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La bomba de tiempo terminará por estallar el 26 de febrero, cuando Chile conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dependiente de la ONU, a raíz de la demanda de Perú de quedarse con una porción de mar actualmente parte de la soberanía de Chile.

Si algo hubiese deseado menos Michelle Bachelet era que dicha sentencia se produjera en estos momentos y, siendo agnóstica, hasta debe haber orado para que la resolución se hiciera pública, como siempre estuvo prevista, entre junio y julio de este agonizante 2013. De haber sido así, la “papa caliente” le habría quemado la boca sólo al actual Presidente.

En cambio, a partir del 26 de enero, Michelle Bachelet se verá obligada a jugarse con opiniones acerca del fallo y como toda sentencia de la CIJ tiene un plazo de tres meses para ser apelada, la bomba quedará exclusivamente en sus manos, algo que jamás imaginó.

A fines de 2012, el gobierno de Piñera eliminó el tema de la agenda y decretó un silencio sepulcral en torno a la materia. En cambio, todo lo referente a relaciones comerciales y a las millonarias inversiones bilaterales se destacó como símbolo de hermandad entre los dos pueblos, uno de los cuales no tuvo empacho en llevar a juicio su interés en apropiarse de parte del mar del otro. En aras de esta “amistad”, La Moneda ordenó mantener en secreto el origen de un submarino extranjero sumergido en aguas territoriales frente al litoral nortino, el cual fue “acompañado” en su salida hacia el océano internacional.

La escasa información al alcance de los chilenos sobre el caso fue siempre la proveniente de Perú que, en forma periódica, revelaba los pasos que estaban dando los jueces de la CIJ. De Lima surgió la noticia del aplazamiento de la sentencia y que sería dada a conocer en enero de 2014. Incluso, su diplomacia y su Presidente Ollanta Humala obligaron al gobierno de Piñera a comprometerse públicamente a “ejecutar el fallo” tan pronto éste se conociera. Aún más, una comisión binacional intercambió ideas acerca de cómo implementarlo…

En el súper hipotético caso de que el fallo deje todo tal cual, Chile nada tiene que ejecutar ni implementar. La duda, entonces, es obvia: ¿sabe desde hace tiempo nuestro país que el límite norte no quedará tal cual está? Cualquiera porción que le sea asignada a Perú –por mínima que sea- resultará un triunfo para ese país y una derrota para Chile y así lo han planteado las autoridades de Palacio Pizarro y Torre Tagle en Lima.

Pese al hermetismo de los jueces de la CIJ, el sorprendente aplazamiento del anuncio del fallo, casi en medio año, pudo tener su razón de ser en los coletazos de la insólita sentencia con que La Haya dirimió un diferendo entre Colombia y Nicaragua: las islas son colombianas y las aguas que las rodean son nicaragüenses. Tan aberrante decisión hizo que el Presidente Juan Manuel Santos desconociera el fallo, no consintió su aplicación y despacho naves de guerra a cautelar su mar.

Todo el país respaldó su decisión.

¿Cómo obrarán Piñera y Bachelet después del 26 de enero? El actual Presidente seguirá preparando en grande su auto despedida y dando formas a su propio movimiento político para intentar un regreso a La Moneda el 2017. Bachelet, a su vez, tendrá que asumir que fue en su gobierno cuando se originó el conflicto; a ella le significó una tirantez con Alan García y luego de negarse a cualquiera negociación bilateral, en vez de mantener firme la postura de “nada hay pendiente entre ambos países”, su canciller Ignacio Walker cometió el error de proponer a Perú llevar el caso a la CIJ.

Luego de conocerse la conducta de Colombia, entre las reservadas y seleccionadas personas de La Moneda que manejan el caso, rondó la idea de seguir su ejemplo. Incluso, estuvo de visita en Santiago la canciller de ese país con quien se trató el tema, pero la dilación en la entrega de la sentencia para 2014 generó en la cúpula presidencial la esperanza de que la bomba explosionase ya en el mandato de Bachelet.

A la postre, las consecuencias inmediatas tendrán que enfrentarlas ambos, pero la apelación, si es que Bachelet la decide, será misión exclusiva de ella, con sus costos y consecuencias.

Se percibe difícil, si no imposible, que Bachelet se anime a desafiar a un organismo dependiente de la ONU, a la cual ella misma sirvió hasta el año pasado en un cargo mundial, y más ahora que Chile es miembro alterno de su Comité de Seguridad. El fallo –que al tenor de la poca información disponible y debido al silencio de La Moneda y a la palidez del canciller cuando se refiere al tema–,  será favorable a “nuestro hermano económico”, y, por cierto, originará la repulsa de un 90% de los chilenos que no quieren seguir cediendo territorio como en años anteriores.

El 26, la flamante Presidenta empezará a rendir su primer examen. ¡Y qué examen!

Tal como estaba pronosticado con mucha antelación por todos los sectores políticos del país, el domingo 15 de diciembre se produjo un hecho con ribetes históricos: es primera vez en Chile que una mujer gobierna en dos oportunidades, el retorno al poder de la temible Unidad Popular  -ahora reforzada, supuestamente, por la DC- y el record en abstención, con  más del 50% de inasistencia a las urnas.

Dentro de esta bajísima concurrencia a votar, la socialista Michelle Bachelet obtuvo una contundente victoria en un acto electoral limpio y rápido, de tal modo que es un recurso infantil deslegitimar su triunfo por el hecho de que  fueron más los que se abstuvieron que quienes sufragaron. Era de lógica elemental que ella terminaría recibiendo el disciplinado apoyo final de toda la izquierda, la que es claramente mayoría en un país ya definitivamente consolidado como tal.

La derecha agotó sus votos (38%), esto es, algo más de su promedio histórico y la perfomance de Evelyn Matthei puede considerarse impecable, en especial por su incremento de 400 mil votos en segunda vuelta. En medio de un nido de víboras, sin apoyo, con ataduras que le impidieron ser ella tal cual, tuvo hasta el coraje de proclamar que su derrota es exclusiva de su responsabilidad cuando todo el país sabe que no es así. Fue una candidata de tercera mano, aportillada por todos lados.

En las huestes de Bachelet no hubo una euforia desatada pese a su 63% y ello por varias razones:

1.- Nadie dudaba de su triunfo;

2.- La disciplina y unidad de propósitos electorales de su sector  -recuperar el poder- le permitieron no exponerse a hipotecar su capital de popularidad;

3.- Las permanentes “ayudas” del gobierno de Piñera le facilitó muy temprano solventar aún más su plataforma electoral, y

4.-  Jamás, pese a sus silencios, evasivas y claras señales de ignorancia en políticas públicas, tambaleó su adhesión popular, basada en las clases media y baja que nunca leyeron su programa ni entendieron la especificidad  de los discursos de sus asesores. Fue el triunfo de los que no saben, como alguna vez lo dijo Pío Baroja.

La ausencia de espontánea locura que surge tras una amplia victoria electoral se debió, primero, a la certeza previa del triunfo y, luego,  a la tremenda incógnita en torno a la real capacidad de su gobierno de transformar en realidad en el corto plazo los tremendos “ofertones” de campaña en cuanto a hacer cambios estructurales tan profundas destinados poco menos que a refundar el país.

Excepto el gobierno de Aylwin, facilitada su gestión por tratarse de uno de transición, los tres consecutivos de izquierda que le siguieron no contaron con la aplanadora parlamentaria de que dispondrá Bachelet a partir de marzo. Casi como una muletilla, cada vez que en la campaña se le preguntó por qué no materializó en su anterior administración todo lo que estaba prometiendo para ahora, su respuesta fue la misma: “no tuve una mayoría clara en el Congreso”.

Aunque para su segundo gobierno está en entredicho la débil postura de la política de los acuerdos al interior de la Nueva Mayoría  –sólo la requerirá en casos extremadamente puntuales y delicados–, ahora si está en situación de pasar la aplanadora. Esta vez carece de excusas de no tener cómoda mayoría en el Congreso para pagar sus  tres cheques en blanco de más millones que firmó durante la campaña: educación gratuita y de calidad,  reforma tributaria a fondo  y cambiar la Constitución de Ricardo Lagos para adecuarla a las exigencias de los movimientos sociales, sin descartar para ello una Asamblea Constituyente.

Tiene en sus manos los instrumentos y apoyos para hacer de Chile el Estado Socialista que prometió. Pero…

En cuatro años no logrará la educación gratuita y mucho menos que ésta sea de calidad, objetivo que –si se toma alguna vez en serio–  demorará entre 30 y 50 años, de tal modo que ése será el primer gran enfrentamiento con el brazo armado del PC (la calle) que le exigirá “aquí y ahora” la implementación de ambas demandas.

En cuanto a una reforma tributaria profunda, o sea, estrujar al empresario hasta que le duela, traerá consigo un automático aumento del desempleo, una menor producción y caída de la inversión, con el consiguiente deterioro del progreso social, o sea, habrá más pobres. El chorreo por “quitarle a los ricos para darle a los vulnerables” no traerá beneficios a los protagonistas  de esa urgente demanda: los movimientos callejeros. Hasta podría aventurarse que resultarán más castigados…

Por último, la colisión más brutal que se vislumbra en breve al interior de la Nueva Mayoría es la reforma a la Constitución. En el seno de sus fuerzas existen matices y, algunos, muy marcados en cuanto a que los cambios deben ser moderados y ceñidos a la institucionalidad, pero ésa no es la señal que espera el PC ni menos los que “aparentan saber”, o sea, los movimientos sociales, que para “profundizar la democracia”  exigen hacer  de la Carta Fundamental un texto revolucionario.

Como condimento final de este guiso tremendamente difícil de digerir, surgió una trampa que se puso la propia Bachelet al anunciar un estudio para “volver al sistema obligatorio de sufragio”, ello ante las escandalosas cifras de abstención. En su oportunidad, en 2009 y cuando se aprobó el sufragio voluntario, fueron muy pocos los que se opusieron. Todavía más: para el cambio se invocó como factor principal el derecho de las personas.

Es insólito que precisamente ahora en que se gobernará para satisfacer todos los derechos de los individuos, como abortar, fuma droga y que los homosexuales tengan hijos, se retome la idea de un método incluso castigador, porque quien incumplía con su obligación de votar era sancionado.

Ya resuelta la primera vuelta y con sólo una moneda de dos caras por la cual decidirse, los chilenos se enfrentarán el 15 de diciembre a la alternativa de continuar el camino de progreso, desarrollo y un mejor bienestar personal que ha ido en ascenso desde 1990 a la fecha u optar por la ruta del retroceso originado por la radicalización de la izquierda que ofrece un futuro oscuro e incierto.

Tras la fatídica elección de Salvador Allende en 1970 con la Unidad Popular instalada en el poder, un buen número de chilenos que suele ignorar el fondo de la realidad nacional, creyó  -y se confió- en que “todo seguirá igual” y no creyó en las proféticas advertencias del electo mandatario de llevar a cabo una revolución marxista quirúrgica.

Muy tarde se dieron cuenta de que fueron unos ilusos.

El escritor francés Viconte de Chateaubriend reflexionó con mucha certeza que “la ilusión del ser humano no tiene límites, porque mil veces volvemos a beber del cáliz de la amargura”. Sobre lo mismo, el poeta romano Horacio dejó para la posteridad un pensamiento notable: “pisamos fuego que sólo está cubierto de una engañosa ceniza”.

“Los niños son fáciles de engañar con juguetes, pero los adultos, con palabras”. Este proverbio tan antiguo debe transformarse en un dique para todos quienes se dejan seducir por dubitativas promesas y dulzonas sonrisas. Si por una preparación deficitaria o por desidia son incapaces de meditar acerca del futuro del país, al menos podrían hacerlo sobre su devenir personal y ponderar, antes del sufragio, las consecuencias que le pueden deparar una u otra opción presidencial.

