comúnmente asignado a cancilleres, agentes y/o embajadores, se debe a dos razones: la primera es externa, sensibilizar al resto del mundo sobre los efectos de su mediterraneidad, y la segunda es interna, pues intenta unir a la ciudadanía de su país, dividida por su mal gobierno, y aglutinarla en torno a él de cara a la próxima elección presidencial.

Sabido es que el único punto de encuentro boliviano es recuperar su acceso al Océano Pacífico, y los empeños hechos por años por innumerables Presidentes vinieron a dar frutos recién ahora con la presentación de esta demanda.

Bolivia  –al revés de la demanda peruana— jamás ha planteado una revisión de los documentos fronterizos porque sus historiadores y políticos con formación académica saben cómo fue la “rendición” que dio motivo al Tratado de Paz y Amistad  de 1904: sus autoridades de aquel entonces solicitaron millonarias indemnizaciones al Estado de Chile.  Firmaron la delimitación territorial definitiva a cambio de plata, de mucha plata.

A raíz de esta cruda realidad es que Bolivia, por largo tiempo, ha buscado decenas de artificios para llegar a algún tipo de acuerdo con la finalidad de recuperar mar soberano. En rigor, hay que reconocer que Chile en varias oportunidades estuvo dispuesto a hacerlo, pero  –siempre— por un corredor fronterizo con Perú que le diera a nuestro país un solo deslinde por el norte y excluir, así, la odiosa amenaza alentada por Lima por recuperar alguna vez Arica y,  ojalá, Iquique.

Estos amagos de un acuerdo fueron abortados por los términos del Tratado de Paz con Perú de 1929 que establece perentoriamente que en el evento de esa posibilidad tendría que consultársele. Su respuesta iba a ser más que obvia por su adorado sueño de reivindicar territorios.

Formal y públicamente se conocen las gestiones de canje de salida al mar a cambio de territorio boliviano rico en combustibles entre Augusto Pinochet y Hugo Banzer –Abrazo de Charaña–, el que se frustró por la oposición peruana. Más tarde se produjo la desafiante oferta de Ricardo Lagos a su colega Carlos Mesa en la Cumbre de Guadalajara (“lo invito a negociar aquí y ahora”), luego, la tabla de 13 puntos de discusión propuesta por Michelle Bachelet en su primer período y, ahora, otra vez la invitación al diálogo de la Presidenta pero siempre y cuando Morales no presentase la demanda en la CIJ..

De estos antecedentes se aferro Bolivia para centrar su demanda: si Chile ha estado llano a conversar sobre su mediterraneidad ¿por qué no continuar dialogando? A este eje,  en su Memoria agrega detalles de lo que (Morales) considera incumplimientos en infraestructura establecidos en el Tratado de Paz y Amistad, los que habrían derivado en perjuicios económicos y en el freno a su eventual desarrollo.

En este punto, la CIJ perfectamente puede derivar a Bolivia hacia la Corte de Arbitraje Internacional de Comercio con sede en París. Y es más, solicita “reparar un daño histórico” (1879), siendo que en virtud del Pacto de Bogotá, sólo se puede recurrir a La Haya por diferendos bilaterales no resueltos desde 1948 en adelante.

Como la CIJ no tiene temas fronterizos a qué abocarse  –como ocurrió con Perú— puede poner énfasis en la permanente vocación de Chile de llegar a un acuerdo y hasta podría emitir un fallo   –dentro de los excéntricos de éstos— que “ordene” a nuestro país a conversar con Bolivia. Más de eso no puede pasar.

Si en esas eventuales conversaciones impuestas por el tribunal no se llega a acuerdo, asunto concluido. Y punto.

La alternativa de nuestra Cancillería radica en qué hacer con la Memoria boliviana que se halla en su poder desde el 17 de abril. Las opiniones en el entorno de RR.EE. están divididas: los más audaces son partidarios de que Chile solicite la incompetencia de la CIJ porque no se trata de un litigio ni una disputa; los más tradicionalistas temen que el tribunal le dé un portazo a dicho pedido, ante lo cual el agente Felipe Bulnes y su equipo –con la cola entre las piernas– deberán responder punto por punto la demanda.

Para solicitar la inhabilidad de la CIJ hay un plazo de tres meses y para la contra Memoria, hasta febrero de 2015.

En el anterior gobierno de Bachelet, Chile omitió este recurso pese a estar convencido de que limítrofemente nada había pendiente con Perú. Optó por la contra  Memoria y, a la postre, el país perdió 22 mil kilómetros de mar de exclusiva explotación económica.

La disyuntiva, ahora, es contestar la Memoria boliviana o, derechamente, pedir la incompetencia de la CIJ por carecer de dominio para pronunciarse sobre un conflicto inexistente. Para mayor inconsistencia de su demanda, Evo Morales designó como juez ad hoc al francés Ives Daudet, condecorado por Chile y –lo insólito— funcionario con sueldo de un organismo dependiente de la Corte.

Pero en RR.EE. hay fantasmas por desconcertantes fallos precedentes  emitidos por la CIJ y se teme, como ocurrió con la demanda peruana, que el clan del eslovaco Peter Tomka salga con “un domingo siete”. Tanto es así que Morales ha dicho que sueña con una sentencia similar a ésa, la de una bisectriz sin respaldo jurídico, pero en el bordemar.

Quizás cualquier otro Presidente boliviano se merecería una respuesta punto por punto. Por caballerosidad hasta no importaría perder el tiempo en explicarle que su demanda carece de fundamento y que es un artificio. Pero es rebajarse a los peores niveles de las relaciones internacionales seguirle el juego a un semi alfabeto que a costa de Chile aspira a ser reelecto y que sin límite alguno ha denostado y ofendido a nuestro país y a sus autoridades.