Durante este mes se reveló una investigación hecha por la Universidad Diego Portales acerca de las inquietudes de la juventud chilena actual, la misma que con inusitada fuerza empujó, y empuja, a las candidaturas a comprometerse más de la cuenta, ofreciendo lo racionalmente imposible de cumplir.  Sintomáticamente, el estudio concluyó que apenas un 35% del ámbito juvenil conversa sobre asuntos políticos y sólo un 34% lo hace con familiares o amigos.

La conclusión es dramática: casi un 70% de quienes están en situación de decidir el futuro inmediato del país no se hallan al tanto de su realidad política. Es una tribu sin inquietudes ni intereses, pero desde la calle impone su voluntad.

Para la Nueva Mayoría, su aspiración como  gobierno es un cambio profundo a la institucionalidad y a la economía, con lo cual en forma automática se frena (y se termina) el crecimiento económico que es el sustento de la estabilidad y progreso de los individuos.

En una encuesta publicada este mes (El Mercurio) y realizada en sectores de las Regiones Metropolitana Quinta y Octava, un 45% de los chilenos consultados consideró cree que el 2014, y con un nuevo gobierno, su situación económica permanecerá igual que ahora, el 2013, y un 30% estima que va a ser mejor.

Vale la pena preguntarse si estos chilenos ¿están o no al tanto de los programas de gobierno de las candidaturas de Matthei y Bachelet? No vaya a ser cosa que se trate de una pléyade de ilusos como aquéllos que no desconfiaron de Allende en 1970. Históricamente, y pese a sus promesas y su dialéctica, la izquierda jamás le ha brindado bienestar a la población bajo su yugo: muy por el contrario, sólo sufrimiento y desesperanza.

Hay quienes aún creen que Bachelet es la misma señora simpática que irrumpió en la presidencial antepasada. No, ahora es tan sólo un instrumento cautivo del PC y de un puñado de fanatizados “progresistas”, y, para peor, atada al cumplimiento de refundar Chile para rearmarlo “a la pinta” de las nuevas y subversivas fuerzas sociales que aborrecen el modelo neoliberal que ha hecho de Chile un país ejemplar y ajeno a los desastrosos populismos latinoamericanos.

Ésta podría ser la más adecuada definición para la primera vuelta presidencial y para los comicios  -aunque no totales- para el Congreso Nacional. Los resultados evidenciaron que hubo un remezón, que no alcanzó a terremoto, y que dejó algunos damnificados.

LA LÓGICA

Tal como los analistas más desapasionados lo pronosticaron, habrá segunda vuelta, lo que produjo una clara desazón en las huestes de la socialista Bachelet que, con gran euforia anticiparon, que iba a imponerse en primera vuelta. El avezado experto electoral PPD, Pepe Auth, aventuró un triunfo en torno al 55%, en tanto el ex Presidente Ricardo Lagos, en el cierre de campaña de la candidata, se la jugó por la victoria decisiva el 17 de noviembre.

Pero resulta que pese a una campaña inalterable desde el verano y con una base de sustentación mucho más amplia que la ex Concertación, la socialista estuvo en los mismos parámetros de la elección del 2005. Desenlace esperable, tratándose de un personaje que nunca ha sido líder.

En cuanto a Evelyn Matthei, no estuvo cercana a los niveles históricos de la derecha (35%), sino muy por debajo. En su defensa podría afirmarse que incidieron que su campaña fue de emergencia, que comenzó muy tarde, que fue aportillada groseramente por su propio sector y que recibió los efectos negativos de la insólita reapertura de heridas que hizo el mismísimo Presidente de la República a raíz de los 40 años del Golpe, pensando más en su propio futuro político que en la continuidad del gobierno de la Alianza.

AUGURIOS Y ENCUESTAS

Tal como ocurrió en las Municipales de octubre del 2012, nuevamente fallaron los oráculos, pitonisas y encuestadores, quienes auguraron con audaz certeza que Bachelet iba a arrasar y que el catastrófico fracaso de Matthei traería consigo un cataclismo en la derecha.

Hay que reconocerlo: sólo una especialista se detuvo a hacer un análisis científico de lo que podía ocurrir, la DC Marta Lagos (MORI). Ella, partiendo de los niveles de participación, concluyó lo que, finalmente, sucedió: Bachelet no estuvo en el 53% ni Matthei en los pobres 17% que les asignaba la izquierda.

LA GRAN INCERTIDUMBRE

Así tituló VOXPRESS.CL su percepción de la elección del 17 en su número del 1 de noviembre, y ello en referencia al número de ciudadanos que teniendo el derecho a sufragar, no lo harían. La no participación fue histórica, ya que resultó ser la más baja desde las elecciones en democracia de 1990 en adelante: un poco más de 6 millones en un universo de 13 y medio.

No es fácil determinar categóricamente quienes se quedaron en casa. Pero hay dos antecedentes que permiten dar luces: fueron electos varios candidatos propios de los movimientos juveniles, como Jackson, Boric, Fuentes y las comunistas Vallejo y Cariola, aunque estas dos última con “clientela propia”, la JJ.CC., por lo cual quienes se abstuvieron buscarlos entre  los capturados por el derrotismo anticipado que hizo presa al sector cuando el original candidato derechista Laurence Golborne no logró materializar jamás una adhesión popular.

BINOMINAL Y VOTO VOLUNYARIO

Como si se tratase de un péndulo, de un tiempo a esta parte las percepciones de los políticos están divididas en cuanto a la permanencia o fin del binominal. Y en la elección parlamentaria volvió a quedar demostrado que el sistema es igualmente beneficio y/o perverso para la izquierda y la derecha.

El caso más emblemático fue el de senadores en Santiago Oriente donde el binomial benefició al socialismo (Montes) y perjudicó a la UDI (Golborne), algo similar a lo ocurrido en Antofagasta donde el UDI fue segundo, pero perdió ante el tercero.

Ya antes de la elección surgieron voces en la propia Nueva Mayoría –que irradiaba triunfal confianza- para poner en agenda en su eventual gobierno el reemplazo del voto voluntario por el sistema antiguo del sufragio obligatorio. No deja de ser otro manchón al modelo del político tradicional que tras aprobar una ley, al poco tiempo se pretenda cambiarla porque no les conviene a sus intereses.

Cuando, tras larga discusión, se instauró la libertad para concurrir a las urnas se utilizó como argumento que era “la expresión sublime de la democracia”. Y ahora en que el ausentismo incide en los fracasos electorales, ¿pasó a ser anti-democrática?

LOS DAMNIFICADOS

La DC en senadores y la UDI en disputados fueron lo más damnificados por este sismo de regular intensidad. Los democratacristianos   -que perdió a un ícono y ex candidata presidencial, Soledad Alvear- tenía muy claro que le iría mal en cuanto a composición en la Cámara Alta por falta de solidaridad de sus socios, en la tanto la UDI cayó en la Cámara Baja desde que, hace años, abandonó el anónimo trabajo poblacional para prestarle más atención a sus continuos dilemas de gobernabilidad interna.

Un dato revelador: la Fundación Yévenes, en recuerdo de su dirigente poblacional asesinado, llamó a votar por…¡Parisi!

TRABAJO EN VEZ DE “ROSTROS”

Si una lección interesante dejaron las elecciones parlamentarias fue que la gente privilegió  -y privilegia- a quienes trabajan en terreno por la solución de sus problemas y, ahora, al revés de antes, no se dejan seducir por los “rostros” y caciques que dedican más tiempo al lucimiento personal que a servir a quienes dicen servir…

Ejemplos rotundos de ello fueron las elecciones como senadores de dos ex alcaldes tremendamente trabajadores y dedicados a la gente, como Quinteros (PS) en Los Lagos y Ossandón (RN) en Santiago Oriente, y de las derrotas de Escalona (PS), a quien ni siquiera le alcanzó el empujón final de Bachelet, y de Alvear (DC) que gastó su tiempo en concretar el voto de chilenos en el extranjero: éstos, informalmente, lo hicieron a través de Internet y arrasó el “verde” ex comunista Marcel Claude…

¿QUÉ APLANADORA?

La Nueva Mayoría, segura del triunfo de Bachelet  -tal como lo logró- se la jugó en forma muy potente por “darle un Parlamento a Michelle”, de modo tal que sus reformas estructurales profundas pasasen como por un tubo los trámites legislativos para transformarse en ley. Si bien la izquierda aumentó levemente su mayoría en el Congreso, su número de parlamentarios no les alcanzará para “pasar la aplanadora” y sólo tendrán luz verde en los quorum  calificados. Este panorama fue también otra de las consecuencias del porqué en la Nueva Mayoría no hubo euforia la noche del 17.

Llama poderosamente la atención la conducta asumida por el comando de campaña de la socialista Michelle Bachelet. Mientras todos los otros candidatos han hecho públicos sus respectivos programas de un eventual gobierno, el de la Nueva Mayoría continúa “en el aire” aunque, por mucho que se le urja, no constituye misterio alguno.

Resulta sospechoso que una candidata que cada vez con más certeza asegura que ganará en primera vuelta, que palpita  -como todos- el espíritu derrotista de la derecha, que percibe las escisiones existente en el bando contrario y que las encuestas la siguen favoreciendo, no le revele al país clara y rotundamente qué es lo que piensa hacer de llegar a La Moneda y cómo lo va a hacer.

Ella o sus voceros han ido entregando “píldoritas” de lo que parece ser un programa de gobierno y su rimbombante anuncio de las medidas inmediatas para sus primeros 100 días en el poder no entusiasmó a nadie, porque la mayoría de ellas fueron las mismas que anunció en su campaña para su anterior período. Incluso, eludió el debate de la ANP en Coquimbo transmitido por CNN por temor a que le preguntaran sobre materias espinudas.

Tal como la acusó Marco Enríquez, ¿por qué Bachelet se esconde? Hay dos razones muy potentes por las cuales ella no se puede exponer: la total falta de dominio de políticas de gobierno y la imperiosa necesidad de no asustar al núcleo de votantes más moderados que están con ella.

Tras sucedió a Ricardo Lagos, nadie olvida que ya a los tres meses de gestión sus propios partidarios temieron que no fuese capaz de concluir su período y antes del primer año ya se barajaban en forma pública posibles nombres de su reemplazante. Bachelet jamás ha sido una estadista ni tiene características de tal, sino fue sólo un explosivo fenómeno de empatía en su momento que, de modo inexplicable, se ha mantenido incólume hasta la fecha.

Quienes tienen buena memoria deben recordar que su gran promesa de campaña fue plasmar un gobierno ciudadano y a los pocos meses, fruto de su soledad y de las presiones, se entregó a los partidos de la Concertación. Sin liderazgo ni grandes conocimientos se resignó mansamente al ideario político/económico de su ministro de Hacienda, quien terminó siendo el rey sin trono.

Con el PC inserto en su comando, que juega al suspenso acaso va a participar activamente o no del gobierno para obtener beneficios electorales, Bachelet sabe que su gente -más que ella- atemoriza. Los recuerdos de la Unidad Popular están aún muy frescos y pese a la engañosa campaña de limpieza de imagen de la izquierda con motivo de los 40 años del Golpe de Estado, pudo filtrarse algún tipo de material informativo recordatorio de los catastróficos mil días de Allende.

La eventual administración socialista, llamada también Unidad Popular 2.0, ya no será un quinto gobierno de la Concertación, porque ésta simplemente no existe y  el nuevo referente de izquierda requiere, sí o sí, marcar una distancia rotunda con el fenecido bloque ante las incesantes críticas de todo lo que hizo mal o dejó de hacer durante sus cuatro administraciones consecutivas.

El sello diferenciador se lo darán el PC y los deslenguados líderes “progresistas” partidarios de tensar al máximo el elástico de la actual institucionalidad.

El gotario de propuestas de la candidata socialista es la letra grande, ésa llamada a poner paños tibios en los inquietos y expectantes electores moderados. Sin embargo, la letra chica, aquélla en que se revelan las reales intenciones y propósitos de los compromisos, hace meses que está escrita y, lo que es peor, los desmemoriados chilenos parecen haberla olvidado.

A las pocas semanas de su retorno desde Nueva York, Bachelet anunció públicamente que su programa incluye una reforma tributaria profunda para que “paguen más los ricos y que el Estado pueda dar más recursos a los pobres”; una Asamblea Constituyente, en la cual todas las fuerzas sociales elaborasen una nueva Constitución Política, “por las buena o por las malas”, según expresó su mano derecha en esta materia, el abogado Fernando Atria y les prometió a los jóvenes idealistas callejeros (incluidos encapuchados) que habrá muchas leyes nuevas que recojan sus inquietudes y “recurriremos a plebiscitos para todos los temas que sean necesarios”.

Entonces, ¿para qué tanto interés en que Bachelet dé a conocer su programa? Ya está listo: radicalizar la Unidad Popular a través del “otro modelo”, el que borra de un plumazo todo lo progresado en los últimos 30 años por el país y que lo tiene como ejemplo emergente en el mundo.

En Cuba se le denomina castrismo, en Venezuela chavismo y en Argentina kirchnerismo. Acá no habrá que bautizarlo, porque ya tiene nombre: Unidad Popular 2.0,  con el consiguiente retroceso político, económico e institucional que implica el brazo del otra vez poderoso Estado metiéndose en todas partes.

Para mejor comprender una de las mayores estupideces que se han escuchado en los últimos días referentes a la bien sabida reescritura de la Historia Moderna de Chile es indispensable conocer un par de reflexiones que la explican en pocas palabras.

Para Valtour, escritor francés del siglo XIX, “los hechos y las fechas son sólo los huesos de la historia; las ideas y los intereses son la carne”. Más clarificador es el pensamiento del militar y diplomático español  Carlos Coloma de Saa: “la pasión corrompe el juicio y la honestidad del historiador”.

La condensación de ambas definiciones resumen, casi a la perfección, el reciente anuncio oficial de hacer un cambio en los textos de estudio de séptimo y octavo básicos: reemplazar la definición de régimen militar por la de dictadura militar. La idea surgió a raíz de esta especie de catarsis política por los 40 años del Golpe de Estado.

Desde 1990 a la fecha, progresivamente se ha ido reescribiendo la historia de Chile del siglo XX para concientizar a niños y adolescentes sobre dos realidades que, particularmente en el pasado septiembre, se pusieron de moda por las conmemoraciones del Golpe de Estado y de los 25 años del plebiscito que terminó con la administración Pinochet.

Hoy los jóvenes en etapa de educación ignorar por completo la Guerra Civil de 1891, las Presidencias que duraron tres días, los exilios de Mandatarios, las asonadas militares, todos sucesos relevantes de la primera mitad del siglo XX. Pero son expertos conocedores del “gobierno democrático” de Salvador Allende y de la dictadura de Augusto Pinochet, porque la gran mayoría del magisterio, en manos de la izquierda, disfruta y se deleita pasando estas materias específicas y encargando, como en ningún otro ramo, trabajos de investigación para radicalizar aún más la mentalización política.

Uno de los responsables de la iniciativa de cambiar régimen militar pordictadura militar en los textos lo justificó ‘académicamente’ así: “si el chancho tiene cara de chancho, cola de chancho, patas de chancho y cuero de chancho ¿para qué lo vamos a llamar de otra manera?” No obstante, su intelectual argumento no es aplicable a lo que antecedió al advenimiento de los militares al poder. Aseguró, como si nada, que el de Salvador Allende fue un “gobierno democrático” y, por tanto, no tiene sentido alguno variar su acepción cuando se le sugirió que en rigor debiera definirse como “gobierno marxista”.

Como tantas veces la han definido los estudios internacionales de las ciencias políticas, la democracia no se restringe a una libre elección de uno o varios candidatos a través del sufragio universal, sino incluye ineludiblemente la gestión del gobierno, a través de la cual el mandatario de turno tiene la obligación de ejercer el poder sin discriminaciones y respetando por igual los derechos de todos.

Si bien Allende fue elegido en las urnas e incluso por una categórica minoría, desde su instalación en el poder advirtió que no era el Presidente de todos los chilenos sino sólo de la Unidad Popular. Reveló pública e internacionalmente su propósito de hacer en el país una “revolución científicamente marxista”, atentó contra la propiedad privada, creó el sistema de racionamiento de productos,  utilizó a guerrilleros urbanos para su causa, violó la soberanía al reclutar a paramilitares extranjeros comunistas para que lo defendieran y no alcanzó a consolidar su obra maestra de destruir totalmente la economía para poder instaurar su añorado sueño del gobierno del proletariado.

¿Entonces? Si ese chancho tenía cara de chancho, patas de chancho, cuero de chancho y cola de chancho ¿por qué también no llamarlo por su nombre?

Ocurre que los historiadores a cargo de reescribir nuestra historia más reciente forman parte de la pléyade de enceguecidos revanchistas que tienen una sed insaciable de venganza y para ello no se ruborizan en falsear la realidad, y ello con el patrocinio de un gobierno cada vez más inexplicablemente motejado de derecha.

El régimen militar ¿fue tan sólo una mera dictadura? Etimológicamente lo fue desde el momento en que silenció al Poder Legislativo y a los partidos políticos y por años permitió sólo versiones oficiales a la prensa. También lo fue por la violencia en contra de los enemigos políticos. Ésa fue una realidad y es justo consignarlo en los textos escolares. Pero los más de quince años de administración militar no pueden ser tan descaradamente cercenados al punto de poner un énfasis exclusivo en aspectos censurables.

Niños y jóvenes de este país deben saber que si hoy tienen acceso a bicicletas, play station, teléfonos móviles, ropa y calzado foráneo y la más amplia gama de bebidas extranjeras se debe a las políticas económicas implementadas durante el régimen al cual ahora le cambiarán nombre para restringirlo sólo a crímenes y torturas. Si la juventud actual puede seleccionar infinidad de canales de TV para su entretención y obtiene en Internet hasta la más insólita información requerida es gracias a un modelo económico establecido en los tiempos de Pinochet y que ningún gobierno de la ex Concertación se atrevió a modificar e incluso lo profundizó.

Muchos jóvenes suelen salir al extranjero, aunque sea a países limítrofes, gracias a la plena libertad para adquirir divisas y son millones los que pueden acceder a los alimentos que deseen, nacionales o importados. Este tipo de libertades jamás existieron en la Unidad Popular porque no había dólares en el mercado y menos, importaciones.

De haberse perpetuado en el poder la Unidad Popular para transformar a Chile en una segunda Cuba latinoamericana -ése era el objetivo supremo de Allende-, hoy esta juventud a la que se pretende concientizar, carecería de libertad de expresión, no podría manifestarse en las calles, sus familias estarían limitadas a tarjetas de racionamiento para una precaria alimentación, podrían salir del país sólo con permiso del Estado, no tendrían discrecionalidad para elegir su ropa, conocerían de vista los autos e ignorarían que son los pubs y las discotecques. No tendrían más sueños que huir del país…

Ante la persistencia de reescribir la historia acomodándola a las pasiones y los intereses de la izquierda y con la tolerancia de un gobierno que  -se supone- no comparte esa ideología, resulta urgente e imprescindible que los padres de familia se constituyan en tutores responsables de los reales conocimientos que adquieren sus hijos y les transmitan lo que verazmente sucedió, en su absoluta integridad, evitando que se les siga engañando de una forma arbitraria y maliciosa.

Calificado como un hecho “inusual” en el mundo entero, y pese a la sobredimensionada cantidad de candidatos a la Presidencia, en la elección del 17 de noviembre la pugna por acceder a La Moneda a partir de marzo del 2014 se reducirá a dos mujeres: Michelle Bachelet Jeria y Evelyn Matthei Fornet, en estricto orden alfabético.

Aunque la irrupción de última hora de Matthei se dio por la carambola de la defenestración de Golborne y el súbito cuadro depresivo de Longueira, el surgimiento de la ingeniera comercial logró lo que ambos varones no habían conseguido: el beneplácito de todo el sector. La derecha de hoy nada tiene que ver con aquélla rancia y engominada que prevaleció hasta los 60 y el devenir de los múltiples acontecimientos sociales la hicieron generar un estereotipo colectivo que no encaja en modelos rígidos.

El derechista actual puede ser un modesto almacenero, un propietario de taxi, un maestro eléctrico, un feriante callejero y un administrativo de cualquiera oficina, esto es, un chileno común y corriente, de pensamiento liberal, que percibe en su trabajo cotidiano un vehículo para vivir decentemente y, según sus intereses y fuerzas, acceder a un mejor bienestar. Para él, su estabilidad laboral es lo esencial y no está dispuesto a aventurarse en riesgos revolucionarios ni fomentar “reformas estructurales” a la institucionalidad por el fundado temor a un retroceso en su nivel de existencia.

Matthei vino como anillo al dedo a este sector sin adoctrinamiento ni ideologías y artífice –a costa de trabajo- de su propio presente y futuro. A Golborno, más allá de las simpatías por su protagonismo en el rescate de los 33 mineros en Atacama, la gente lo percibía como un agente natural del empresariado, y Longueira, pese a sus bonos ganados en Economía con sus fiscalizaciones a los abusadores, representaba un modelo ideológico más inflexible.

Desde esta perspectiva no es de extrañar el respaldo que “el mundo trabajador” independiente le está brindando a Matthei. En una entrevista a La Tercera, el senador Alberto Espina (RN) pronosticó que “ésta es una pelea entre dos mujeres y que la resolverán las mujeres”. No parece tan categórico ése escenario  -al menos hasta el momento en que no hay debates-, puesto que un sondeo que manejó la UDI antes del retiro de Longueira, reveló que “el pueblo femenino”, otrora afín a ese partido, fue el que le dio la amplia victoria a Bachelet en la primaria opositora.

Un amplio sector de mujeres hace años que asumió a Bachelet como su “rockstar”, ha mantenido firme esa adhesión y nada hace presumir que por haber surgido otra congénere -más joven, vistosa, radiante y de ideas definidas-, van a cambiar de conducta. Su más dura batalla, Matthei la tendrá frente a esta fidelidad popular femenina hacia la ex Presidenta, porque se trata de un feeling que no acepta el menor racionamiento comparativo entre ambos proyectos.“Todo capricho surge de la imposición de la voluntad sobre los conocimientos” escribió certeramente el filósofo alemán Arthur Schopenahuer

Bachelet interpreta a cabalidad a millares de mujeres que, como ella, tienen hijos de distintas parejas sin haberse casado jamás y hasta la fecha es jefa de hogar como muchas. Matthei encarna a una madre de familia tradicional con un matrimonio de años bien consolidado.

Bachelet, en la clandestinidad, ofició de médico de urgencia de los subversivos del Frente Manuel Rodríguez, en tanto Matthei es hija del segundo miembro FACh integrante de la Junta de Gobierno que puso fin a “la vía chilena al socialismo”.

Matthei apunta a mantener el crecimiento económico del país para que cada vez existan más empleos y, con ello, tranquilidad y confianza en los hogares. Bachelet aplicará una profunda reforma tributaria a las empresas, lo que llevará a éstas a reducir costos y, por ende, al despido de personal con el consiguiente aumento de la cesantía y de los problemas familiares.