Sería una bofetada a la dignidad nacional que a Morales se le diera un trato preferente sólo por ser de la misma sensibilidad de la izquierda chilena.

El mejor argumento para solicitar la incompetencia de la CIJ es la reflexión de un sabio filósofo: no vivas dando tantas explicaciones: tus amigos no las necesitan; tus enemigos no las creen y los estúpidos no las entienden”.

En su loco afán por cumplir la meta de 56 promesas de campaña en sus primeros cien días de gobierno, la socialista Bachelet ha pecado de falta de rigurosidad, experiencia que sin rubores ya vivió en las designaciones de algunos de sus funcionarios de confianza.

Mandó apuradamente la Reforma Tributaria al Congreso donde ya se le han hecho correcciones y, según anunció Ricardo Lagos Weber, “continuaremos mejorándola en el Senado”, y en los últimos días de abril sorprendió a sus propios partidos de la Nueva Mayoría con el proyecto de ley que pone fin al sistema binominal de elecciones universales.

Tres de las colectividades que la apoyan no están de acuerdo con el revoltijo de distritos que incluye la reforma y desde todos los sectores políticos   –de derecha e izquierda— salieron inmediatas voces de repudio al eventual aumento del número de diputados y senadores, en un 29% y 31%, respectivamente.

La iniciativa propone que en el futuro se aumenten de 120 a 155 los diputados y de 38 a 50 los senadores. Este reacomodo es proporcional al volumen poblacional de las comunas y las Regiones.

El sistema binominal establecido en la Constitución de Augusto Pinochet aspiró a resguardar los equilibrios políticos y, de hecho, lo consiguió al punto que desde 1990 a la fecha han prevalecido dos grandes bloque, maquillados con nombres de fantasía pero que, en definitiva,  no son más que la centroderecha y la centroizquierda, ello  en detrimento de colectividades pequeñas y de los independientes.

Durante la existencia del binominal fueron favorecidos y/ perjudicados casi por igual tanto la derecha como la izquierda, pero al acentuarse progresivamente las diferentes sensibilidades al interior de los bloques, los pactos internos se hicieron embarazosos y hasta conflictivos.

Cundió, así, el convencimiento de que había llegado la hora de “democratizar” los actos electorales y aproximarlos al antiguo e histórico sistema proporcional.

Pero una cosa es hacer más justo y representativo el sistema y algo muy distinto es amarrarlo necesariamente a un incremento de los parlamentarios. Aducen los defensores de esta propuesta que el avance demográfico hace necesario el reajuste en cuanto al número de ellos, pero no será fácil que la opinión pública “se trague” fácil esta presa, siendo que en cada consulta ciudadana, el Legislativo aparece como la institución menos creíble y más desacreditada del país.

Una buena lectura de esta percepción popular la hicieron dos jóvenes diputados provenientes de “la calle”, al proponer una rebaja en las dietas parlamentarias, las que, según ellos, constituyen un despropósito respecto al salario promedio de los chilenos.

La reforma propuesta por Bachelet significará un gasto anual extra para el Congreso de 40 millones de dólares. Para amortiguar este despilfarro se explica que serán los propios parlamentarios quienes deberán hacer una reingeniería de sus recursos para determinar los ítemes que se recortarán  para producir esos fondos. Nadie, con un dedo de frente, da crédito a dicho argumento y es obvio que esa tremenda cantidad de plata saldrá del bolsillo de todos los chilenos.

Encapsulados en etiquetas de “servicio público” no son pocos los que se han eternizado en cargos parlamentarios gracias a sus redes al interior de los partidos, lo que les permite una perpetuidad más allá de una supuesta adhesión popular en un distrito o circunscripción. Por lo mismo, llama la atención que un gobierno ciudadano como se autoproclama el de Bachelet no haya propuesto que los futuros aspirantes al Congreso sean fruto de la voluntad de la gente y no los continúen imponiendo las cúpulas partidistas.

Es oportuno, entonces, sospechas de la intencionalidad de poner énfasis en sumar diputados y senadores. Chile es, definitivamente, un país de izquierda, de tal modo que el incremento de una mayoría afín al oficialismo allanará la aprobación legislativa de los “cambios estructurales” a la institucionalidad.

No por simple casualidad el más feliz con esta reforma fue Guillermo Teillier, presidente del PC. Reaccionó con euforia, “porque desde 1997, ya con Gladys Marín, anhelábamos un proyecto así que nos permitirá doblar la cantidad de diputados en la Cámara”.

Además, ser parlamentario es un muy buen trabajo y súper bien remunerado que no exige agotadoras jornadas laborales ni menos marcar tarjeta. Por eso, este ofertón de subir el número de legisladores es del agrado de muchos que ven en el dinero fiscal una fuente de enriquecimiento relativamente fácil. Hacienda advirtió que  más disputados y senadores no implicará más gasto al erario nacional, pero aún no aclara cómo lo hará para que ello no ocurra.

Este proyecto flash también incluye un bono en línea con el irrenunciable estilo de Bachelet de arreglarlo todo a punta de bonos. Se premiará a los partidos que presenten candidatas “en pos de una igualdad de géneros”aseguró,  pero no respetó su política  anti-discriminatoria, al no considerar en su proyecto algún tipo de recompensa para candidatos homosexuales.

En su  empeño por igualar hacia abajo, la Mandataria omitió requisitos de índole intelectual para ser candidato y ni siquiera consideró la honestidad, impidiendo a futuro la repetición de casos anómalos que constituyen un pésimo ejemplo. Es un agravio que muchos de quienes –ni más ni menos–hacen las leyes tengan como único requerimiento haber aprobado su cuarto medio, nivel de estudio que a una mayoría no le alcanza para conseguir un trabajo. Y hoy, no son pocos los que en sus antecedentes personales figuran delitos civiles y penales que no les son obstáculos para postular y ejercer en el Parlamento.