Bachelet promete educación gratuita para todos financiada por el Estado, de tal modo que familias con carencias pagarán con sus impuestos la educación sin costos de los hijos de padres ricos. Matthei aspira, primero,  a reforzar la calidad de la enseñanza, ya que, de acuerdo a la reciente Prueba Inicia, los profesores carecen de competencias para hacer clases.

Es tentador no pagar por educarse, pero ¿qué lógica tiene si los alumnos no recibirán conocimientos?

Con Bachelet, la Unidad Popular II verá saciada su viejo anhelo de legalizar el aborto, despenalizar todas las drogas y oficializar el matrimonio homosexual con adopción de hijos. Matthei no cierra las puertas al aborto terapéutico  -eliminado de nuestra Constitución a fines del régimen militar-, es partidaria de un marco legal para la convivencia de parejas del mismo sexo y se abre al uso médico  de la marihuana.

No es un detalle menor que tras Matthei existe un equipo homogéneo que, al menos, piensa de modo similar, en tanto el de Bachelet está estructurado por sensibilidades extra polarizadas que intentarán imponer sus influencias (como el PC y la DC) y es toda una incógnita el “producto” que engendren diferencias tan marcadas.

Chile se jugará mucho en la elección del 17 de noviembre. Con Matthei, la ciudadanía tiene la certeza de proyectarse hacia un futuro mejor mediante su propio esfuerzo. En cambio, Bachelet le garantiza el regreso a una experiencia similar a la catastrófica Unidad Popular.

Puntualmente, como todos los años y más en éste cuando se cumplen 40 del derrocamiento de la dictadura marxista de Salvador Allende por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, documentales, seminarios, charlas, velatones, romerías y un variopinto número de actividades se llevan a cabo, casi todas, o bien dicho todas, organizadas por entes de izquierda que aspiran a que dicha fecha sea recordada cada vez con más rencor.

La idea de los promotores de estos actos conmemorativos de gran subjetividad es que todos se canalicen en el “ni perdón ni olvido” acuñado por las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos.

Y es de este punto, precisamente, del cual surge la convicción que el “once” no divide a los chilenos, ello por la sencilla razón de que jamás, se ha enfocado dicha fecha en forma convergente.

Una fracción muy mayoritaria de chilenos de aquel tiempo celebraron como la Segunda Independencia Nacional el término de los mil días de Allende que dejaron al país al borde mismo de una dictadura comunista. Los compatriotas vivieron aciagos días de violencia extrema, de desabastecimiento, de una productividad fabril negativa, de carencia de combustibles, de expropiaciones ilegales, de falta de divisas, de masivas e interminables huelgas y del absoluto colapso financiero y económico del país.

En el Banco Central no quedaban reservas de oro y el propio Allende anunció que “hay trigo sólo para un mes”. Al más puro estilo cubano entraron en vigencia las libretas de racionamiento, responsabilidad  del general Alberto Bachelet.

La ruta hacia el modelo marxista ortodoxo de aquellos años fue un total fracaso y el aniquilamiento de la nación desde sus bases institucionales fue lo que llevó a la ciudadanía no sólo a pedir, sino exigir, la intervención militar para poner término a ese tortuoso viaje sin retorno.

La izquierda, aquélla y ésta, se han desentendido de los mil días de Allende, el peor gobierno en la historia del país. Para ella es un estigma asociarse a tan tremendo fracaso y de ahí que ponga todo su énfasis en algo muy distinto, como fueron las víctimas de la dictadura.

Días atrás, la candidata socialista comentó que “falta un cara a cara sobre la verdad” en alusión, claro, al período de la represión a los subversivos…pero omitió decir que ese cara a cara también sería necesario y oportuno respecto al desgobierno de los mil días de la Unidad Popular.

Son, pues, visiones distintas y contrapuestas. En textos escolares no sólo se tergiversa la historia de esa época, sino se la reduce sólo a los malos procedimientos del régimen militar, ignorando adrede todo lo que avanzó el país en dicho período. Los estudiantes –como una gran mayoría de jóvenes- no son informados de la realidad del gobierno de Allende.

El melodramático discursillo de que “esa fecha divide” es una falacia. ¿Cómo es posible romper algo que nunca ha estado unido? Y esa divergencia la inició el propio Salvador Allende cuando proclamó categóricamente que él no era Presidente de todos los chilenos, sino tan sólo de la Unidad Popular. Es la mejor evidencia de que no fue el “once” el causante de la escisión, sino el extinto caudillo socialista.

No hubo un mismo Chile con Allende ni tampoco un mismo Chile con el régimen militar. El país está irremediablemente parcelado y sin ánimo de dar vuelta esta página de la historia, porque hoy son mayoría quienes se empeñan en reescribirla “a su pinta” ideológica.

Por el “once”, antes de él, durante él y tras de él, Chile jamás estuvo de acuerdo, de tal modo que dicha fecha nunca unió y, por ende, menos puede dividir.

Un aumento cercano al 8%, en comparación al mismo período de 2012, tuvieron las denuncias por hechos violentos asociados al conflicto mapuche durante el primer semestre en la Región de La Araucanía. Según el “Barómetro de conflictos con connotación indígena”, encargado por la multigremial de La Araucanía, entre enero y junio, Carabineros y la fiscalía recibieron 138 denuncias vinculadas a ataques incendiarios, usurpaciones y agresiones a uniformados, entre otros. En 2012 la cifra llegó a 128. El análisis, que incluyó hechos de violencia como el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido en enero pasado, determinó además que el mayor número de delitos ocurrieron entre marzo y abril. Del total de denuncias, 41 corresponden a ataques incendiarios, 29 a daños, 21 a amenazas, nueve a usurpaciones y cuatro a homicidios frustrados a carabineros. Los resultados también indican que los principales afectados son los agricultores, con 54 denuncias, y las forestales y contratistas, con 33.

Ésta es una de las tantas y tantas noticias provenientes de La Araucanía, un territorio en llamas ya hace muchos años y en el cual puso sus ojos la izquierda dura para desestabilizar y originarle problemas de imagen internacional al Estado chileno.

Grupos radicalizados de chilenos, de chilenos de origen mapuche y de extranjeros latinoamericanos y europeos adiestrados militarmente en Cuba y por las FARC colombiana  -de lo cual existen imágenes y e-mails como prueba-, intensificaron este 2013 sus acciones terroristas por tratarse de un año de elecciones.

La justicia tiene claro que en el brutal homicidio del matrimonio Luchsinger/MacKay no sólo actuó el machique se halla preso en Temuco, pero hasta la fecha, pese a las indagaciones, no hay rastros de sus cómplices en virtud de la red de protección que otorga a estos delincuentes un puñado de comunidades subversivas.

Buses y camiones ya no sólo son atacados en caminos rurales, sino en la Ruta 5 Sur la que se ha convertido en un infierno entre Collipulli y Victoria. Los terroristas les imponen el cobro de “derecho a protección” a familias de su propia etnia y hay fundadas sospechas de que fueron ellos los autores de un reciente incendio que destruyó una escuela símbolo de la raza en Tirúa.

Las innumerables páginas webs de las organizaciones internacionales que protegen, ayudan e impulsan con financiamiento el clima de violencia en La Araucanía están a las vista de todos en internet y la agresividad de su lenguaje en contra del Estado chileno es el mejor reflejo de que las reivindicaciones territoriales son una simple excusa para su objetivo: establecer una cuña revolucionaria y crear una fracción soberana sin la menor inquietud por dividir al país en dos.

No obstante este desolador panorama, el   RelatorEspecial de Derechos Humanos y Contraterrorismo de la ONU, Ben Emmerson, denunció que  “el Estado chileno discrimina repetidamente a los mapuches al aplicarles la legislación antiterrorista”.

Claramente, este observador no ha estado jamás en esta zona de violencia cotidiana y construyó su informe por datos interesados que le proporcionaron las bandas subversivas. Además, su sesgo político lo deja como ignorante al creer que sólo viven mapuches en La Araucanía.

No deja de ser llamativo que este relator haya escogido una de las más potentes señales de las comunicaciones mundiales, como la BBC de Londres, para lanzar su amenaza al gobierno chileno. Están aún muy frescos los recuerdos de los “observadores ONU” en las marchas estudiantiles que se dedicaban a filmar las detenciones de los revoltosos y el trato que les daba Carabineros, por lo que resulta aún más discutible la neutralidad de Ben Emmerson.

Es de una gran inconsecuencia que la ONU se ocupe con tanto celo de un conflicto puntual en el país más austral del mundo y pase por alto las abismantes violaciones a los derechos humanos que se observan a diario en Asia, África y Medio Oriente. Todas las “primaveras” surgidas en el mundo árabe en los dos últimos años han tenido un aterrador costo en abusos contra las personas, y  las atrocidades de musulmanes fundamentalistas, como el Talibán y Al Qaeda, pasan por delante de los ojos de éste y de otros muchos “relatores” que no son más que gentiles servidores de los intereses de una ideología.

Si la ONU hace poco o nada en el resto del mundo ¿cómo tiene la desfachatez de censurar a un gobierno soberano sin saber, de modo fehaciente, la realidad en la cual mete torcidamente sus narices? Quienes proceden así no son independientes, justos ni menos ecuánimes, todos atributos que decoran la declaración de principios que creó a las Naciones Unidas.

Una de las más falaces promesas de campaña de la candidata socialista Michelle Bachelet apunta a captar el voto de  las generaciones jóvenes a través del anzuelo de la “nueva política”.

Un concepto de esa envergadura, para que no sea un simple recurso populista,  requiere realmente tener en su esencia y en su naturaleza frescura y originalidad. La memoria de los chilenos no es tan frágil como para haber olvidado ya las consignas de las movilizaciones sociales que condenaron la política tradicional, la “vieja política” según Bachelet, castigada también por todas las encuestas.

Sin embargo, al culminar el proceso de inscripción de parlamentarios para las elecciones legislativas  -parciales- del 17 de noviembre, quedó en dramática evidencia una mixtura de engaño y contradicción que significa la “nueva política” según Bachelet. La renovación tan anhelada por ella no llega ni siquiera al 25%, ya que el 76% de los parlamentarios que se someterán al juicio popular van a la reelección y, de seguro, de haber habido un cambio total en el Congreso, dicha cifra habría sido aún mayor.

En los meses, semanas, días y hasta horas previas al cierre de inscripción de candidatos al Parlamento una escena común fue la pugna de los viejos caciques por asegurarse un cupo y, ojalá, el más protegido, y los espacios a los más jóvenes terminaron siendo muy reducidos y también con blindaje ante la incertidumbre de la abstención y el peso electoral verdadero de “los muchachos idealistas”.

Uno de los líderes de las movilizacionbes del 2011, Giorgio Jackson, no llegó a acuerdo con el pacto opositor y se inscribió en forma soberana con el hasta ahora enigmático apoyo sólo de su referente llamado Revolución Democrática. Ante la absoluta incerteza de que pueda transformarse en diputado de la izquierda por Santiago, operó de inmediato la “vieja política” y fue la propia Bachelet quien sugirió que horas antes del cierre de las inscripciones se bajasen las candidaturas del socialista Marcelo Díaz y del democratacristiano Eugenio Ravinet.

Uno de los más insólitos episodios de la “vieja política” lo protagonizó uno de los delfines de Bachelet, el senador Camilo Escalona. Consciente de su derrota, se negó a competir en primarias regionales con el popularísimo ex alcalde de Puerto Montt y después el PS, con el consentimiento de la DC, lo inscribió por Bío Bío costa, obligando a salir de ahí a un antiguo caudillo de la zona, Hossain Sabag, quien fue trasladado a la VIII Cordillera, que no es su fuerte.