Queda la vaga esperanza   –pero esperanza, al fin— de que alguien a quien le merezca respeto el país corrija estos errores y omisiones de una reforma sesgada y hecha a la carrera para cumplir con una meta que nadie se la impuso a Bachelet.

Resulta llamativo que haya originado tanto revuelo la espontánea y sincera confesión del presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, en cuanto a que los planes de la Nueva Mayoría no son sólo de pasar la aplanadora a los  minoritarios opositores políticos, sino también hacer uso de una retroexcavadora para destruir “hasta los cimientos” el modelo neoliberal que ha guiado el rumbo del país desde mediados de los 70.

Consecuencia del impacto que produjeron en el mundo políticos sus declaraciones, el ministro del Interior salió de su refugió en La Moneda para decir que “aquí no habrá ni aplanadora ni retroexcavadora, sino diálogo”.

Su aclaración tiene muchísima similitud con lo ocurrido en el país en 1970 cuando ante la categórica amenaza de Salvador Allende de hacer una “científica cirugía marxista”, la DC lo obligó firmar el llamado Estatuto de Garantías Institucionales en el cual –de su puño y letra— se comprometió a respetar la Constitución y las leyes. Sólo a cambio de esa promesa pública y oficial, los democratacristianos dieron su voto en el Congreso Pleno para que se le proclamase Presidente de la República.

De ahí en adelante, la historia es brevísima: violó las leyes cuantas veces quiso, expropió, impuso el racionamiento de alimentos, nacionalizó, persiguió a sus opositores –a varios de los cuales se les detuvo y torturó en el cuartel principal de Investigaciones–, fomentó la formación de grupos terroristas y él mismo recibió entrenamiento militar para intervenir cuando llegara la hora de establecer a fuego y balas una dictadura comunista en el país.

Por último, la Cámara de Diputados declaró a su Gobierno formal y oficialmente inconstitucional, que fue el detonante que llevó a actuar a las FF.AA. presionadas, además, por el clamor popular de evitar una pronta y segura caída al abismo.

Con este antecedente absolutamente fidedigno de lo que sucedió en 1970 no tiene sentido dar crédito a las palabras –diplomáticamente tranquilizadoras– del ministro del Interior. Sus paños tibios fueron una estrategia oportunista y pasajera para un período de instalación del gobierno socialista, y sólo convencen a ingenuos   –como lo fue la DC el 70— y a desinformados.

La oferta de diálogo es no creíble, porque ¿con quiénes dialogarán el Gobierno y la Nueva Mayoría? Para sus planes de un Estado regulador no vale la pena la interlocución con los privados y en cuanto a lo político, sólo para algunos temas legislativos  muy puntuales requieren un acuerdo, pues el cambio “profundo y estructural” lo irán haciendo con leyes simples para las cuales carecen de contrapeso en el Congreso.

Y todo lo simplificarán aún más cuando la Asamblea Constituyente apruebe una nueva Constitución: no se requerirá quorum de ningún tipo.

Antes de la segunda vuelta presidencial, Bachelet participó en el lanzamiento y alabó el libro “El Otro Modelo”, escrito por economistas de izquierda como hoja de ruta para reemplazar al actual y amenazado arquetipo neoliberal que rige con éxito desde mediados de los 70. Después se reunió con líderes de los “movimientos estudiantiles” a quienes les garantizó que iba a considerar sus exigencias.

Hoy, Educación avanza rauda en la reforma global que cambiará el sistema conocido hasta la fecha y casi cada semana, el ministro comunica nuevas iniciativas destinadas a cambiarlo todo. Luego de su anuncio de que el Estado no subsidiará a universidades “que otorgan títulos de baquelita”, son muchos los Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnicas y varias universidades privadas, las que deben ir poniendo sus barbas en remojo para hacer posible  una de las ruidosas demandas de las movilizaciones callejeras. Luego vendrá el acoso a los colegios particulares.

Con una caída de un 11% en obras inmobiliarias, el cobre en fuerte descenso, el dólar en alza y la desaceleración en plena marcha, la Presidenta ha anunciado que enviará a la mayor brevedad la Reforma Tributaria “para que paguen más tributos los ricos y así poder construir hospitales y dar educación gratuita”.

Un signo claro de que se inició la destrucción del modelo neoliberal (“está todo malo, nada sirve”) lo refleja el freno a casi todas las obras pendientes  del anterior Gobierno, se retiraron varios Proyectos de Ley, no habrá más concesiones de hospitales, se le puso luz roja definitiva a HidroAysén y se financiará con fondos fiscales el arreglo del puente Cau Cau cuando fue un error exclusivo de la constructora española.

Todos éstos son síntomas de la refundación del país, de la cual  trata el programa de gobierno que se confeccionó sin posibilidades de transacciones, teniendo  –tal como lo dijo Guillermo Teillier— al Partido Comunista como el principal custodio de su total cumplimiento.

Es de una candidez injustificable creer en que el Gobierno y la Nueva Mayoría tienen la generosidad de propender al diálogo con la oposición y con el sector privado. El objetivo supremo fue delineado a partir de la primera experiencia de Bachelet en La Moneda: no puede dedicarse a administrar, como lo hizo la vez anterior, sino a ejecutar los cambios “profundos y estructurales” que efectivamente den vida a un nuevo ciclo político –al que se refieren con profusión–, y ese ciclo es impensado para sólo cuatro años: se proyecta a un período mucho más extenso, al estilo del lulismo brasileño, del chavismo venezolano y del kirchnerismo argentino.