Lo de Sabag fue el premio que le pagó su partido por ser un voto decisivo en la destitución del ex ministro Harald Beyer y que se pronunció en contra: el hasta hoy senador reveló públicamente en el hemiciclo no estar convencido de los argumentos para que prosperara la acusación constitucional y no trepidó en dar a entender que sólo lo hacía dudar su condición de candidato que va a la reelección.

Habrá que estar muy atento a quienes mantengan su mentiroso discurso del nuevo Chile, porque precisamente el Poder del Estado que tendrá que hacerse cargo de “las reformas estructurales” a la institucionalidad, prácticamente será el mismo de los últimos años. Estas cifras no reflejan novedad alguna, sino más bien continuismo: 92 de los 120 diputados en ejercicio y 15 de los 20 senadores que se renuevan van a la reelección.

Con Parlamento de estas características y con entrañable apego de los legisladores a sus bancas, se aleja el anhelado sueño de una Asamblea Constituyente. Los congresales saben mejor que nadie que una instancia de esa naturaleza implica la automática pérdida de sus cargos y por su apetito reeleccionario no parecen estar dispuestos a un sacrifico así.

Para una mejor comprensión de que la “nueva política” es por ahora una quimera de campaña, el único senador que seria y categóricamente planteó la necesidad de una Asamblea Constituyente, Juan Antonio Gómez (PR), fue dejado al margen por su pacto para disputar su reelección en algún cupo.

Es una prueba dolorosa de las consecuencias de las políticas sociales y económicas del régimen comunista.

La libreta de racionamiento en Cuba ha cumplido 50 años de existencia y constituye hoy la única en su especie a nivel mundial. Durante estos cinco decenios ha sido fuertemente criticada por algunos que la ven como un símbolo de la pobreza en la isla. Con no menor fuerza (o angustia), sin embargo, miles de cubanos la defienden, pues les ha permitido sobrevivir, al garantizarles al menos una canasta básica de alimentos que incluye pequeñas cantidades de arroz, frijoles, café, huevos, azúcar y aceite, por la que pagan mensualmente 50 pesos (dos dólares).

Fue impuesta por Fidel Castro con el nombre oficial -que tiene un resabio de amarga paradoja- de “Libreta de consumo” en julio de 1963, solo meses después de que Estados Unidos decretara el embargo comercial contra la isla.

Hasta 1990, existió también otra libreta gemela destinada a los “productos industriales”, esto es, zapatos, sostenes, desodorantes, jabones y dentífrico, entre otros. Pero ella desapareció -sin explicaciones oficiales- cuando cayó la Unión Soviética, hasta esa fecha el principal sostenedor económico de la revolución castrista.

Hoy cada familia cubana tiene una libreta: 3,6 millones, en una población de 11,1 millones. Pero mantener este arcaico método de distribución de alimentos le cuesta al Estado unos 1.900 millones de dólares al año, de los cuales la población solo aporta el 12,3%.

Cuando Raúl Castro sustituyó a su hermano Fidel en 2006, una de las primeras medidas que impulsó fue la eliminación de “subsidios y gratuidades indebidas”. Ciertamente, a la libreta de racionamiento no se la puede considerar “indebida”, ya que para miles de cubanos es vital para su sustento, y por eso las palabras de Castro provocaron temor en la población.

Inquietud comprensible, pues la población cubana está ya acostumbrada, por dos o tres generaciones, a depender del Estado y no cuenta con los recursos -el salario promedio es de 19 dólares- para comprar los alimentos que no están subsidiados.

No obstante ese acostumbramiento, la eliminación de tal cartilla parece inevitable en un futuro quizá no demasiado lejano, porque pese a todas las barreras a la libre información que impone el régimen comunista, muchos miles de cubanos saben que nada semejante existe en el resto del mundo, y resulta improbable que las nuevas generaciones lo sigan aceptando pasivamente. Pero, para poder dar ese paso, el gobierno deberá crear primero las condiciones que lo hagan posible: desde luego, impulsar aún más el trabajo por cuenta propia, mejorar la producción agrícola y controlar el mercado negro. Entretanto, este proceso no podrá sino ser lento, porque abolir esa bochornosa libreta de un golpe podría significar para la población -y el régimen- muchos más problemas que beneficios.

Como fuere, esta libreta de racionamiento, oscura reliquia de los totalitarismos del siglo XX, es un recordatorio doloroso pero elocuente de los frutos de las políticas sociales y económicas que ellos aplicaron.

La esperanza de aprovechar los buenos tiempos que vivimos, para lograr avanzar en el progreso integral de nuestra sociedad y no solo sobre su desarrollo económico, nos mueve a analizar nuestra realidad a la luz de las experiencias vividas.

Nuestra Constitución de 1980 aparece como el centro de muchas opiniones; ella ha sido modificada, a mi juicio para bien, en numerosas oportunidades, y sus modificaciones, aplaudidas por todos, nos muestran la capacidad de nuestro poder constituyente para interpretar los básicos consensos nacionales.

Nada justifica una Asamblea Constituyente, que aparece como un salto fundacional innecesario y riesgoso.

Las disposiciones sustantivas de nuestra Carta Fundamental sobre el Estado, sus atribuciones, finalidades y límites, están establecidas con propiedad en ella. La afirmación de que el Estado está al servicio de la persona humana, y la disposición del artículo quinto que señala como límite de la soberanía “el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”, garantizados por la Constitución, y que ha sido reforzada por una reforma que agrega los tratados internacionales ratificados por Chile para elevar los acuerdos sobre la materia adoptados por organizaciones internacionales a rango constitucional, dejan al

Estado como “subsidiario” y al hombre como “principal”, evitando así las tentaciones totalitarias.

Los quórums altos para reformar la Constitución se refieren sustancialmente a los derechos de las personas, creando las motivaciones para los consensos. No resisto la tentación de incluir las palabras textuales del (ex) Presidente Lagos al promulgar la Reforma Constitucional del año 2005, aprobada por el Congreso Pleno por 150 votos contra 3: “felicitémonos por este paso trascendente, hoy es un gran día para Chile. El Congreso Pleno ha ratificado un conjunto de cambios a la Constitución, que Chile venía reclamando desde hace muchos años.

“La sociedad chilena, que nunca ha perdido su espíritu democrático, venía construyendo desde hace años una práctica democrática que no se reflejaba en la Constitución.

“Hoy, el nuevo texto constitucional se pone a la altura del espíritu democrático de todos los chilenos.

“Todos sabemos que la Constitución nacida como expresión de un régimen autoritario no expresaba a la mayoría de los chilenos y mucho menos era expresión de unidad nacional”.

“Hoy tenemos, entonces, en Chile un día de alegría, de unidad, de reencuentro con nuestra historia. Como Presidente de todos los chilenos agradezco a todos los ciudadanos que lucharon por contar con una Constitución a la altura de nuestro espíritu libertario, agradezco a todos los partidos que pusieron su empeño en esta tarea, agradezco al Congreso Nacional, a todos sus miembros que han hecho posible que desde ahora Chile pueda mostrar al mundo un texto constitucional que lo hace participar plenamente de las naciones democráticas”.

Nuestras instituciones son firmes y han funcionado bien, su descrédito ante la opinión pública proviene más de palabras y actitudes de algunos de sus miembros, las que son destacadas por los medios, por sobre su acción y su trabajo, que aparecen a menudo en informaciones dispersas y sin títulos atractivos.

Es necesario tener cuidado con los juicios que se formulen sobre ellos, sobre todo cuando afectan a características de trascendencia creadas no solo por la ley, sino por la tradición, como la independencia del Poder Judicial, cuyas resoluciones pueden ser analizadas por la ciudadanía para que el Poder Judicial sepa lo que se espera de él, pero es inconveniente que sean analizadas y evaluadas por los otros Poderes del Estado, que frente a resoluciones que les parecen inadecuadas tengan la tentación de aplicar su iniciativa legislativa en la materia, pudiendo así dañar la principal garantía de la democracia y los derechos de las personas, que es la independencia del Poder Judicial, la que seguramente no apreciamos debidamente como tampoco lo hacemos con el aire que respiramos.

Nos corresponde enfrentar tiempos nuevos con nuevos desafíos para nuestra vida en sociedad que, por lo demás, se manifiestan en todo el mundo con las características propias de cada país.

El progreso de la ciencia y la tecnología han originado un cambio real en la vida política.

Los innumerables y eficaces medios de comunicación han logrado que las personas se informen y comuniquen con facilidad en todas partes del planeta y a la vez intercambien sus ideas y organicen reuniones y actos políticos con gran poder de convocatoria.

Lo anterior ha planteado problemas de consideración en la vida política, principalmente en la reglamentación de reuniones y actos públicos, en lo que es necesario, a la vez de garantizar el derecho de reunión, defender su ejercicio de los actos de violencia o delictuales.

Para ello resulta indispensable la creación de delitos de perturbación del ejercicio de los derechos constitucionales, entre ellos de reunión y prensa, y su reincidencia, con el fin de proteger a quienes ejerzan estos derechos y a las personas que viven o trabajen en sus cercanías.

Al mismo tiempo, la facilidad de las comunicaciones causa una repercusión considerable al Estado, a los partidos políticos e incluso a empresas privadas y personas con impacto social, todos los cuales están obligados a buscar la aprobación de la comunidad de sus métodos y fines, por la fuerza que esta tiene frente a las autoridades.

El escenario actual obliga a profundizar la democracia por medio de la transparencia y dar un mayor contenido a la cultura, para evitar que los adelantos tecnológicos sean usados demagógicamente por los perturbadores de la vida social y a veces al servicio de mezquinos intereses.

Los temas nuevos llevan necesariamente a la necesidad de proteger la democracia representativa, frecuentemente desprestigiada por las multitudes y sin solución de reemplazo, lo que vuelve más indispensable la formación ciudadana que lleve al respeto del orden y la ley.

En el inicio de abril de cada año se conmemora un aniversario más del vil asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz, muerto a tiros tras salir de hacer clases en la universidad en una emboscada de guerrilleros del Frente Manuel Rodríguez, el brazo armado que creó el Partido Comunista para combatir al régimen militar.

De los asesinos no hay ninguno en prisión y las informaciones oficiales dan cuenta que quienes ejecutaron al parlamentario al interior de su automóvil se hallan bajo el alero protector de la dictadura comunista de los hermanos Castro en Cuba.

Luego de la “revelación” de Raúl Castroen la Cumbre de la CELAC/UE en Santiago en cuanto a que “como no tenía idea de ello” iba a requerir información, días atrás viajó a La Habana nuestro canciller para conocer si las indagaciones de la inteligencia cubana había tenido algún éxito. Como era de esperarse, volvió con las manos vacías.

Esta historia de años de impunidad de los paramilitares comunistas chilenos tuvo, recientemente, un aliño muy amargo: el presidente del PC criollo, Guillermo Teillier le confesó al Suplemento El Semanal de La Tercera que él daba las órdenes para las acciones de los frentistas y justificó absolutamente el accionar criminal de sus disciplinados “combatientes”. Para efectos de seguridad personal se hacía llamar “Sebastián Larraín”.

Hoy, este profesor y ciudadano se guarece en el palacio de las libertades  -nuestro Congreso Nacional- para propiciar la desestabilización de la institucionalidad pero proclama, al mismo tiempo, que su partido es “enemigo de la violencia”, que es democrático y llama al orden a sus rebeldes y jóvenes caudillos   -Vallejo, Cariola y Ballesteros- para que se sumen a la causa de Bachelet, porque sólo bajo su paraguas podrían llegar a La Moneda y ejercer su poder camuflados entre quienes realmente aspiran a una vida anti-totalitaria.