El escultor Federico Assler muestra el terreno del cual fue removida en forma inconsulta su monumental obra en el Parque Llacolén de Concepción.

Durante más de 40 años, esculturas emplazadas conjuntas en sitios públicos han sido vulneradas. No fueron sólo pintadas sólo por graffiteros, sino por la propia institucionalidad. La última agresión fue al conjunto escultórico Ferrum y Flora, en Concepción. Ello indica nuestra aún deficiente apreciación patrimonial y la inaceptable indiferencia de las autoridades. ¿Qué pasará ahora?

Federico Assler (1929) reclamó derechos por la autoría de sus obras sistemáticamente pasadas a llevar desde 1973. Su obra, emplazada en el es pació público chileno, ha sido vulnerada por más de cuarenta años. Sin embargo, el perjuicio extremo ocurrió en octubre de 2013. Un trato “aberrante”, según la Sociedad de Escultores de Chile (SOECH),  afectó a Ferrum y Flora, 2009, que fue arrancada de su emplazamiento original en el Parque Llacolén de Concepción. Sacada sin aviso ni consulta al autor, a la Comisión Nemesio Antúnez (CNA) ni a otros estamentos involucrados en el parque escultórico patrimonial de la ribera norte del Biobío, quedó emplazada mirando a la calle. La obra, premio a la “Trayectoria”, concedido por la CNA y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) -hace 15 años-, fue reemplazada por el polémico Memorial penquista del 27F que fue inaugurado en octubre de 2013 por el entonces Presidente Piñera.

En 2009 recibió el Premio Nacional de Arte (PNA) creyendo que ese reconocimiento máximo del país cambiaría algo en su vida, pero no fue así. Los hechos acaecidos muestran la debilitada apreciación cultural respecto de las obras emplazadas en espacios públicos, ya que -por tercera vez-, una de sus esculturas fue vulnerada. Y, lo peor, sin explicaciones. Ferrum y Flora, unidas en sus fundaciones, fueron desmanteladas y reinstaladas en el mismo parque de modo deficiente. Por eso, alzó la voz el artista. Por eso preguntamos: ¿Por qué se decide cambiar un parque patrimonial, realizado con todas las normativas que imponen la ley chilena, y cuyo costo actual superaría los 2 mil millones de pesos?

O, con otra mirada, ¿cómo se pueden quebrantar  los años de trabajo serio de la CNA del MOP como de otras reparticiones estatales vinculadas al patrimonio? No se sabe. Sin embargo, esta es la tercera escultura de Assler que es irrespetuosamente agredida desde la institucionalidad gubernamental. Antes fue a principios de 2010, en Santiago, cuando un recado del ex ministro Cruz-Coke le indica retirar -en plazo perentorio y bajo amenaza de demanda- Acontecimiento Vital, 2010, instalada temporalmente en la Plaza de la Ciudadanía (hoy emplazada en el flamante parque de esculturas de la PUC en El Campus San Joaquín) y, hace 43 años, cuando creó el pionero conjunto escultórico urbano (con motivo de la reunión de la Unctad III, organizada por el gobierno de Allende), éste quedó aislado del público, hasta hoy, después de 1973 cuando su entorno  (actual zona del centro cultural GAM) se transformó en dependencias del edificio Diego Portales.

Ningún Gobierno -en las últimas cuatro décadas-, ha cuidado su obra patrimonial. Ello explica que, por tercera vez, se vulnere públicamente el nombre, el respeto de los derechos autorales y el fundamental aporte creador de uno de los artistas más distinguidos del país. El trato es imprudente, pues revela también las graves incomunicaciones, deficiencias y contradicciones entre las instituciones estatales. Y, lo más grave, por carecer de pronto remedio, muestra la inmadurez cultural masiva frente al arte público y la incapacidad ciudadana de defender y/o cuidar plazas y lugares que mejoran la calidad de vida comunitaria.

Ferrum y Flora costó 38 millones de pesos en 2009. Hoy ese valor supera los 150 millones de pesos. Fue creada debido al “Premio Trayectoria” que otorga el MOP a distinguidas personalidades del país. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad vinculada al Parque de Esculturas de Llacolén, al Minvu, a la CNA del MOP ni al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha dicho algo. Entonces, con toda razón, el escultor se quejó al municipio, a la Intendencia y, a través de los medios de comunicación, a todo Chile. Pero… ¡estamos sordos! Ni siquiera los jurados (12 personas calificadas según se detalla en las bases y resultados del concurso público del Memorial 27F) han llamado a la cordura.

Pasados 5 meses del peor atentado al arte público en el país, la esperada respuesta formal sigue siendo un sueño. Correos y llamados, por supuesto, los hubo. Alguna disculpa telefónica también, pues Federico Assler conversó con el Intendente regional. Sin embargo, requerimos una solución real para un asunto público grave y con precedentes.

Un valioso proyecto patrimonial de arte público -cuyas obras se avalúan hoy en 1.800 millones de pesos, sin considerar jardines y otros costos logísticos-, fue prácticamente anulado. Y, más encima, el monumento que lo invade -“visible desde Google como querían sus organizadores”-, aún carece del soporte en una ley, aunque ésta se encuentra para estudio en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado y su ejecución fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2010.

Hoy, es fundamental definir ¿quién es responsable de que el Memorial 27F  -que rompió la escala del Parque Llacolén, entre otros aspectos técnicos-, exceda el área definida para éste y los presupuestos establecidos en el concurso? Ambos aspectos son inaceptables para cualquier organismo administrativo estatal, ya que en Chile, según la normativa vigente -por ejemplo- la que rige a la CNA-, solo admite que la autoridad competente autorice que el levantamiento de una obra pública exceda hasta el 35% del presupuesto inicial, siempre que existan fondos disponibles.

Transcurren los días y el penquista Memorial 27F se terminó con un sobre presupuesto mayor al  526%. Iba a costar 380 millones de pesos  y -según datos públicos- superó los 2 mil millones de pesos. En suma, el Estado gastó cerca de 4 mil millones de pesos dejándonos sin un relevante parque patrimonial y, en su lugar, elevó un nuevo e imponente monumento nacional que mantener.

Los escultores pidieron razones. ¡Necesitamos una solución! Pedimos una respuesta formal que sirva de consuelo a alguien que ha hecho bien las cosas. Un hombre, pionero del hormigón, que pesa en el arte, porque su firma es rúbrica de calidad artística y humana y, aunque no lo fuera, el empequeñecedor trato público que ha recibido durante los últimos 40 años, es inmerecido.

Destruir para reinar es una añeja estrategia que vulnera derechos a diestra y siniestra. Esa acción -hoy pública- debe ser frenada. Es peligrosa e inaceptable. Tan indecente como culpable es quedarse callado frente al ultraje más trascendental de la historia de la cultura chilena.

Al concluir su período presidencial, Ricardo Lagos se apresuró en crear su propio think tank con una sola finalidad: preservar lo que, a su juicio, fue un gran gobierno. Más tarde, en plena administración de su sucesora, reclamó –en no pocas oportunidades– porque no se estaba defendiendo “su obra”.

Al salir de La Moneda en marzo del 2010, Michelle Bachelet no pudo decir lo mismo, porque el suyo fue el gobierno menos productivo de los cuatro de la (ex) Concertación, y para evitar ser blanco de críticas por su precaria gestión, su amigo Heraldo Muñoz se la llevó a Nueva York donde le consiguió un alto puesto en la ONU.

A diferencia de los dos anteriores, Sebastián Piñera no esperó a entregar el poder para exigirles a sus colaboradores que llevasen por todo el país la buena nueva de su gestión como Presidente. Se lo pidió en un encendido discurso a Laurence Golborne y Andrés Allamand cuando éstos abandonaron el gabinete para competir por la candidatura a La Moneda y en repetidas ocasiones envió a terreno a sus ministros a contar todas las cosas buenas de su gobierno.

Incluso, hace meses que comenzó a gestar la idea ya casi finalizada de una Fundación con el fin –primero— de cautelar lo hecho en su gobierno, llevar una minuciosa fiscalización de lo que realice Bachelet y  dar vida a un nuevo referente político que sea la base de su candidatura presidencial el 2017.

Como no lo hizo nunca antes nadie, Piñera ha recorrido una por una las Regiones del país contándole a la gente acerca de sus realizaciones. Así como siendo un joven senador invitó a un grupo de periodistas chilenos en misión en la ONU y les dijo “ustedes están frente al futuro Presidente de Chile”, ahora ya hecha realidad su premonición se empeña en que el país lo recuerde como el mejor Mandatario de todos los tiempos.

Con una extrema pasión por hablar más de la cuenta y en su borrachera de felicidad por haber cumplido su vaticinio, Sebastián Piñera prometió más de la cuenta y muchos de sus anuncios rimbombantes los frenó la mala jugada de la naturaleza: asumió casi en forma simultánea con uno de los terremotos más feroces que hayan afectado al país.

Muy en su estilo anunció la traída de un tipo de casas prefabricadas desde Australia para reemplazar a las viviendas destruidas, ignorante que antes de sustituir una construcción por otra era indispensable cambiar los planos reguladores y hasta desplazar a lugares menos peligrosos a pueblos del bordemar. Así y todo, hay que reconocer que entrega el país con un 80% de la tarea cumplida en las cinco Regiones afectadas, cifra tremendamente superior a la nula reconstrucción de Bachelet por el terremoto de Tocopilla y sólo de Tocopilla.

Piñera generó una cifra histórica de empleos y tiene a Chile como ejemplo de economía emergente; ya debería estar firmado el convenio con EE.UU. para eliminar la exigencia de visas temporal para viajar a ese país; logró que nuestra diplomacia estuviese de nuevo en el Consejo de Seguridad de la ONU y es un motivo de envidia en Latinoamérica nuestra estabilidad institucional y política.

Como lección del maremoto que antecedió a su asunción, deja  una ONEMI monumental en infraestructura y tecnología.

Sin temor a exageraciones, podría decirse que el gobierno de Piñera sacó un 6.0 y hasta un 6.5 en gestión económica, lo que no debiera constituir sorpresa, tratándose de un brillante economista y de un empresariorockstar para hacer dinero.

No obstante, en su faceta política, Piñera sólo llegó al nivel de aprendiz. La relación suya con los partidos que lo apoyaron fue caótica: RN lo acusó de ser un prisionero de la UDI y ésta le reprochó no considerarla como colectividad. Su fuerte personalismo lo indujo a entrometerse más allá de lo prudente en la gestión de sus ministros y perdió más de un año tratando de transmitir a la gente una falsa simpatía y una ausencia de calidez que reflejaron la falta de “química” entre él y la ciudadanía.

Pese a su anunciada política de los acuerdos, en éstos casi siempre debió ceder, demostrando ausencia de un real liderazgo. Falló en muchos ámbitos en la aplicación de la autoridad que le confiere la Constitución y terminó no representando fielmente al sector que lo llevó a La Moneda. Sucumbió a las huecas exigencias de grupillos que se dedicaron sólo a alterar el orden y la paz del resto de la población y fue incapaz de defender el interés común en cuanto a los urgentísimos requerimientos energéticos.