Don “Sebastián Larraín” fue el encargado del desembarco de armas cubanas en Carrizal Bajo, de la muerte de varios escoltas de Pinochet en el Cajón del Maipo y de todos los ataques y asesinatos cometidos por el Frente.

Cuando los promotores del “NO” tantearon al PC para que adhiriese al bloque que mediante el plebiscito de 1988 perseguía el fin del régimen militar, “Sebastián Larraín” se abstuvo de participar, criticó la ingenuidad de creer que Pinochet se iría de perder en las urnas y les advirtió a sus invitantes que no había otra forma de sacarlo del poder que no fuese por la guerra armada.

En la aludida entrevista que “Sebastián Larraín” concedió a La Tercera criticó una antigua y conocida referencia hecha por Ricardo Lagos Escobar, quien aseguró que “a Pinochet se le derrotó con un lápiz y un voto”. Aunque así fue, hasta hoy el líder del PC no cree posible esa instancia y lo demuestra con el apoyo suyo y de sus camaradas a la actual rebelión armada en La Araucanía.

El PC ya está presente en la Cámara de Diputados y aspira a aumentar su bancada y acceder al Senado para tener mayor ingerencia en los contenidos de las leyes de un país ajeno al dogma y la doctrina comunista. Pero más grave aún es que un personaje tan tenebroso, pese a lo distinguido de su “chapa” (Sebastián Larraín), vaya a llegar a La Moneda y al gabinete ministerial como consorte de Michelle Bachelet y de sus súbditos del PS y el PPD.

Como ya pasó el tiempo de plaguicida para esta inocente paloma de la paz, sólo queda cruzar los dedos para que los políticos con convicciones, principios y valores que van quedando en el país no caigan en la trampa de llegar a acuerdo sólo por los votos y por recuperar el poder con este apóstol de la violencia, de la guerrilla y el clandestinaje, evitando poner en riesgo –otra vez- la estabilidad y el destino del país, tal como ocurrió en 1973.

Era previsible que este 2013 iba a ser un año “caliente” por la campaña presidencial, pero no parecía simple suponer que la izquierda caldeara el ambiente en forma tan inmediata y de modo tan encolerizado.

Todavía a meses de las definiciones de los candidatos para la pugna presidencial de noviembre, la Concertación inventó una acusación constitucional para destituir al ministro de Educación y, así,  ganarse las simpatías del “movimiento estudiantil”; los portuarios paralizaron el comercio naviero; los mineros   estatales -el sector más privilegiado del ámbito laboral- hicieron un paro nacional y los estudiantes en sólo quince días llevan ya dos marchas “culturales” con sus consabidos finales de violencia y destrucción.

Esta orquestación izquierdista coincide con la entrega del bono marzo, un subsidio a sectores vulnerables que beneficia a casi dos millones de familias, otro para  el arriendos de vivienda y con la inscripción para acceder a la propiedad habitacional de sectores de escasos recursos y de la clase media baja, antes jamás considerada. Además, se inició la demolición y/o reparación de departamentos de blocks comunitarios en mal estado para devolverle a la gente un sitio digno donde vivir.

Todas se tratan de acciones sociales que fueron prometidas y jamás materializadas por los gobiernos concertacionistas y muy especialmente por el de Bachelet. La reacción de quienes han quedado en vergüenza no se hizo esperar y, en un abrir y cerrar de ojos, el país es ahora protagonista de un ambiente caldeado y confrontacional por el afán de la izquierda de impedir que la ciudadanía aumente su adhesión al Gobierno.

La izquierda creyó que el oficialismo se limitaría a sacarle jugo a sus éxitos en cuanto a bienestar ciudadano y desarrollo económico, gracias a una histórica baja en el desempleo, pero La Moneda tenía previsto para la tierra derecha de su carrera poner énfasis en lo social y en aportes a los más necesitados, con lo cual le manchó el discurso a la  retórica opositora.

Aún así, el Gobierno no ha sido suficientemente hábil para transformar esta orquestada odiosidad de la izquierda en un boomerang para ella, puesto que la principal víctima es la misma gente que la oposición dice defender y cautelar.

En cuanto a exportaciones, al paralizar los puertos  -a causa de que en Mejillones no le daban media hora para almorzar a los trabajadores- no sólo se originó un perjuicio a los “ricos” empresarios del agro, pues también se puso en jaque el incumplimiento de llegada de los envíos al exterior con el lógico descrédito para la imagen del país. En los campos y plantas faenadoras se estuvo a punto de frenar las labores con el consiguiente despido de millares de temporeros que en esta época ahorran sus modestas ganancias para mantenerse el resto del año.

Respecto a las importaciones, muchos alimentos y materias primas llegan desde el exterior por su mejor precio y hasta elementales piezas para reparar un refrigerador o una cocina puede que no se encuentren en el mercado interno porque los trabajadores del puerto no atendieron el barco que las traía. Hasta los más modestos consumidores pudieron verse perjudicados en los días de paro en los terminales marítimos, situación que a los autores de esta maquinación política les importó un bledo.

A poco de haber recibido millonarios bonos por término de conflicto  -que a los mineros les permite adquirir vehículos de última generación y descansar en exclusivos sitios turísticos como Huilo Huilo-, todos los sindicatos de la cuprífera estatal acordaron un paro en protesta –muy novedosa- contra “la prepotencia de los jefes de Codelco”. Mejor que nadie, estos privilegiados trabajadores saben que el metal ha perdido ley, que descendió su precio en la Bolsa de Londres, que cada vez los costos de extracción son mayores y la producción menor y que los grandes compradores están poniendo sus ojos en otros mercados.

Sólo un día de ausencia de producción causó una pérdida de 35 millones de dólares que no repercutirá en La Moneda sino en las necesidades de todo el país (vieja es la frase que “el cobre es el sueldo de Chile”) y en los planes sociales que benefician a los que más requieren auxilio. Es decir, nuevamente la izquierda concertacionista apuntó a un blanco pero sus balas dieron en otros, entre ellos, su propia gente.

Nueve mil toneladas de cobre estuvieron a punto de no despacharse a China, la futura primera economía del mundo. Como informados dirigentes del cobre, nos imaginamos que sospecharán las eventuales consecuencias, y no sólo para sus rentas, si ese coloso industrial deja de comprar el metal a Chile por incumplimiento en las entregas.

En cuanto a los estudiantes ya nada se puede agregar, porque todo el país a partir de 2011 es testigo de su asquerosa instrumentalización. Sus violentas exigencias ya fueron escuchadas y atendidas por el Ejecutivo y el Legislativo. Pero para el PC, que de democracia sabe menos que de teología, ni siquiera una migaja será suficiente cuando se trata de aniquilar a instituciones que no encajan en su dogma totalitario. Así, no queda más que habituarse a este tipo de revueltas callejeras, a los repetitivos reclamos por “calidad y gratuidad”, a los encapuchados (que son alumnos y no infiltrados extraños al movimiento) e incluso sería hasta recomendable entregarle a la población un calendario de manifestaciones para que sepa a qué atenerse en sus desplazamientos rutinarios.

Como los promotores intelectuales de estos desórdenes nunca han  conocido el real concepto de libertad, ignoran que ésta deja de ser tal cuando se coarta la de otros. Los desvíos de tránsito, los “tacos”, los cierres de calles y las pedradas impiden a miles de chilenos ejercer su derecho constitucional de moverse sin restricciones.

De todas estas acciones, la más absurda evidencia de que se trata de una orquestación política fue lo obrado por la Cámara Baja en  contra de Harald Beyer. Al ministro de Educación, que presentó un proyecto contra el abuso en la propiedad de las universidades, que envió a la cárcel a un corrupto funcionario a cargo de las acreditaciones y que pidió la quiebra de una entidad privada se le acusó de… ¡no fiscalizar!  Varios expertos  -entre ellos un buen número de izquierdistas- advirtieron a los legisladores que el libelo no era legítimo, pero igual la oposición impuso su mayoría y el eufórico Osvaldo Andrade (PS) gritó “ya matamos a uno, ahora vamos por otro”…todo, claro, muy atingente a la educación.

Horas después, un abogado de oposición (Jorge Correa) descubrió que el texto acusatorio tenía trozos copiados de una instancia anterior y tres errores garrafales de forma, al considerar “como prueba” una ley ajena al Mineduc, de lo cual ningún acucioso parlamentario se percató antes de la votación. ¿Lo leyeron? Obvio que no, pues la idea sólo era infligirle una derrota al Gobierno y punto.

Viciado y todo, mal redactado y todo, el libelo fue debatido sin el menor rubor durante dos días por el Senado y, al margen del alboroto dirigido en las tribunas por su patrocinante, diputada Alejandra Sepúlveda, los honorables -a excepción del ex mirista Alejandro Navarro- dedicaron horas a sesudas y lateras reflexiones sobre el lucro, algunos izquierdistas apuntaron a Andrés Allamand  -ojo, a Allamand y no a Golborne-  y muy pocos destinaron minutos al objetivo del tema: la contradictoria inconstitucionalidad de la acusación constitucional…

Incluso, varios senadores concertacionistas disintieron entre ellos al afirmar algunos que ésta no fue una acusación política y otros, que sí lo fue. Daba lo mismo, porque el objetivo era que el Gobierno saborease la amarga derrota de la destitución de Beyer.

Y debió saborearla, ello al margen de dos coletazos laterales, uno al interior de la DC por el voto en contra de Patricio Walker, y otro por la decepción originada por el ahora ex amigo independiente del oficialismo, Carlos Bianchi, quien sucumbió a la presión de la efervescencia social y estudiantil en Magallanes, su zona.

De momento, la educación seguirá esperando: es harina de otro costal…

Todo seguirá siendo confrontación política y cada vez con más burbujas, porque la olla no está sobre fuego lento.

El triunfo electoral de Evo Morales en diciembre de 2005 no sólo llevó por primera vez a un líder indígena al poder en Bolivia, sino que también se convirtió en toda una victoria para Hugo Chávez. Desde entonces, ambos gobernantes forjaron una sólida y estratégica alianza.

El jefe de Estado boliviano fue el primero de una serie de aliados de Chávez que consiguieron llegar a la Presidencia en varios países de América Latina y seguir los pasos del “comandante”. Y también recibir sus petrodólares. Antes de que Evo Morales cumpliera sus primeros seis meses en el poder, Chávez visitó una zona cocalera y anunció una inversión de US$ 1.500 millones en proyectos gasíferos con la boliviana YPFB.

Y también una “ayuda” en la forma de 150 mil barriles mensuales de diésel. Según la prensa boliviana, el gobierno chavista entregó anualmente entre US$ 300 millones y US$ 500 millones a su par boliviano. Sólo para las Fuerzas Armadas del país altiplánico fueron entregados US$ 6 millones al año. “A mí me dijo el Presidente Chávez: le pongo plata y usted haga”, explicó Morales en 2007 respecto del manejo de los “fondos de cooperación” utilizados en su programa “Bolivia cumple, Evo cumple” para ir en ayuda de varios municipios y las FF.AA.

Un caso similar ocurrió con el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El histórico líder sandinista regresó al poder en 2007, en parte gracias al respaldo de Chávez. De hecho, apenas Ortega asumió, su amigo venezolano anunció la construcción de una refinería de petróleo en Nicaragua y que condonaría “sin condiciones” la deuda bilateral de este país, estimada en US$ 31,3 millones.

De acuerdo con los cables revelados por Wikileaks en 2010, la Nicaragua de Ortega ha sido financiada “por maletas llenas de dinero” de Chávez. Otro caso fue el de Rafael Correa. Aunque el Presidente ecuatoriano se desmarcó de Chávez en su campaña de 2006, luego copió el modelo chavista, como la implementación de una Asamblea Constituyente. En ese momento, Correa dijo tener “una amistad personal con el Presidente Chávez”.