El suyo no fue el gobierno de la Alianza ni menos de una hipotética centroderecha o simplemente de derecha. El sello lo puso él y sólo dio espacios al reducido grupo que lo siguió incondicionalmente en su zigzagueante ruta política.

La suya fue una administración más parecida a un quinto gobierno de la (ex) Concertación que uno claramente opuestos a la ideología de ésta, y dedicó tiempo a satisfacer proyectos incumplidos por la izquierda en la ilusa creencia de que así le iba a quitar espacio. Se empeñó en quedar bien con Dios y con el diablo y muchos tienen la sensación de que dejó más feliz a este último.

Curioso fenómeno el suyo: fue un gran gerente del país pero un discutible Presidente. Fue personalista pero no líder.

Su gran deuda histórica será su debilidad como estadista para enfrentar las dificultades internacionales de una vecindad siempre hostil. Jamás golpeó la mesa cuando las circunstancias así lo hacían aconsejable.

En definitiva, el piñerismo dejará, sin duda, un gran legado en cuanto a gestión económica, pero con muchas cojeras en lo político.

Quien quiera hacer otra reflexión o engatusar a la opinión pública con tinterilladas como conclusiones del fallo de la CIJ, no hace otra cosa que mentir. Un país que se autodefine avanzado y líder en tantos aspectos no puede soslayar que el Tribunal Internacional DESPOJÓ a Chile de 22 mil kilómetros de mar correspondiente a su zona económica exclusiva, con toda la producción pesquera que ello implica.

Como nos sentimos pioneros en no haber abandonado jamás este espinudo tema ni menos cuando Sebastián Piñera y Alfredo Moreno, al tanto de que la mano “venía mala” decidieron encapsularlo y esconderle al país lo que se venía, nos asiste el derecho a recordar a nuestros lectores que un solo metro que perdiese el país iba a ser un triunfo para Perú.

Gracias a su añeja política reactiva en lugar de proactiva y por la ausencia de una estrategia país en cuanto a la defensa internacional de sus intereses, Chile se dejó sorprender por Perú en su histórico anhelo de reivindicar el territorio perdido en la Guerra del Pacífico. No fueron pocos los cancilleres que no prestaron atención a la hábil y planificada maniobra del vecino del norte y hubo uno, en particular, que LE OFRECIÓ llevar a la CIJ su reclamo de límites.

Es falso, en consecuencia, que resultó imposible plantear la incompetencia de la CIJ porque fue Perú “el que nos llevó a esa instancia”.

Desde 1954 a la fecha, la Cancillería no reparó en la existencia de “confusiones o no clarificaciones” en el Tratado de ese año con Perú referente a las 200 millas marinas, que fue lo que llevó a una mayoría de jueces de la Corte a tomar la decisión –tan incongruente como inexplicable– de cercenarle a Chile sus derechos sobre 120 millas para “darle algo” a Perú y contentarlo de algún modo.

Autodefinidos como “jueces de paz”, los magistrados internacionales de la CIJ no actuaron como administradores de justicia sino como árbitros/arbitradores que siempre tienden a lograr acuerdos para poner fin a un conflicto. Es evidente que ellos no hallaron una sola pizca de razón a los planteamientos peruanos por no atenerse al derecho internacional, pero con el afán de evitar una confrontación optaron por quitarle una importante franja de océano a Chile para dárselo al demandante.

Resultó tan demagógica y tan poco jurídica su sentencia que los miembros de la Corte se tomaron el tiempo de chequear hasta el millaje donde los pescadores chilenos se surtían de la mayor abundancia de productos marinos. Y justo en las 80 millas resolvieron trazar la bisectriz solicitada por Perú, la que siempre la imaginó y la quiso a partir ya de las 12 millas de soberanía.

Al parecer ya habituados a aberraciones de este tipo  –basta con recordar lo resuelto entre Colombia y Nicaragua–, los jueces determinaron que hasta la cuadra de Iquique, la zona económica exclusiva llega sólo a las 80 millas y desde Iquique al sur, mantiene sus 200.

En una situación inédita en cuanto a conflictos internacionales, Chile abordó este juicio en una posición desmedrada, ya que nada iba a ganar: sólo litigó para que todo quedase igual, y no quedó igual. Por muchas justificaciones argumentos consoladores (“pudimos perder por goleada y sólo nos ganaron 1-0”) y todo tipo de raciocinios de camuflaje de lo ocurrido, lo concreto es que hubo una pérdida.

Tal cual lo anunciamos en ediciones anteriores, recién ahora, se empezará a escribir la historia, primero con la implementación del fallo y sus automáticas implicancias y, segundo, con la dudosa promesa de una parte y la cándida creencia de la otra respecto a que con esto se pone fin definitivo a todo debate por límites entre Perú y Chile.

Pero, no es así.

En cuanto a la ejecución del fallo, la primera y gran dificultad es que Perú no está adscrito a la Convención del Mar de la ONU (Convemar), por lo que asume que los 22 mil kilómetros de zona económica de mar que recibió de regalo lo asume como “mar territorial” y anuncia darle tratamiento como si se tratase de las 12 millas soberanas interiores. Incluso, en su discurso en el Palacio Pizarro de Lima, Ollanta Humala, hizo expresa referencia a que “esta ampliación del mar de Grau será defendida por los buques de nuestra Armada”.

De acuerdo a la Convención del Mar, los países deben acordar cuotas de pesca y permisos y se trata de una zona de libre circulación naval y aérea, por lo que su implementación requerirá tiempo, cambio de legislación interna en ambos países y hasta una modificación constitucional peruana.

Este complejo proceso de acuerdos para la implementación no se percibe ajeno a fricciones y desencuentros, agudizado por inmediatas advertencias tras el fallo de Humala y su canciller Eda Rivas en cuanto a que “tiene que ejecutarse a la brevedad”, cosa que Chile no ve posible. Pero hay más: el Presidente peruano puso acento en que la CIJ no se refirió al límite terrestre, dejando entrever que para ella no existe…

Chile, al contrario, acentuó esa omisión, interpretándola como un implícito reconocimiento a la línea fronteriza terrestre, la que, además, no estuvo en juego en una demanda marítima.  Cada cual interpreta a su particular interés los fallos y nada parece apuntar a que toda pugna quedó definitivamente cerrada, y menos luego de que Perú insiste en que “el triángulo terrestre no está resuelto”.

Sobre la demanda peruana, ya se escribió el primer capítulo y los siguientes están por venir. Chile, su Cancillería y su Gobierno, no pueden seguir dormidos.

En cuanto a nuestra aporreada Cancillería, su tarea inmediata y urgente es despercudirse, cambiar su conducta de permitir que los desafíos toquen a su puerta y diseñar, de una buena vez, una estrategia de política exterior que, si fuera posible, le permita materializar una estrategia de anticipación a las crisis y que implique extirpar la pésima fama de “mal vecino” que nuestros “hermanos” fronterizos se han encargado de difundir en el resto del mundo.

Nunca más una derrota, aunque no haya sido de soberanía plena como ésta. Nunca más la cesión de un metro de derechos económicos. Nunca más la poca dignidad de reconocer una pérdida de lo que era chileno.

A la misma hora pero a miles de kilómetros de distancia, los Presidentes de Chile y de Perú pasaron a la historia no por haber sido los protagonistas   –aparentemente definitivos— del término del conflicto por el límite marítimo, sino por protagonizar, ambos y simultáneamente, trucos similares de marketing político que no convencieron a nadie, ni aquí ni allá.

Sebastián Piñera puso todo su énfasis en convencer al país que “la derrota no fue tan grande” y alentó los ánimos, anunciando que “Chile exigirá lo que le corresponde en la implementación del fallo”. En tanto, Ollanta Humala aprovechó el infundamentado obsequio que recibió de la CIJ para montar en plena vía pública limeña una proclamación política, ya sea para él o su esposa con miras a la próxima elección presidencial en su país.

Con ambiente de farándula,  ambos Presidentes esperaron el fallo y las imágenes (permitidas) sobre su acuciosa atención mientras escuchaban el veredicto vía satélite desde La Haya, no pudieron disimular que no parecían realmente preocupados.

Ello, porque ambos gobiernos fueron informados por la CIJ en forma oficial y privada –ocho días antes– del contenido de la sentencia, de acuerdo a una norma que rige en el Tribunal Internacional.

Esto explica que al poco rato de concluida la exposición de los jueces en La Haya, Piñera y Humala, desde sus respectivas sedes de gobierno, procedieran en forma simultánea a leer sus reacciones oficiales en sendos discursos de regular longitud que no fueron escritos sobre la marcha, sino redactados con muchas horas o días de anticipación.

La expectación generada por tanta parafernalia sólo contribuyó a incentivar las pobres y desteñidas concentraciones de chilenos acá, en la Plaza de Armas, y de peruanos allá, en Lima y Tacna.

En Lima, en un acto partidista, quien aspira a volver a la Presidencia, Alan García, hizo gala ante sus seguidores de ser él el cerebro gris del pleito que le dio a Perú 22 mil kilómetros de mar, en Santiago en La Moneda, Sebastián Piñera se retrataba con Michelle Bachelet y se ponían de acuerdo para viajar a la Cumbre de CELAC en La Habana, en un claro gesto de oportunismo político para ganar adeptos para sus objetivos electorales de 2017.

La lectura “oficial” del fallo fue sólo la culminación de un desenlace que hace meses, al menos desde abril de 2013, los Presidentes de Chile y Perú ya conocían. Con los parámetros con que los jueces de la CIJ se están manejando no es descartable la cada vez más acentuada certeza de que ambos países fueron sondeados, antes de adoptar la resolución final, acerca de cuánto estaban dispuestos a ceder.

Esto refleja el pálpito de muchos de que iba a producirse un “fallo salomónico”.

El último trimestre de 2013, tanto en Perú  -que siempre llevó la batuta— como en Chile, el conflicto se remitió exclusivamente al modo en que se implementaría la sentencia, y de inmediato surgieron las posiciones divergentes: Perú exigió una ejecución inmediata y automática, llegando su cancillería a plantear que “la aplicación es automática y anula todas las leyes vigentes”, en tanto Chile propuso la convocatoria de una comisión bilateral para llegar a acuerdo.

A los desinformados  –esto es, a una gran mayoría de chilenos— no les llamó la atención que sin siquiera conocer el contenido de la sentencia, los contendientes ya estuviesen remitiéndose a aplicar los resuelto por la CIJ. Esto confirma que no hubo filtraciones, como algunos creen, sino derechamente consultas respecto hasta dónde ambos podían “estirar el elástico” sin provocar un quiebre que originase violencia.

Perú, y se ha dicho en todos los tonos, aspiraba a un triunfo –por pequeño que fuese– en virtud de su “ni perdón ni olvido” a raíz de la Guerra del Pacífico, en tanto Chile se conformaba con lo que, en privado, se considera una victoria: la no modificación del paralelo como límite norte.