Y como si fuera poco, el líder venezolano también se dio el lujo de ayudar a los Kirchner. Desde 2005 en adelante, Caracas compró títulos por US$ 6.340 millones. Pero hubo otros casos en los que el “abrazo” de Chávez terminó en un completo desastre. Le pasó a Ollanta Humala en 2006, quien en parte perdió en las elecciones de ese año por sus vínculos con Caracas. Y también al mexicano Andrés Manuel López Obrador.

El fallecido gobernante venezolano también estrechó vínculos con el paraguayo Fernando Lugo, a quien ayudó a llegar al poder. Y forjó una estrecha alianza con Luiz Inácio Lula da Silva.

Acicateado por la encuesta veraniega de la resucitada Adimark, que lo dio con una aprobación de un 38%, Sebastián Piñera apenas se impuso de la muerte de Hugo Chávez no vaciló en decretar duelo oficial durante tres días y embarcarse el viernes 9 en un vuelo de 19 horas ida y vuelta para asistir al faraónico funeral del deslenguado caudillo socialista, uno de los personajes más oscuros de la historia política latinoamericana.

Tanto pesar por la anunciada y jamás sabida fecha exacta de la muerte de Chávez hubiese tenido una justificación en el caso de un Presidente con lazos sinceros con Chile, con un sello político similar e incluso hasta con relaciones de amistad personal.

Pero nada de esto se dio en las relaciones de Chile y Venezuela con Chávez en el poder, incluso durante los gobiernos concertacionistas. Aún más, con  periodicidad, los dirigentes DC locales exigieron que la disidencia fuese escuchada y respetada y los observadores de nuestro país se atropellaron para desplazarse a Caracas a fiscalizar las siempre sospechosas elecciones políticas.

Tras el Golpe de Estado fallido que Chávez dio en 1992 viajó a Chile, donde ningún partido de la recién asumida Concertación lo tomó en cuenta, precisamente por su estigma de “golpista”.

Chávez, izquierdista confeso desde que era cadete militar y radicalizado tras conocer a los hermanos Castro, actuó siempre como un dictadorcillo, expropiando a su amaño, censurando sin discreción y fue despiadado con  la prensa adversa. Le cambió el nombre al país y modificó la Constitución de acuerdo a sus intereses, reservándose el uso personal de utilidades del petróleo, suma que no sólo le permitió darse una vida de millonario, sino regalar alimentos, viviendas, salud y educación a sus partidarios para consolidar una gigantesca adhesión.

Para quienes creen que el multitudinario adiós a Chávez fue producto de una identidad ideológica, hay que aclarar que la avalancha de dolientes no fue más que un masivo acto de gratitud hacia quien regaló bienestar con las millonarias utilidades del petróleo y el gas,  propiedad de todos los venezolanos. Para que sus beneficiados no lo olviden y lo adoren,  fue embalsamado y puesto en una urna de cristal en un “Museo Revolucionario”, al igual que Lenin, Mao y Ho Chi Min.

Con el respaldo del dinero de todos, hizo lo que se le dio en ganas, al punto que la Constitución que él mismo modificó ni siquiera la respetó en su agonía: por expresa orden suya antes de su viaje final a Cuba, pidió que sus compatriotas eligiesen a Nicolás Maduro  -un ex comunista y combatiente- como su inmediato sucesor en lugar de que asumiese interinamente, como lo instruye la Carta Magna, el titular de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Sus amigos, sus verdaderos y reales amigos, fueron los sanguinarios Fidel y Raúl Castro y los izquierdistas Daniel Ortega, Rafael Correa, José Mujica, Fernando Lugo, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Héctor Kirchner y Cristina Fernández. ¡Jamás Chile estuvo o entró a su círculo! Si bien no fue un vínculo beligerante entre ambos países, el diálogo fue neutro, frío y formal, fundamentalmente por la nula sensibilidad política y muy especialmente con la administración Piñera.

Para peor, Hugo Chávez, en su descontrolada oratoria, ofendió públicamente a Chile al tratar de pendejo a José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, quien por solidaridad socialista guardó silencio, pero el país rechazó la afrenta a un compatriota. Con posterioridad y en apoyo a Evo Morales, proclamó que su mayor deseo era darse un baño “en el mar boliviano” en claro apoyo a la demanda de los altiplánicos por recuperar océano con soberanía.

Venezuela con Chávez a la cabeza fue, y lo seguirá siendo no se sabe por cuánto tiempo, la cabeza de playa del fundamentalismo musulmán iraní en Latinoamérica y distribuyó   -por su discrecionalidad- los apoyos logísticos de este gigantesco productor de uranio a los países socialistas de la región y que nos rodean amenazantes.

¿Qué fue hacer Piñera al mediático sepelio  de un personaje que no fue amigo de Chile? ¿Por qué un adversario del socialismo hizo guardia de honor a un socialista radical? ¿Acaso se lo demandaba el protocolo?

Sabía y sabe nuestro Presidente que el país cobija  a una numerosa colectividad de venezolanos que escogieron esta tierra libre como refugio ante la cacería y la intolerancia de que eran víctimas por parte de Chávez. Por respeto a ellos, que trabajan o estudian codo a codo con chilenos, el Presidente debió abstenerse de ir a este machitún de la pandilla socialista latinoamericana.

Sacó aplausos por su “generosa presencia”  -a decir de Maduro-, pero ese elogio no se traducirá en un solo voto en la elección de noviembre próximo.

Todo lleva a la conclusión de que sólo viajó a pintar monos.

Evo Morales es como las lluvias altiplánicas provenientes de su país: sólo molestan y causan problemas. Su última “genialidad” fue exigir a Chileuna propuesta formal de salida al Océano Pacífico, demostrando su tremenda confusión de roles y sólo con el objetivo de exacerbar entre sus ciudadanos el  anti-chilenismo con miras a su reelección presidencial y de originarle dificultades a un Gobierno no afín al socialismo.

Nuevamente resulta necesario recordar el apremiante desafío de Ricardo Lagos Escobar a su colega boliviano Carlos Mesa en la Cumbre de Guadalajara, donde lo encaró para materializar un diálogo “aquí y ahora mismo…”. Naturalmente, las autoridades de La Paz jamás aceptaron el desafío.

La atrevida exigencia de Morales de que Chile le hiciera llegar una propuesta formal para su salida al mar no merecía ni siquiera una respuesta como se apresuró en darla el canciller Moreno, ya que sólo días antes, en la CELAC/UE, el Presidente Piñera lo reprendió en plena asamblea por plantear un tema ajeno a la agenda y le aclaró con voz firme que nuestro país no está dispuesto a cortar su territorio en dos para satisfacer su interés político.

Bolivia se rindió en la Guerra del Pacífico y casi 30 años después –no de rodillas ni con un arma puesta en el cuello- firmó el Tratado de 1904 en el cual renunció a los territorios conquistados con sangre por Chile y, aún más, solicitó y recibió compensaciones económicas y de bienes. Así y todo, igual quedó con una salida al Océano Pacífico al serle otorgado puerto y aduana en un sector costero de Arica para su comercio exterior.

Desde 1904 a la fecha, Bolivia tiene mar. Y, lo que es más relevante, su enclaustramiento territorial es una falacia, ya que ni siquiera ha hecho uso de las 150 hectáreas de borde costero que Perú le dio en concesión por 99 años al sur de Ilo y con una extensión de 15 kilómetros de litoral. Ese espacio se halla abandonado y sólo tiene una estructura metálica oxidada con una placa que dice “Boliviamar”. Sus gobiernos tampoco se han tomado la molestia de reaccionar  a los ofrecimientos de Brasil, Uruguay y Argentina de cederles salidas al Atlántico y Morales no muestra el menor interés en el corredor que une a Oruro con los dos Océanos que flanquean Sudamérica.

La de Bolivia es una estrategia política interna, acicateada por Cuba y sus amigos socialistas sudamericanos,  y con la obvia complicidad de Perú que siente a los altiplánicos como socios históricos y enemigos comunes de Chile.

Con el consabido doble standard de siempre, el gobierno peruano acordó una agenda de distensión con Chile a la espera del fallo del tribunal de La Haya. Pero, mientras tanto, “tiró el mantel” al revelar públicamente su apoyo a la demanda marítima de Morales, consciente de que el Tratado de Ancón establece claramente que si Chile quiere ceder un corredor a Bolivia por el territorio de nadie en la frontera norte debe ser con consulta y autorización de su país.

Sabe Morales que Chile ni su población están dispuestos a ceder un ápice de su territorio a Bolivia, a no ser que Perú dé su visto bueno. Pero mantiene su prédica en el desierto sólo con la finalidad de introducir una cuña en la víspera del fallo de La Haya y, específicamente, para crearle problemas a un gobierno que incomoda y desagrada a los buitres socialistas del entorno latinoamericano.

Hay que aprovechar esta majadería de Morales para “sacar al pizarrón” a los precandidatos y candidatos de la izquierda a La Moneda y que le digan de cara al país cuál es su postura frente a este tema. Estamos segurísimos de que ante un tema tan sensible y de especial sentimiento para la población puede originar inusitadas respuestas o significativos silencios que podrían derivar no sólo en baja en las encuestas, sino hasta en una resta en los tentadores votos.

De partida, es preciso poner acento en un hecho irrefutable: la reciente Cumbre CELAC/UE fue una más de las que de tiempo en tiempo se suelen organizar en diversos países del mundo y con un desembolso tremendo de dinero para los países que participan, sean grandes o chicos, ricos o pobres. Quizás, el único valor agregado a este tipo de encuentros es la gran visibilidad internacional de que goza  el anfitrión, pero a un costo gigantesco: 13 millones de dólares gastó Chile como organizador.

Como responsable de poner en escena esta Cumbre todo fue impecable por parte de la organización, excepto el mal ojo de elegir como sede de la asamblea el antejardín de uno de los sectores más vulnerables y “duros” de la periferia capitalina, como es y ha sido la combativa población La Pincoya.

Los desinformados de siempre, es decir, la mayoría de chilenos, se preguntaron cuál fue el milagro de llegar a tantos “acuerdos” en una instancia de diálogo brevísima. Lo cierto es que en ésta, como en todas las reuniones similares, las agendas llegan listas y sólo es cuestión de suscribirlas. El tiempo se estruja al máximo para materializar los encuentros bilaterales y citas de esta índole abundaron, pero también con temas “trabajados” de antemano.

Las conclusiones suelen ser las mismas: integración, entendimientos económicos, respeto a las inversiones, afianzamientos regionales y hacer más expeditas las operaciones de los mercados interfronteras. Sin embargo, en esta Cumbre específicamente no se puso el énfasis -como en otras- en el irrestricto respeto a los derechos humanos (de todos, sin distinciones) para no herir las sensibilidades de varios asistentes latinoamericanos.  La única categórica alusión a ellos podría interpretarse casi como una “intromisión extranjera”, cuando miembros del Parlamento Europeo  -que vinieron a darse su propio festín político- no sólo prescindieron de un homenaje al Padre de la Patria sino lo reemplazaron por una ofrenda a Salvador Allende, durante el cual “exigieron del gobierno chileno” respetar y poner atención a las demandas del pueblo mapuche…

El ex guerrillero sandinista Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, en su discurso oficial se remitió a saludar “al pueblo de Salvador Allende, de Pablo Neruda y de Víctor Jara”, concluyéndose que quienes no son afines a este trío de marxistas no son parte de nuestro pueblo.

Esta Cumbre pasará tristemente a la historia por ser la primera en que una mayoría de gobiernos democráticos y celosos de los derechos humanos entregó la presidencia de CELAC/UE a un dictador mal llamado Presidente y opresor de Cuba, la única “isla” ciento por ciento comunista de Latinoamérica. La toma de mando de Raúl Castro fue celebrada en La Habana como un triunfo para el régimen marxista.