Lo que iba a ocurrir, conocido sólo por una exclusiva cúpula, Piñera y Moreno decidieron silenciar la información y sacar de la agenda política diaria “el caso La Haya” para que no interfiriera en la campaña política de la derecha ni menos en los intereses comerciales de Chile en Perú. Mantuvieron el secreto desde mediados del 2013 hasta enero del 2014, cuando evaluaron el peso de lo grave que sería para ellos asumir solos la pérdida de 22 mil kilómetros de mar, aunque no soberano pero pérdida al fin, y decidieron transformarlo en “política de Estado”.

Lo demás, es historia conocida.

Un mes que suele ser motivo de incertidumbre para niños escolares, cada cierto tiempo también es causa de incógnita para todos los chilenos –no la mayoría, lastimosamente— que suelen interesarse en los vaivenes de su país: cuando hay cambio gubernamental.

Desunido y parcelado por dominios políticos, es imposible vaticinar una “continuidad de giro” cuando abandona el poder una fracción históricamente minoritaria  –llamada derecha o elegantemente centroderecha— y asume otra mayoritaria categóricamente de izquierda.

A partir de este 11 de marzo  –día de la transmisión de mando–, Chile será gobernado por los exponentes de la ideología mayoritaria en el país, la izquierda, la racional y la irracional, lo que abre una tremenda incógnita en cuanto a lo que será su futuro inmediato y remoto.

Cuando a pocos días de ocurrido el terremoto de 2010 asumió el poder la Alianza, la saliente y derrotada (ex) Concertación se dedicó a instalar en el pensamiento colectivo que ése iba a ser un gobierno de los empresarios.

No fue de los empresarios, ni de la derecha ni de la centroderecha. Fue el gobierno de Sebastián Piñera, que se echó al hombro el país como si se tratase de un banco del cual es el presidente ejecutivo y gerente general para mayor abundancia (ver crónica aparte).

La duda respecto a la asunción al poder de la izquierda es ¿quién se echará el país al hombro?

Una duda generalizada la graficó valientemente Sergio Bitar  –ex preso de Isla Dawson, ex exiliado, ex ministro y apreciado socialista de caviar–, al decir que desconoce acaso el equipo de gobierno tiene real conciencia de la capacidad de poner en marcha todo lo que ha prometido.

Sus palabras certifican todo lo que el país escuchó tras la llegada de Michelle Bachelet al país desde la ONU para rescatar a su sector político de otra derrota electoral como la sufrida el 2009/2010. Ella puso como condición intransable para el salvataje izquierdista que la apoyasen todos los interesados en desalojar a Piñera desde La Moneda, estos es, los partidos tradicionales, movimientos emergentes, grupos pro igualdad sexual, “verdes”, revolucionarios, abortistas, subversivos, anarquistas y todos quienes estuviesen interesados en REFUNDAR CHILE, palabras textuales que  utilizó en varias oportunidades.

(Muchos de estas fracciones instrumentalizadas para este sólo efecto electoral ya fueron borradas de los registros del SERVEL).

Esta gigantesca bolsa se llama Nueva Mayoría y confeccionó un programa de gobierno que hasta ahora es motivo de debate interno, porque en varios de sus textos se proclaman profundos cambios estructurales que conduzcan a hacer de nuevo el país, pero páginas más adelante se deja entrever una postura más calculadora.

No está claro quién o quiénes llevarán la voz cantante en el gobierno, más aún si se recuerda que quien realmente se echó el país al hombro en la administración anterior de Bachelet fue Andrés Velasco desde su oficina del Ministerio de Hacienda.

Al revés de Piñera, Bachelet  –consciente de que no es una avezada experta en políticas públicas— no ata de manos a sus ministros  -como el Mandatario saliente— y la prueba es que confía en ellos, y muy especialmente en su leal Rodrigo Peña y Lillo. En una asamblea en unas termas se fijaron las pautas de acción, les pidió un compromiso con el programa y mucha pero mucha lealtad. Y se fue de vacaciones.

¿Es el gabinete un blindado de gran tonelaje capaz de imponer una política de cambios realmente profundos? ¿Es un gabinete con agallas suficientes para enfrentar las amenazas de la calle, en especial del anarquista movimiento estudiantil?

Uno de los voceros del sector duro de la Nueva Mayoría, Guido Girardi, públicamente le puso una meta al futuro gobierno: “lo primero que  debe hacer   -dijo— es una profunda reforma constitucional a través de una Asamblea Constituyente”. Tras ser electa, la propia flamante Mandataria aseguró su intención de modificar la Carta Magna, pero a través del Poder Legislativo.

Una postura idéntica a la de Girardi es la del Partido Comunista. Su presidente Guillermo Teillier prometió ser guardián del programa de gobierno para que “no se le cambie una sola coma” y advirtió a sus instrumentales socios políticos que también su partido operará en la calle, activando los “movimientos sociales”.

Constituye toda una incógnita el puzzle de las nuevas leyes de impuestos destinadas a recaudar fondos para financiar especialmente la gratuidad (sin calidad) de la educación. Deberá ser casi una inédita obra de ingeniería aplicar gravámenes sin que se produzca el efecto natural de originar cesantía.

De acuerdo a un reciente informe de la OCDE, Chile encabeza el ranking de países latinoamericanos con mejor productividad laboral y con el salario mínimo más alto. Tiene que ser un motivo de preocupación para las nuevas autoridades del sector hacer “cambios estructurales” sin echar abajo estas conquistas que, antes, el país ni las soñó.

Hacer el país de nuevo, o sea, refundarlo, es una utopía impropia incluso como pesadilla de personas inteligentes, de tal modo que se percibe muy previsible un áspero enfrentamiento al interior de la Nueva Mayoría y, en especial, con esos grupillos asistémicos, anti-sistémicos, anarquistas y revolucionarios que presionan por tener una institucionalidad “a su pinta”.

A partir del 11 de marzo todo será una incógnita.