Obviamente, en la isla caribeña no se difundió el cínico discurso de Castro al recibir el mando: al margen de ignorar el nombre de la entidad que le corresponde dirigir (se lo tuvieron que soplar), llamó a “respetar el Derecho Internacional”…y a la “preservación de los derechos humanos”…

El mundo, ése que quiere informarse para poder opinar, supo que el tirano pasó ocho horas enclaustrado en la residencia de la embajadora de su país en Santiago por el riesgo de participar en actos públicos y por la nula posibilidad de tener diálogos bilaterales, excepto una cena con la cúpula del PC criollo.

Al margen de su condición de asambleísta, Castro tuvo sólo un encuentro de carácter oficial: fue con el Presidente Piñera, quien “le representó” la inquietud de la UDI porque Cuba cobija y ampara a los asesinos de su fundador Jaime Guzmán. El tirano se comprometió a “hacer averiguaciones”, tras reconocer que “no tengo información de lo que me plantea”, aunque existe un antiguo exhorto de la justicia chilena del cual jamás hubo respuesta. Para mayor burla, desde La Haban se informó oficialmente que “Piñera no tocó el tema” con su Presidente…

Los conocedores del régimen castrista saben que la cúpula comunista jamás entregará a uno de los suyos, de tal modo que el promovido y difundido encuentro bilateral  Chile-Cuba no pasó de ser un simple trámite.

En los tiempos que corren, la cosecha de esta Cumbre más que una incógnita es probable que jamás vaya a producirse, por los problemas internos de la Unión Europea y por las grandes divisiones políticas existentes en Latinoamérica, con regímenes que en política, economía y valores apuntan en direcciones totalmente opuestas. Por ejemplo, Chile, Colombia, México y Perú ¿qué de común tienen con Cuba, Venezuela, Bolivia, Uruguay y Argentina? Nada.

El descamisado José Mujica, ex tupamaro y Presidente de Uruguay, fue el único en llegar a Chile en un vuelo comercial, pues él se encargó de liquidar la solitaria línea aérea de su país y rehusó utilizar una nave militar“por respeto al pasado”…Este campechano personaje hizo un dramático llamado a afianzar el apego madre/hijo “desde el útero mismo”, pero ignoró toda referencia a que su país está a punto de aprobar el matrimonio gay…

Evo Morales, quien astutamente hizo coincidir su llegada con la invasión a territorio nacional de tres efectivos armados de su Ejército, lució una casa con una visible imagen del Che Guevara, se dedicó a compartir más tiempo con la Cumbre paralela de Pueblos Latinoamericanos  -organizada por el PC-, calificó de inútil y estéril la CELAC/UE (¿a qué vino, entonces?) y se quiso lucir al insistir fuera de agenda  en una salida al mar para su país. Su falta de ubicación le costó una seca “parada de carro” por parte de Piñera.

La politización de esta Cumbre, activada por Cuba, Nicaragua, Venezuela(“nuestra gratitud a la revolucionaria hermana cubana”), Bolivia y Uruguay, hizo que ni la alemana Ángela Merkel -autora del segundo milagro alemán y que ha puesto a su país en un liderazgo mundial con el salvataje del resto de Europa-  ni el español Mariano Rajoy  -centroderechista heredero del desastre que originó el socialismo en la península- se quedasen en Chile para ser testigos de la transmisión del mando pro témpore a Raúl Castro.

Para mandatarios de países líderes del comercio mundial y grandes inversionistas en Latinoamérica ya fue poco soportable compartir con caudillos socialistas y adictos a las expropiaciones de capitales foráneos. Pero, de seguro, sus estómagos no les hubiesen permitido resistir la coronación de un asesino a cargo de una entidad en la que ellos están insertos.

Si le sorprende el calificativo de asesino, observe la foto adjunta donde se ve a Raúl Castro junto a su hermano Fidel y al Ché Guevara atando a un árbol a un “enemigo del comunismo” para fusilarlo.

Durante enero se produjeron dos hechos relevantes que, de alguna forma, reivindican el concepto de política. Hablamos de la buena política, de la de verdad.

Claudio Orrego Larraín ganó la primaria interna de la DC en un acto de gran convocatoria y seriedad, en tanto Andrés Allamand fue proclamado por RN para defender a la colectividad en la primaria de la Alianza.

Se trata de dos políticos formados como tales desde sus años de adolescentes y que han sido fieles a sus convicciones, gusten o no, discutibles o no. Los dos redimen a la política tradicional, aislándola de la politiquería pequeña e individualista que prevalece en quienes ocupan cargos de esta naturaleza. A ambos no es aplicable la definición del multifacético filósofo francés Jean D’Alembert, quien calificó a la política como “el arte de engañar a la gente”.

Desde que se orquestaron las “movilizaciones sociales” para poner en jaque la frágil autoridad del gobierno de Piñera, el recurso más utilizado por las masas vociferantes fue su aburrimiento de la política y que despreciaban  -y desprecian- a los políticos tradicionales. Sin embargo, esos mismos están listos y dispuestos a votar en las próximas elecciones presidenciales por dos de ellos: ¿qué más tradicionales pueden ser Michelle Bachelet y Marco Enríquez, formados desde jovencitos en familias políticas, en senos comunista y socialista, respectivamente? ¿Es o no un político tradicional José Antonio Gómez? De cuna marxista, miembro activo de las JJ.CC. y con una larga carrera en el PR.

En este ambiente generalizado de descalificar todo sin argumento que impera en la “nueva ciudadanía”, subsisten  -como ha ocurrido siempre- políticos idóneos, preparados, serios y trabajadores; el punto de inflexión radica en que son pocos pero marcan diferencias con quienes andan tras la caza de sórdidos arreglines por intereses parciales y, muchas veces, por beneficio personal. Son éstos los que alientan la inestabilidad institucional y la desvalorización humana.

Otro político tradicional, Ricardo Lagos Escobar, criticó hace poco el que se estuviera impulsando una asamblea constituyente “porque ello supone el fin del trabajo parlamentario de los mismos que la estimulan”, y con su ironía de siempre preguntó: “¿quieren cambiar la Constitución y no han sido capaces de cambiar el binominal?”

Todavía es posible, como lo decía el inglés Francis Bacón, “compatibilizar dos arduas tareas, como ser hombre político y hombre moral”. Y coincidentemente, Claudio Orrego y Andrés Allamand reflejan este concepto, porque durante toda su vida han sido coherentes y reflejo de sus convicciones. El DC, mientras estudiaba Derecho, se fue a vivir durante tres años a una población y allí forjó su interés por  el servicio público, el que pudo materializar a cargo de una de las comunas más representativas del Chile actual, donde sólo una calle separa a la extrema riqueza de la extrema pobreza. Instruido por asesores de Barack Obama e inagotable trabajador en terreno, en la primaria interna DC le ganó al prematuro entreguismo de su partido y lo puso de pie para pugnar dignamente en las primarias opositoras.

Andrés Allamand abandonó el colegio Saint George para matricularse en el Liceo Victorino Lastarria, desde donde llegó a dirigir la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) y combatir en las calles a la Unidad Popular. Luego fue presidente de la Juventud de RN, diputado y senador. Tal como lo dijo José Primo de Rivera en cuanto a que “no hay historia, Patria ni política si cambiamos nuestros principios cada vez que hay elecciones”, el ex ministro de Defensa no pocas veces se las ha jugado por representar de modo auténtico el sentir de la centroderecha respecto a la gestión de Piñera, advirtiendo que “un Gobierno no puede ser como el dentista que se pasa lavando las manos”.

Un nuevo estudio sobre la corrupción en Latinoamérica contiene algunas cifras alarmantes: un promedio del 20% de la gente de la región dice que un policía o algún otro funcionario público le ha pedido un soborno en los últimos doce meses, comparado con un 5% en Estados Unidos, y un 3% en Canadá.

La encuesta del Barómetro de las Américas, de la Universidad de Vanderbilt, muestra que en algunos países latinoamericanos como Haití, Bolivia y Ecuador, el número de personas que dice haber recibido un pedido de soborno el último año ha superado el 40%.

Esos tres campeones regionales de la corrupción están seguidos bastante de cerca por México, Perú y Honduras, donde el porcentaje de personas que dice que algún policía o empleado público les ha pedido un soborno es del 31%, el 28% y el 26%, respectivamente, según la encuesta realizada a 40.000 personas en 26 países.

Esta encuesta es uno de los mejores indicadores de la corrupción en los países porque, a diferencia de otras que miden la percepción de corrupción -preguntando a la gente cuánta corrupción hay en su país, algo que puede ser influenciado por los titulares del momento-, ésta mide los incidentes concretos de extorsión que las personas han sufrido en carne propia.

Entre los países que se encuentran en el medio de la tabla de las víctimas de corrupción están Argentina, donde alrededor del 20% dice que les han pedido pagar soborno en los últimos doce meses, Colombia (con el 16%) y Venezuela (con el 15%).

Sorprendentemente, entre los países que están por debajo del promedio regional de corrupción se encuentra Brasil, donde la presidenta Dilma Rousseff ha despedido a más de media docena de ministros por sospechas de corrupción, y donde un mega escándalo de corrupción gubernamental -que terminó con una condena de diez años de prisión contra el ex alto funcionario del partido de gobierno, Jose Dirceu- ha dominado los titulares de los últimos dos años.

Un porcentaje relativamente bajo de brasileños, el 11%, dice que les han pedido un soborno en los últimos doce meses, revela la encuesta. El país más honesto de Latinoamérica es Chile, donde sólo el 6% de la gente dice que le han pedido un soborno, señala el estudio.

Elizabeth J. Zechmaeister, una profesora de Vanderbilt a cargo de la encuesta que se realiza cada dos años, dijo que el porcentaje de víctimas de corrupción en la región subió en el 2012, pero que no es una tendencia uniforme en todos los países.

“Los que hicieron subir el promedio regional son Ecuador, Bolivia, Haití y Honduras”, dijo. “Pero en Brasil, México y Argentina vemos una disminución de las víctimas de sobornos”.

En Ecuador, las víctimas de sobornos se duplicaron en los últimos dos años, de 21% en el 2010 a 41% en el 2012. Inversamente, en Brasil la cifra cayó a la mitad, de 24% en el 2010 al actual 11% en el 2012.

¿Qué podemos aprender de estas cifras?, le pregunté a Ariel Armony, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami y socio del estudio de Vanderbilt.

“Lo que muestran las cifras es que cuando la gente piensa que las instituciones son corruptas, es más proclive a pagar y aceptar sobornos”, dijo. “Por otra parte, cuando la gente ve que el gobierno reprime la corrupción, como en Brasil, la gente se comporta de forma más honesta”.

No es una coincidencia que en momentos en que el gobierno de Brasil está reprimiendo la corrupción, el número de brasileños que fueron víctimas de sobornos se haya reducido a la mitad. Y no es una casualidad que Chile, que tiene instituciones fuertes, es el país latinoamericano con el menor número de experiencias de soborno.

Es cierto que hay muchas otras causas de corrupción, incluyendo el exceso de regulaciones gubernamentales y grandes burocracias. Cuantos más inspectores del gobierno hay, tantas más oportunidades existen de pedir sobornos.

Pero, en general, la corrupción empieza desde arriba, y se puede frenar desde arriba. No es un mal cultural o biológico, que no se pueda curar.

La buena noticia es que Brasil, el país más grande de la región, está dando un ejemplo al combatir la corrupción desde el gobierno, haciendo que sus instituciones -y la división de poderes- funcionen. ¡Sería buenísimo que todos los vecinos de Brasil siguieran sus pasos!